En
momentos de crisis
como el actual, es cuando con más crudeza se hace evidente
que el urbanismo y la economía de las ciudades deberían
ser solidarios y contribuir a un desarrollo urbano más compacto
y más integrador, es decir más sostenible y no segregador
o excluyente. La crisis, como es sabido es también oportunidad
por su carácter revelador.
Los ciudadanos descubren la perversidad de un modelo
urbanizador que disuelve la ciudad en las periferias y la
hace más exclusiva en las áreas centrales, que construye
viviendas pero los que las hacen no pueden adquirirlas o
se endeudan para toda la vida. El boom inmobiliario ha sido
promovido por una alianza impía entre el capitalismo
financiero que especula con el suelo primero y luego
ofrece créditos basura, el bloque "edilizio" (el ladrillero)
en el que confluyen propietarios de suelo, promotores y
constructores y la complicidad de los gobiernos
locales, regionales y nacionales, ya sea a través de
la permisividad urbanística, cuando no la propia iniciativa
urbanizadora directamente especulativa e indirectamente
por medio de las obras públicas y la desregulación del sector financiero.
El
resultado ha sido un modelo
urbanizador aparece hoy como
económicamente ruinoso para la colectividad como se
ha demostrado con la crisis, con la destrucción del capital
productivo y el empobrecimiento de la mayoría. El modelo
obviamente es socialmente injusto y excluyente pues
las áreas urbanizadas generan cada día más desigualdades
a lo que se ha añadido el hecho que la crisis ha afectado
especialmente a los sectores bajos y medios. No debería
dudarse hoy que también sea ambientalmente insostenible pues multiplica el despilfarro
de energía, agua y suelo y, a su vez, no genera en las periferias
nuevos espacios públicos y socializantes, mientras que si
aumenta la contaminación y la congestión en las áreas centrales.
En cuarto lugar es políticamente no democrático por dos razones.
La primera es relativa a la democracia formal, las decisiones
sobre el territorio son opacas, intervienen diversidad de
agentes públicos y privados, la opacidad facilita la corrupción,
los ciudadanos solamente pueden reaccionar a posteriori
y casi siempre asimétricamente puesto no tienen en frente
una institución que sea plenamente responsable. La segunda
razón es relativa a la democracia real o material, es decir
a las políticas públicas que en teoría deberían servir para
que los derechos de todos sean ejercitables, es decir satisfechos
como el derecho a la vivienda, a la movilidad, a la centralidad,
etc. Y en quinto lugar nos encontramos con un modelo culturalmente miserable, la ciudad tiende a disolverse, las áreas
centrales se especializan, los sectores que más necesitan
de la ciudad y de sus ofertas, los jóvenes, las clases populares,
los inmigrantes, tienden a concentrarse
en guetos, en urbanizaciones aisladas o en barrios degradados,
las sociedades urbanas se anomizan, se atomizan, se tribalizan
y las poderes políticos y mediáticos difunden la idelogía
del miedo, excitan las demandas de hiperseguridad y aplican
normas punitivas que atacan directamente al uso colectivo
de los espacios públicos.
El
derecho a la vivienda es actualmente doblemente
negado. Por una parte nos encontramos en el caso de España
con una enorme contingente de decenas de miles de
viviendas recién construidas vacías o inacabadas
a la vez que se expulsan a miles de ciudadanos de sus viviendas
a medio pagar (manteniendo además la deuda con la excusa
de que se ha desvalorizado el precio). Por otra la política
de suelo, o la nula o mala política de suelo, ha favorecido
la producción de viviendas no integradas a la ciudad. Si
falta accesibilidad y centralidad, equipamientos y espacios
públicos, participación política y entorno socio-cultural
mixto, pueden haber viviendas, pero no se puede ejercer
de ciudadano.
En
Cataluña en un período de crisis,
distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano
municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas
de construcción. No creemos que ahora se pueda repetir esta
hazaña pero aceptando las limitaciones que impone el marco
europeo y español seguro que algo más se podría hacer. Comprar
las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución
de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar
a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano,
etc. como medidas urgentes y coyunturales. Y también es
el momento de plantear iniciativas que se opongan a las
dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que
ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística
para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida
y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías
urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras
segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública
hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo
en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.
Sin
embargo tanto el gobierno
español como el catalán tienden con su pasividad el
primero y sus iniciativas reaccionarias el segundo a agravar
los problemas. Del gobierno de España poco se puede esperar:
en manos de un socialismo descafeinado y perplejo, inoperante
cuando no cómplice, con vocación de perdedor y sometido
a las decisiones de Alemania (el principal país europeo
que posee la deuda, mientras España es el primer país deudor)
y a los vaivenes especulativos de los mercados financieros.
Y
el gobierno catalán peor. Citamos un fragmento
de un artículo titulado "La
ley ómnibus y la vivienda" publicado en el El País
del 14 de junio del 2011 firmado por dos expertos reconocidos
en políticas públicas de Vivienda: la exdiputada y abogada
Dolors Clavell, relatora de la ley del Derecho a la Vivienda,
y el economista Ricard Fernández exsecretario general de
Vivienda del gobierno catalán. "Nos preocupan especialmente
disposiciones que favorecerán los riesgos siguientes: reducciones
en las reservas de suelo para promover vivienda asequible,
adjudicación libre -con muy probable dinero negro- de pisos
protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación
espacial para las clases menos favorecidas, pérdida del
control público sobre los pisos turísticos, abandono de
la política de consecución de un parque estable y prestigiado
de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificación de
este tipo de vivienda, desatención a la rehabilitación como
sector clave en la salida de la crisis, reducción de la
vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables,
desactivación de la planificación sectorial, etc."
El
proyecto de ley que va a aprobar el actual gobierno de Cataluña afecta entre otras a la ley del Derecho a la
vivienda (una ley más moderada que las leyes promovidas
por la socialdemocracia en otros países europeos); a partes
importantes de la legislación urbanística (que en su mayoría
fueron aprobadas durante los gobiernos centristas anteriores);
y la ley de barrios (que ha permitido en los últimos 6 años
realizar actuaciones rehabilitadoras exitosas en más de
un centenar de barrrios).
Como
pueden ver España, Cataluña y Barcelona que desde el inicio
de la democracia hace más de treinta años han sido territorios
de experiencias muchas veces consideradas modélicas hoy
pueden servir de ejemplos negativos. Afortunadamente ha
emergido una impresionante movilización ciudadana, mayoritariamente
joven, que bajo el lema de "indignados" han ocupado plazas y calles. Y que han optado
ante la crisis, por su carácter revelador,
denunciando a los bancos y a sus cómplices políticos,
haciendo que el reclamo del derecho a la vivienda y al trabajo
estén muy presentes.
JB y MM
Veáse
al articulo de JB "El desorden establecido"
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