> AÑO 3 - Junio 2011
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Editorial
El derecho a la vivienda: un derecho traicionado I Por Jordi Borja y Miguel Mayorga


En momentos de crisis como el actual, es cuando con más crudeza se hace evidente que el urbanismo y la economía de las ciudades deberían ser solidarios y contribuir a un desarrollo urbano más compacto y más integrador, es decir más sostenible y no segregador o excluyente. La crisis, como es sabido es también oportunidad por su carácter revelador. Los ciudadanos descubren la perversidad de un modelo urbanizador que disuelve la ciudad en las periferias y la hace más exclusiva en las áreas centrales, que construye viviendas pero los que las hacen no pueden adquirirlas o se endeudan para toda la vida. El boom inmobiliario ha sido promovido por una alianza impía entre el capitalismo financiero que especula con el suelo primero y luego ofrece créditos basura, el bloque "edilizio" (el ladrillero) en el que confluyen propietarios de suelo, promotores y constructores y la complicidad de los gobiernos locales, regionales y nacionales, ya sea a través de la permisividad urbanística, cuando no la propia iniciativa urbanizadora directamente especulativa e indirectamente por medio de las obras públicas y  la desregulación del sector financiero. 

El resultado ha sido un modelo urbanizador aparece hoy como económicamente ruinoso para la colectividad como se ha demostrado con la crisis, con la destrucción del capital productivo y el empobrecimiento de la mayoría. El modelo obviamente es socialmente injusto y excluyente pues las áreas urbanizadas generan cada día más desigualdades a lo que se ha añadido el hecho que la crisis ha afectado especialmente a los sectores bajos y medios. No debería dudarse hoy que también sea ambientalmente  insostenible pues multiplica el despilfarro de energía, agua y suelo y, a su vez, no genera en las periferias nuevos espacios públicos y socializantes, mientras que si aumenta la contaminación y la congestión en las áreas centrales. En cuarto lugar es políticamente no democrático por dos razones. La primera es relativa a la democracia formal, las decisiones sobre el territorio son opacas, intervienen diversidad de agentes públicos y privados, la opacidad facilita la corrupción, los ciudadanos solamente pueden reaccionar a posteriori y casi siempre asimétricamente puesto no tienen en frente una institución que sea plenamente responsable. La segunda razón es relativa a la democracia real o material, es decir a las políticas públicas que en teoría deberían servir para que los derechos de todos sean ejercitables, es decir satisfechos como el derecho a la vivienda, a la movilidad, a la centralidad, etc. Y en quinto lugar nos encontramos con un modelo culturalmente miserable, la ciudad tiende a disolverse, las áreas centrales se especializan, los sectores que más necesitan de la ciudad y de sus ofertas, los jóvenes, las clases populares, los inmigrantes, tienden a concentrarse  en guetos,  en urbanizaciones aisladas o en barrios degradados, las sociedades urbanas se anomizan, se atomizan, se tribalizan y las poderes políticos y mediáticos difunden la idelogía del miedo, excitan las demandas de hiperseguridad y aplican normas punitivas que atacan directamente al uso colectivo de los espacios públicos.

El derecho a la vivienda es actualmente doblemente negado. Por una parte nos encontramos en el caso de España con una enorme contingente de decenas de miles de  viviendas recién construidas vacías o inacabadas a la vez que se expulsan a miles de ciudadanos de sus viviendas a medio pagar (manteniendo además la deuda con la excusa de que se ha desvalorizado el precio). Por otra la política de suelo, o la nula o mala política de suelo, ha favorecido la producción de viviendas no integradas a la ciudad. Si falta accesibilidad y centralidad, equipamientos y espacios públicos, participación política y entorno socio-cultural mixto, pueden haber viviendas, pero no se puede ejercer de ciudadano.

En Cataluña en un período de crisis,  distinta a la actual ciertamente, el gobierno republicano municipalizó el suelo urbano y colectivizó las empresas de construcción. No creemos que ahora se pueda repetir esta hazaña pero aceptando las limitaciones que impone el marco europeo y español seguro que algo más se podría hacer. Comprar  las hipotecas, imponer moratorias, prohibir la distribución de beneficios o dividendos al sistema financiero, obligar a dar créditos al tejido empresarial pequeño o mediano, etc. como medidas urgentes y coyunturales. Y también es el momento de plantear iniciativas que se opongan a las dinámicas especulativas que han propiciado la burbuja que ahora ha explotado: reformar la legislación urbanística para que imponga por lo menos un 60% de vivienda protegida y un 20% de vivienda social, recuperar el 90% de las plusvalías urbanas, penalizar fuertemente las operaciones urbanizadoras segregadas de la ciudad compacta, crear una banca pública hipotecaria, impulsar un programa de transporte colectivo en detrimento del crecimiento urbanizador de la red viaria.

Sin embargo tanto el gobierno español como el catalán tienden con su pasividad el primero y sus iniciativas reaccionarias el segundo a agravar los problemas. Del gobierno de España poco se puede esperar: en manos de un socialismo descafeinado y perplejo, inoperante cuando no cómplice, con vocación de perdedor y sometido a las decisiones de Alemania (el principal país europeo que posee la deuda, mientras España es el primer país deudor) y a los vaivenes especulativos de los mercados financieros.

Y el gobierno catalán peor. Citamos un fragmento de un artículo titulado "La ley ómnibus y la vivienda" publicado en el El País del 14 de junio del 2011 firmado por dos expertos reconocidos en políticas públicas de Vivienda: la exdiputada y abogada Dolors Clavell, relatora de la ley del Derecho a la Vivienda, y el economista Ricard Fernández exsecretario general de Vivienda del gobierno catalán. "Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecerán los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicación libre -con muy probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación espacial para las clases menos favorecidas, pérdida del control público sobre los pisos turísticos, abandono de la política de consecución de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades  formales y temporales a la descalificación de este tipo de vivienda, desatención a la rehabilitación como sector clave en la salida de la crisis, reducción de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivación de la planificación sectorial, etc."

El proyecto de ley que va a aprobar el actual gobierno de Cataluña  afecta entre otras a la ley del Derecho a la vivienda (una ley más moderada que las leyes promovidas por la socialdemocracia en otros países europeos); a partes importantes de la legislación urbanística (que en su mayoría fueron aprobadas durante los gobiernos centristas anteriores); y la ley de barrios (que ha permitido en los últimos 6 años realizar actuaciones rehabilitadoras exitosas en más de un centenar de barrrios).

Como pueden ver España, Cataluña y Barcelona que desde el inicio de la democracia  hace más de treinta años han sido territorios de experiencias muchas veces consideradas modélicas hoy pueden servir de ejemplos negativos. Afortunadamente ha emergido una impresionante movilización ciudadana, mayoritariamente joven, que bajo el lema de "indignados" han ocupado plazas y calles. Y que han optado ante la crisis, por su carácter revelador, denunciando a los bancos y a sus cómplices políticos, haciendo que el reclamo del derecho a la vivienda y al trabajo estén muy presentes.  

 JB y MM

Veáse al articulo de JB "El desorden establecido" >

 > EN ESTE NÚMERO:
> Editorial
> El derecho a la vivienda como derecho social: implicaciones constitucionales
> La política de vivienda en España en el contexto europeo
> Derecho a la Vivienda y a la Ciudad en América Latina
> El Pla Territorial Sectorial d'Habitatge (PTSH)
> Contra la segregación urbana y por la cohesión social: la Ley de barrios de Cataluña
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