*Texto traducido del catalán, de la introducción al "Anuari Territorial de Catalunya (2008-09)"
de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori SCOT (2010).

El Anuario de 2007, desde su introducción a cargo de Josep Mª Llop hasta las conclusiones y reflexiones que se derivaban del conjunto de su contenido, ya anunciaba lo que hoy es un hecho evidente a pesar de la dificultad de muchos responsables políticos para entenderlo.

Las pautas urbanizadoras de las últimas décadas, especialmente de los últimos 20 años, no se pueden mantener. Económicamente inviables, como se ha verificado con la crisis actual, en la que el círculo vicioso formado por el capitalismo especulativo global, la complicidad de la urbanización permisiva local y estatal y el boom inmobiliario de una oferta indiferente a la demanda social real, pero estimulado por las hipotecas fáciles, ha provocado una crisis financiera que ha repercutido directamente en el endeudamiento público, en la economía productiva y el capital fijo del territorio, en el empleo y en las economías familiares. Unas pautas ambientalmente insostenibles como se iba anunciando desde hace años, por el despilfarro del suelo y del paisaje, del agua y de la energía y los efectos derivados sobre la contaminación, el calentamiento del planeta, etc. Pautas urbanizadoras socialmente desintegradoras, que han agravado las desigualdades de las poblaciones urbanas y las exclusiones territoriales. Un modelo de urbanización políticamente no democrático pues genera impotencia de los gobiernos locales/regionales y que no permite que se desarrollen políticas públicas integradoras y reequilibradoras, ni una dialéctica simétrica y positiva entre instituciones territoriales y movimientos sociales. Un modelo culturalmente miserable en su dimensión cívica, que convierte el territorio construido en mercancía, que estimula la corrupción pública y la codicia privada, que tiende a convertir a los ciudadanos en clientes, más individualistas que solidarios.

La crisis actual la tenemos y para bastante tiempo. Pero de poco sirve lamentarse, aunque sea para culpar al "sistema" abstracto con el argumento falaz que si no cambia todo nada puede cambiar. Todavía sirve menos reaccionar, como la gran mayoría de gobiernos occidentales, con el objetivo de realimentar el sistema anterior mediante transferencias de dinero público al mercado financiero privado. Se impone desarrollar el análisis crítico en unos momentos en que se manifiestan abiertamente las contradicciones de lo que podríamos llamar "modelo capitalista especulativo global" que ha hecho de la urbanización local la base de un proceso de acumulación que malbarata el territorio, desestructura la sociedad y deslegitima la política. Esta crítica evidentemente se tiene que completar con propuestas de urbanismo alternativo, de reformas legales e institucionales y de movilizaciones sociales, como expondremos más adelante. Nos encontramos en un cambio de época, en un periodo que según cómo se resuelva, el país y su gente serán más o menos ciudadanos. Ciudadanía o barbarie.

 

Por primera vez no podemos decir, desde un país pequeño como Cataluña, desde los gobiernos locales y desde los sectores vinculados a la gestión y defensa del territorio, que sufrimos los efectos de unas dinámicas globales que causan los desajustes que se convierten en crisis de los recursos públicos, de las inversiones privadas, del empleo y de las políticas de bienestar. No podemos conformarnos en esta explicación pues en los ámbitos territoriales locales han intervenido factores y actores que han generado también estas dinámicas perversas. Las pautas de urbanización que se han producido en Cataluña y en el conjunto del Estado tienen que ver, por acción o por omisión, con el comportamiento del gobierno a todos niveles y de los agentes actuantes en el ámbito local (financieros, promotores y constructores, sectores profesionales) y con la complicidad de medios de comunicación. En los ámbitos territoriales de proximidad, en nuestro caso Cataluña y sus pueblos y ciudades, se han materializado las dinámicas urbanizadoras en buena parte factores causales de la crisis actual. Es en estos ámbitos que hay que resistir, que se pueden contrarrestar las dinámicas perversas con alternativas urbanísticas que priorizan la compacidad de las áreas urbanas, la mezcla de poblaciones y de funciones, la austeridad en el uso de los recursos ambientales, la adecuación de las instituciones en los ámbitos adecuados a las políticas publicas, la difusión de valores morales en el conjunto de la sociedad que denuncien la corrupción, el abuso de poder, las informaciones privilegiadas, los privilegios públicos o privados, los gastos particulares a cargo del dinero público, las comisiones dudosas, los beneficios no derivados del trabajo o de la iniciativa emprendedora. Las responsabilidades políticas van más allá de las penales.

El momento actual, de cambio de época, permite entender mejor los factores que nos han traído hasta aquí y crea condiciones favorables para la recepción social de las propuestas críticas y alternativas. Es un momento que exige por parte de los intelectuales en general y especialmente por parte de los profesionales, investigadores y activistas sociales vinculados al territorio un compromiso político, no en sentido institucional o partidario, sino convirtiendo los criterios éticos propios de sus especialidades o conocimientos, en objetivos políticos, sean o no compartidos por las autoridades.

 

 

Cataluña, la democracia territorial imperfecta

Vivimos en un territorio urbanizado, dicho de otra manera casi la totalidad de la población vive en áreas urbanas o tiene formas de vida propias de las ciudades. Por territorio urbanizado entendemos lo que proporciona teóricamente el conjunto de bienes y servicios que configuran la ciudadanía a la población que reside o puede acceder fácilmente.

La paradoja es que si bien lo que antes eran áreas rurales hoy en muchos casos disfrutan de condiciones de vida urbanas, otras partes del territorio a menudo de urbanización reciente, están relativamente excluidas. La acelerada difusión de la urbanización en los últimos 20 años ha generado enclaves diversos y dispersos, fragmentos que no forman parte de un todo, tipologías banales que no transmiten ningún sentido de identidad, accesibilidad limitada, homogeneidad garantizada, hipotecas esclavizadoras. Estos enclaves, cuando se trata de zonas residenciales de clases altas, suponen un coste por el territorio, debido a las infraestructuras y a la movilidad que generan, pero permiten a los residentes acceder fácilmente a los lugares de la ciudad que les interese. Pero la gran mayoría son áreas de residencia popular o de clases medias. En estos casos no sólo hay despilfarro del territorio, también una "capitis diminutio" ciudadana, se trata de formas de vida suburbana excluyentes. Hoy, más que distinguir población urbana y rural, hace falta distinguir entre urbana y suburbana.

La difusión suburbana ha supuesto un uso depredador del territorio que difícilmente se recuperará, o en todo caso hará falta mucho tiempo. Una difusión que directa o indirectamente afecta en gran parte del territorio y a la gran mayoría de la población. Como las zonas litorales y prelitorales (la ley de protección del litoral a duras penas ha salvado el 5% del territorio), las zonas urbanizadas de montaña o pre-montaña con un grado de ocupación real muy bajo (poco más de 15 días en la Cerdanya) y obviamente las segundas o terceras periferias de las zonas metropolitanas (Barcelona, Gerona-Empordà-Costa Brava, Campo de Tarragona).

Esta difusión no sólo se debe a políticas que superan el ámbito local y autonómico, como créditos e hipotecas de bajo interés, o la apropiación privada de las plusvalías que facilitan las recalificaciones y generan la corrupción. También hay una responsabilidad en Cataluña. La debilidad del planeamiento territorial de entrada: aunque las tres cuartas partes del suelo está planeado, falta capacidad de gestión y como más local es el planeamiento, más débiles son los ayuntamientos para resistir a las presiones inmobiliarias. Y sobre todo la política de infraestructuras, que gobiernen unos u otros, siempre funciona al servicio de la urbanización difusa y la multiplicación de los costes ambientales debidos a la obligada movilidad con vehículos particulares. El primer ministro de la vivienda del franquismo, el falangista Arrese, dijo que pretendía convertir a los proletarios en propietarios. Con la democracia hemos ido más lejos todavía: propietarios inmobiliarios por partida doble (residencia secundaría y a veces terciaria), como más atomizados mejor en el territorio y destinados a pasar tanto tiempo yendo de un sitio al otro en el coche (de nuevo propietarios) como trabajando o durmiendo.

El resultado es lo que hemos llamado una democracia territorial imperfecta, multiplicadora de exclusiones sociales debidas a la fragmentación del territorio, que prioriza las inversiones públicas al servicio de las infraestructuras que precisamente promueve la difusión, que aumenta las desigualdades en el territorio pues una parte creciente de la población no puede acceder fácilmente a las ofertas de las ciudades compactas y heterogéneas.

 

Es sorprendente que en un país como Cataluña, con una importante tradición cultural de planeamiento territorial y con un gobierno autonómico con competencias importantes en urbanismo y vivienda se haya producido este despilfarro del territorio. Ciertamente las ciudades compactas han mejorado mucho, pero la misma dinámica del mercado del suelo y de la vivienda que genera la difusión suburbana provoca la progresiva exclusión de los sectores populares de las áreas centrales, las que tienden a la gentrificación. Los jóvenes se tienen que marchar hacia la vivienda de las periferias. Y también la gente mayor que trabaja, que está jubilada o prejubilada, que deja, vende (si es propietaria) o deja a sus hijos, el piso en zonas urbanas compactas para ir a vivir a una modesta segunda residencia, a menudo lejos de cualquier núcleo de vida urbana (las encuestas del Instituto de Estudios Metropolitanos lo demuestran).

El principal reto cultural y técnico del urbanismo hoy se cómo actuar en las áreas suburbanas. En la ciudad compacta sabemos como intervenir mediante políticas integrales de vivienda (protegida y social en gran parte), equipamientos y espacios públicos, transporte colectivo, nuevas centralidades y mezcla de actividades y residencia. Falta, sin embargo, a menudo la voluntad política y muchas veces se hace el contrario de lo que se tiene que hacer (ver recientemente el caso de Ciutat Vella y los hoteles). Una de las escasas iniciativas legislativas que pretendía reducir las dinámicas excluyentes del mercado en las ciudades compactas, el proyecto de ley del derecho a la vivienda, se devaluó considerablemente por la alianza impía socio-vergente, la complicidad del resto y fue seguramente uno de los factores que provocó el cese del consejero impulsor de la ley. La llave fue modificar el artículo que establecía altos porcentajes de vivienda protegida y social en cualquier promoción inmobiliaria. Se añadió que solamente se aplicaría a las operaciones de más de 2000 viviendas, es decir de facto quedaban excluidas las promociones en las ciudades compactas que muy excepcionalmente llegan a este número. Y las que podían superar esta cifra, tenían el recurso de fragmentarla.

Es muy interesante y lógico, cómo se han multiplicado el número y la calidad de las plataformas de defensa del territorio y de los barrios. Se han aproximado los colectivos sociales con reivindicaciones urbanas clásicas (viviendas, equipamientos, transportes, etc.) con los movimientos nombrados ecologistas, del ¡Aquí No! se ha evolucionado hacia planteamientos más integrales y con más capacidad de negociación.

 

El gobierno del territorio o la inflación institucional

Cataluña está organizada territorialmente en municipios, comarcas y provincias. El estatuto establece también que tiene que haber veguerías. Todo junto es evidentemente un exceso y |por si no fuera ya bastante absurdo, la mayor parte de estas entidades territoriales son poco adecuadas a las funciones de representación y de gestión que tendrían que ejercer. La crisis actual nos ofrece una oportunidad de racionalizar y reducir este maremagnum. Pero desgraciadamente ésta no parece ser la voluntad de los legisladores.

En Cataluña hay 948 municipios. La gran mayoría, 739, no llegan a 5.000 habitantes, es decir difícilmente tienen medios para ejercer correctamente sus competencias y las demandas locales de los habitantes. Municipios medios, de 5.000 a 20.000 habitantes, son 143. Las diferencias entre ellos son muy grandes, pues cambia mucho estar situado cerca de una ciudad grande, o formar parte de una región metropolitana, que ser un centro local rodeado de pequeños municipios. Finalmente lo que podemos llamar ciudades (relativamente) grandes, las de más de 20.000 habitantes, son 63. Son las que tienen una masa crítica suficiente, pero no siempre, para ejercer las competencias propias. Este panorama nos indica que el mapa local funcional se tendría que organizar en torno a un centenar de entidades supramunicipales.

Son interesantes los ejemplos de Francia (aglomeraciones urbanas y metropolitanas) y del Reino Unido (gobierno dual de Gran Londres y gobiernos unitarios - fusión de condado y municipio- a otras grandes ciudades como Manchester, Birmingham y Glasgow). En el caso de Inglaterra las 8 regiones son ámbitos de planeamiento territorial y promoción económica compartidos pero cuando se puso a consulta popular en la región del Noreste la creación de una nueva entidad política, fue rechazada.

Los municipios en Cataluña son políticamente intocables: su historia ha creado un fuerte sentimiento identitario y la legitimación de la institución para el sufragio universal lo ha reforzado. Pero el minifundismo municipal es hoy disfuncional, la gran mayoría de los municipios, por su ámbito y sus recursos no pueden ejercer las competencias que tienen y todavía menos la capacidad para asumir las nuevas, como haría falta. Es urgente promover un proceso de cooperación municipal que mantuviera los municipios como entidades de representación pero que las principales competencias se ejercieran en un ámbito supramunicipal. Esta entidad se podría elegir conjuntamente con los ayuntamientos, los cuales mantendrían competencias propias y otras por delegación (de ejecución o gestión, de control y de colaboración, etc.), según su capacidad. El mapa local al que se llegaría tendría aproximadamente un centenar de agrupaciones o municipalías (según el estudio de Lluis Casassas y Joaquim Clus, de finales de los años 70).

Las actuales 41 comarcas no son ni chicha ni limonada. Demasiado grandes para hacer de entidades locales de base, demasiado pequeñas para servir de ámbito de planeamiento territorial. Es decir, las comarcas sobran. Se ha mitificado la división territorial republicana que estableció las "comarcas" reproduciendo el mapa de los partidos judiciales y como ámbito de delegación de la Generalitat, no como entidad local.

El nuevo Estatuto tuvo la ocurrencia de establecer las veguerías como entidades intermedias entre la Generalitat y los municipios. Y ahora un anteproyecto de ley quiere instaurarlas (ya veremos si llega a completar el trámite parlamentario). El empache de historia provoca este tipo de fantasías. Las regiones (o veguerías) de la Generalitat republicana se pensaron como ámbito de planeamiento del gobierno de Cataluña, nada más. Las veguerías (otro absurdo, un nombre anacrónico que originariamente se derivaba del cargo del "veguer", el representante del rey, una especie de gobernador civil) como entidades locales son innecesarias y difícilmente sustituirán a las provincias que están protegidas por la Constitución. Aunque fuera así, crear 7 u 8 entidades territoriales según un esquema uniformista, no parece acertado. La Región metropolitana de Barcelona o las Tierras del Ebro pueden requerir una entidad específica pero no similar.



Las regiones o veguerías pueden ser un ámbito para las delegaciones de la Generalitat (como ocurre actualmente) y de coordinación entre la Generalitat y los municipios. Pero no una nueva entidad local. La única propuesta sensata del "anteproyecto de ley de veguerías" es la creación de la "Comisión de coordinación territorial" (art. 21) con este objetivo. Pero querer crear entidades intermedias, con capital, cargos políticos nuevos, burocracia propia, etc. es un despropósito, que creará problemas evitables (por ejemplo sobre la ciudad capital) y hará más pesado el gobierno del territorio. Si se aprueba el citado anteproyecto será un caso clamoroso de inflación institucional y de irritación general. Las provincias seguramente son prescindibles y como ámbito del Estado sería mejor que fueran una comunidad autónoma uniprovincial. En la medida en que no son necesarias, pero que tampoco son suprimibles, hoy por hoy mejor 4 que 7 u 8. O 12, si sumamos las 4 provincias y las proyectadas veguerías.

La organización del territorio de Cataluña se tiene que basar en la Generalitat y sus delegaciones, si hace falta, y una sola entidad local - los municipios, agrupados en mancomunidades o municipalías (electas), similares a las "aglomeraciones urbanas" francesas o un intermedio entre los gobiernos unitarios y duales ingleses, mediante un proceso voluntario debidamente estimulado por el gobierno de la Generalitat con competencias y recursos. Sería una solución racional, austera y eficiente que  a la vez respeta la historia y los sentimientos colectivos.

El caso de Barcelona como ciudad metropolitana merece un tratamiento específico y es objeto de un proyecto de ley aprobado por el gobierno. A diferencia del anteproyecto de ley de veguerías en este caso se trata de un proyecto serio al que solamente hay que criticar que llega 50 años tarde y por lo tanto está desfasado. Sería injusto no reconocer que representa un avance importante al establecer las bases de un urbanismo común para la aglomeración barcelonesa, la ciudad central y la primera corona. Pero no se trata de un área metropolitana como se consideraba a principios de los años 50 y que la realidad ya había superado diez años después, cuándo se definió como área metropolitana la región 1 de la República más el Alt Penedés y el Garraf. La aglomeración actual mal denominada "área metropolitana" es una ciudad plurimunicipal, con una extensión inferior al municipio de Madrid (600 km2 Madrid y 500 km² la ciudad metropolitana barcelonesa) y una densidad de población similar. Denominarla “área metropolitana” crea confusión. Las competencias propias de las regiones (término más adecuado que áreas) metropolitanas como son los transportes (la Autoridad única del transporte ya es de ámbito regional), las infraestructuras de comunicación, las zonas de desarrollo, etc. se sitúan en un ámbito mucho mayor.

La "ciudad metropolitana" plurimunicipal, el antiguo territorio de la CMB (Corporación Metropolitana), compacta pero desigual, tiene que tener competencias propias de ciudad, vivienda y programas sociales, seguridad ciudadana, oferta cultural, etc. y un presupuesto potente por desarrollar políticas de reequilibrio territorial y de reducción de las desigualdades sociales. Incluso no son suficientes las competencias urbanísticas de planeamiento como establece el proyecto de ley. Hace falta que haya una competencia de definir proyectos integrales, de nuevas centralidades, de equipamientos de alcance plurimunicipal, de operaciones de hacer ciudad sobre la ciudad. Tiene que tener ingresos propios suficientes. Lo cual presupone un gobierno metropolitano de base electiva.

 

El derecho a la ciudad en Cataluña.

Cataluña es un territorio-ciudad o de ciudades muy relacionadas unas con otras. La gran mayoría de la población vive en poblaciones de más de 20.000 habitantes. Y el resto, excepto algunos núcleos rurales lejanos de los centros urbanos, vive en regiones urbanizadas y practica las formas de vida propias de las ciudades. Ahora bien, el acceso al conjunto de bienes y servicios, las posibilidades de elección y las potencialidades de progreso son muy diferentes. Hay una correlación entre la desigualdad social y las condiciones de vida que ofrece el territorio. Las políticas públicas tienen que tender a igualar estas condiciones para contribuir a reducir las desigualdades sociales. No se trata de homogeneizar el territorio pero sí de ofrecer una calidad de vida similar. O mejor dicho: cuanto menos ingresos tenga la población y más déficits el territorio, más calidad tiene que tener el entorno.

El derecho a la ciudad es un concepto integral que incluye derechos urbanos o territoriales como la vivienda, la movilidad, la centralidad, la visibilidad, la calidad del espacio público, etc. considerados como un todo. Es decir si faltan algunos de estos derechos los que se poseen se devalúan. A los derechos urbanos hay que añadir derechos de carácter social, económico y cultural (educación y formación continuada, empleo y salario ciudadano o renta básica, reconocimiento de la identidad cultural individual y colectiva, etc.) y los derechos de carácter político (igualdad político-jurídica de todos los residentes o ciudadanía de residencia no únicamente de nacionalidad, gobiernos elegidos adaptados en los ámbitos territoriales de toma de decisiones, mecanismos de participación al alcance de todos los ciudadanos y acceso real a todos los documentos de las administraciones públicas, etc.). El derecho a la ciudad es hoy un concepto clave para definir la calidad de las políticas públicas de la democracia.

El urbanismo nació sobre la base de dos principios fundamentales: ordenar el funcionamiento del territorio en beneficio de todos y promover normas y actuaciones con efectos de reforma social, y especialmente de mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y reducir las desigualdades sociales y territoriales. A partir de estos principios hace falta concretar las políticas territoriales y específicamente las urbanísticas.

Algunos criterios estratégicos parecen consensuables, por lo menos en el ámbito cultural y profesional. Nos limitaremos a proponer tres:

a) Entender el territorio como una red de ciudades articuladas mediante ejes marcados por la geografía física y humana como valles, llanuras, litoral o definidos por las infraestructuras. Estos ejes tienen que garantizar una movilidad mediante principalmente el transporte colectivo. Las ciudades tendrán que priorizar el crecimiento compacto. Los espacios intermedios no edificados en torno a los ejes se preservarán como espacios de ocio y de protección del medio, o de uso agrícola o como reservas de suelo público para usos a definir en el futuro.

b) La política de suelo y vivienda se adecuará a los objetivos citados. El planeamiento y la fiscalidad tendrán que impedir o penalizar las promociones inmobiliarias dispersas o cerradas y orientará el crecimiento compacto, multifuncional y generador de nuevas centralidades. Para evitar las dinámicas especulativas y corruptas se creará un fondo de suelo público a partir del suelo rústico. Si el suelo rústico privado se convierte en urbanizable las plusvalías revertirán al sector público, lo cual le permitirá constituir el fondo. Las promociones inmobiliarias, públicas o privadas tendrán que incluir un alto porcentaje de vivienda protegida y social y de alquiler, la mitad del cual, por lo menos, será protegido o social. Más adelante concretaremos estas propuestas.

c) Las infraestructuras de comunicación, energía y agua y las grandes promociones inmobiliarias tendrán que presentar un plan estratégico a presentar a corto plazo que defina un programa ejecutable en los próximos 5 años como máximo destinado a garantizar la sostenibilidad de las actuales y de las nuevas actuaciones, priorizando las energías renovables y la reutilización de los recursos y el ahorro, tanto en el proceso de producción y distribución, como en el consumo.

 

Como es obvio, se trata de evitar los efectos perversos de políticas bien intencionadas pero sectoriales o insuficientes. ¿De qué sirve crear buenos espacios públicos sin una política de vivienda? ¿O planificar racionalmente el territorio si al mismo tiempo las políticas de obras públicas favorecen el crecimiento disperso y difuso? Vivimos en una economía de capitalismo especulativo y corruptor que convierte en mercancía los bienes que por su naturaleza son comunes o de acceso universal. El mercado aplicado al desarrollo de la ciudad, sea haciendo ciudad sobre la ciudad o por crecimiento periférico o en zonas distanciadas de la urbanización, multiplica los desequilibrios territoriales, las desigualdades sociales y la insostenibilidad del mantenimiento y cohesión del medio físico y social. Los criterios estratégicos que proponemos son hacer del territorio un asunto común y de las ciudades el marco de la ciudadanía, de las personas libres e iguales en derechos y deberes.

Dialéctica entre el pensamiento y la acción.

La ordenación del territorio y el urbanismo son disciplinas de intervención sobre el territorio, han nacido y se han desarrollado vinculadas en la práctica, lo cual no quiere decir despreciar la búsqueda y la conceptualización teórica. Al contrario, hay momentos como el actual en que la función crítica de los intelectuales y profesionales y la elaboración de propuestas alternativas se convierte en una cuestión urgente. Es necesario y es oportuno, como indicábamos al inicio. La crisis actual ha creado condiciones de receptividad social a la crítica de las pautas de urbanización promovidas por el capitalismo especulativo y depredador. Se ha revalorado culturalmente la economía productiva y se ha constatado los efectos nefastos a medio plazo de la degradación del capital fijo del territorio y del desprecio a las habilidades sociales acumuladas históricamente. La corrupción generada por la degeneración urbana representada por una economía del territorio que convierte bienes básicos y comunes en mercancía ha pervertido la política. Se necesitan nuevas políticas, nuevas normas, nuevas instituciones y nuevo personal. La propuesta de alternativas hoy no es ya una posición exclusiva de minorías ideológicas radicales o de movimientos resistencialistas locales. La crisis de la economía, el despilfarro del territorio y la devaluación de las instituciones políticas hoy afectan a una parte importante de la población.

Sin embargo aparecen operaciones de diversión y de "naturalización", algunas corresponden a estrategias conscientes y otras a la debilidad de los responsables políticos. Se mitifica la competitividad como un valor absoluto, cuando en todo caso es muy relativo e interesa a algunas actividades, pero no al conjunto del territorio y de las ciudades. Se argumenta que hay que seguir las indicaciones de los "mercados" cuando se trata de intereses del capitalismo financiero global que se mueve únicamente por criterios especulativos. Se nos quiere distraer con la amenaza de una guerra (ahora, como no se suficiente Irak y Afganistán, toca Irán, y se apoya la agresión continuada de Israel contra palestinos e incluso contra los que les dan ayuda humanitaria en su territorio). Se practican campañas de intoxicación de la opinión pública que fácilmente se convierten en "predicciones creadoras".

 

En España el Gobierno primero negó la crisis, después anunció que ya había brotes verdes (invisibles) que anunciaban la reactivación, acto seguido nos aseguraba que el sistema financiero es de los más sólidos del mundo lo cual no evitó que se multiplicara la deuda pública debida a las transferencias que tiene que hacer a bancos y cajas. ¡Y para acabar nos ha infligido un ajuste económico a costa de los salarios y de las pensiones! El Gobierno ha evitado totalmente sacar consecuencias de la crisis y de sus causas y solamente pretende volver a la situación anterior. "Si aquellas aguas trajeron estos lodos, las mismas aguas volverán a traer estos lodos" (cómo decía Juan de Mairena de Antonio Machado). El resultado son políticas que penalizan a la economía productiva y la inversión pública y que empobrecen a los sectores sociales de ingresos bajos y medios. Una política económicamente y social regresiva.

 

Se buscan chivos expiatorios, aunque eso suponga jugar con el fuego. Como el tema de la "burka". Es un paso más, y el más delicado, en la escalada de "criminalización" de colectivos sociales. Primero se facilitó la identificación de los musulmanes y de los procedentes de países árabes o de la región con el "terrorismo global" inventado por el gobierno de Bush. Y se ha practicado a escala local la "represión preventiva". Después se ha "satanizado" su religión destacando los aspectos más rechazables o simplemente más diferenciados. Los oratorios (no son mezquitas) se han tenido que instalar venciendo muchas resistencias administrativas y sociales en zonas periféricas a menudo poco habitadas (polígonos industriales), en locales muy poco adecuados. Se ha hecho de estos colectivos de inmigrantes, especialmente vulnerables de entrada como resultado de morbos históricos, un chivo expiatorio de todos los males posibles. Se tiende así a fracturar en el presente las zonas sociales populares donde conviven autóctonos e inmigrantes y se crean condiciones que pueden generar en el futuro verdaderos progromos. Por cierto, sería bueno eliminar la palabra inmigrante cuando nos referimos a personas residentes estables. Fueron inmigrantes, ahora son o tienen que poder ser ciudadanos de Cataluña. Si el Estado se laico y por lo tanto los ámbitos institucionales lo son, que lo sean para todo el mundo. Y si ir con la cara más o menos cubierta genera inseguridad en el espacio público (realmente se así?) que se aplique a todo el mundo. Y si hay iglesias católicas en los pueblos y ciudades también puede haber oratorios. Esta política represiva de la diferencia no sólo es discriminatoria, también tiene efectos contrarios a lo que pretende. Las mujeres que quieren o necesitan llevar burka quedarán más recluidas en casa. Y los que son más religiosos se harán más fanáticos. Y los jóvenes, excluidos socialmente, buscarán su identidad asumiendo los aspectos más radicales y conflictivos de la religión y de las costumbres que a menudo sus padres ya habían dejado.

Los llamados inmigrantes son las primeras víctimas de la crisis: el porcentaje del paro es tres o cuatro veces mayor que en la población autóctona, son el ejército de reserva de mano de obra. Y también parecen destinados a ser las primeras víctimas de reacciones sociales desviadas por parte de políticos irresponsables y de algunos medios de comunicación. No todos, hay que destacar positivamente algunos programas de TV3, como “Un sol món”, pero no alguna pseudo encuesta del programa de las mañanas. A pesar de todo hay que reconocer que muchos ayuntamientos y la mayoría de la población catalana manifiestan una actitud tolerante y a menudo solidaria.

Pero no sólo los inmigrantes son los destinatarios de la represión preventiva. Las normas de civismo, a partir de la lamentable iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona (2006) han sido seguidas por muchos otros ayuntamientos. Unas normas que a menudo sirven más para criminalizar barrios y colectivos sociales (jóvenes especialmente) y también se utilizan para multiplicar espacios públicos vigilados y legalizar una práctica de "represión preventiva" en estos espacios. E incluso estimula a los inmigrantes a denunciarse los unos a los otros con la vaga promesa de que facilitarán la "regularización" de los denunciadores.

 

El Ayuntamiento de Barcelona se puede atribuir el penoso privilegio de estas normas y también de perversión de la participación ciudadana, su Plan de barrios (no confundir con la positiva Ley de barrios de la Generalitat) que inventa 73 barrios y nombra en cada uno de ellos a un "consejero de participación" y un "técnico de participación", no se otra cosa que crear una barrera entre las instituciones y las entidades y movimientos ciudadanos. Una manera de crear 146 "agentes electorales" de partido en cada barrio. Por cierto con poco éxito si tenemos en cuenta las encuestas y la consulta sobre la Diagonal.

Ahora la prioridad no es la "participación" si la entendemos como la existencia de organismos o procedimientos (ejemplo la fallida consulta ciudadana de la Diagonal) establecidos por las administraciones para avalar sus políticas. Pueden ser útiles en muchos casos si se demuestra que pueden influir en las políticas públicas, pero no es la cuestión más importante. Los hábitos de la "partitocracia" hacen muy difícil el desarrollo de una participación transformadora de las actuales dinámicas depredadoras, excluyentes insostenibles si primero no se desarrolla una crítica social e intelectual y unos movimientos cívicos de resistencia y con alternativas agregadoras de demandas y cambios. Pero hay diversos instrumentos y procedimientos que pueden dar juego si hay colectivos con iniciativa movilizadora. La consulta popular, si se propone desde un barrio, puede obtener un resultado muy diferente del caso de la Diagonal. El derecho de iniciativa puede permitir un debate público en el marco de la institución, por ejemplo el Consejo plenario municipal, que llegue a la ciudadanía. En el caso de Barcelona se puede promover una campaña por la elección de los Consejos de Distrito con la posibilidad de que se presenten candidaturas independientes, o apoyadas por entidades, con la posibilidad de incluir residentes de origen inmigrante. En cambio los Consejos de Ciudad con representantes de la "sociedad civil", previa selección del Ayuntamiento que controla su funcionamiento, en general solamente sirven para crear un consenso pasivo ficticio.

Es un momento histórico que exige un compromiso de los profesionales que trabajan sobre y en el territorio. Y una responsabilidad de los activistas sociales o ecológicos de superar su especificidad vinculada a una temática y a un territorio para ir más allá y contribuir a definir reivindicaciones y objetivos más integradores.

 

 

La ordenación del territorio es política, el urbanismo es política.

 

Nuestras disciplinas tratan de materias políticas, ciudadanas. Existen si ocurren políticas públicas. ¿En nombre de qué los planificadores pueden tomar decisiones que condicionarán fuertemente la vida de los ciudadanos? Obviamente las decisiones finales las toman responsables políticos elegidos pero la decisión la preparan, la legitiman y la ejecutan profesionales. Y no siempre tienen en cuenta aquello que la cultura acumulada sobre ordenación del territorio y urbanismo nos dice sobre los resultados de determinadas políticas públicas y actuaciones privadas. En estos últimos 20 años en Cataluña, quizás menos que otras zonas de España, muchos profesionales han sido cómplices de prácticas que sabían que a medio plazo provocarían un desastre y que a corto plazo era evidente que aumentaban las desigualdades sociales y la insostenibilidad territorial. Nuestra disciplina tiene que tener un contenido ético para legitimar su práctica: ordenar el funcionamiento del territorio al servicio de todos y contribuir al desarrollo de reforma social que mejoren las condiciones de vida y la integración ciudadana de los sectores menos favorecidos. Los profesionales además tienen una responsabilidad de crítica en relación a los responsables políticos, aunque sean sus clientes o sus superiores en la administración. Cuando éstos toman decisiones que no tienen efectos positivos sobre el funcionamiento del territorio y el progreso social, tienen que explicitar aunque hayan sido elegidos, ciertas actuaciones que no tienen legitimidad democrática, pues las instituciones no son democráticas solamente por el hecho de ser elegidas, sino también por el contenido de sus políticas públicas.

No hay una solución "técnica", hay opciones políticas que se ejecutan mediante los conocimientos parciales de los profesionales, influenciados por sus valores y prejuicios, sus intereses y sus dependencias. La solución técnica, derivada de la decisión política, será condicionada por el marco legal y financiero, la capacidad de presión de grupos económicos, mediáticos o corporativos, las reacciones sociales. En último término, por acción u omisión, la ordenación del territorio y el urbanismo resultan de las políticas públicas o de las iniciativas privadas apoyadas o toleradas por las administraciones públicas. Pero cuando estas políticas han fallado solamente la movilización de la sociedad civil como "sociedad política" puede crear una fuerza que las modifique en profundidad. Los cambios de políticas públicas no nacerán de las instituciones, pero éstas, debidamente reformadas, podrán desarrollarlas si una fuerza suficiente las empuja, genera un consenso activo en una parte significativa de la sociedad. Lo cual supone una fusión entre el pensamiento y la práctica, pensamiento y práctica que radica a la vez en los sectores profesionales o intelectuales y en los movimientos sociales. No por separado, unos el pensamiento y otros la práctica, sino fusionados, como fue el caso con la "nueva cultura del agua", cuando la lucha nacida en las tierras del Ebro o en la influencia política de los movimientos ciudadanos o de barrio en los años 70. Ahora no es solamente una cuestión de un tema o de un territorio, son el conjunto de temáticas de todo el territorio, de toda Cataluña, de todas las ciudades catalanas. Esta fusión dialéctica entre el pensamiento y la acción solamente se puede producir si hay ideas que orienten la acción y si se produce movilización social que las concreten.

 

 

Líneaspara desarrollar una nueva cultura del territorio

 

Para acabar proponemos algunas líneas de acción en forma de bloques temáticos (entre otros posibles) que incluyen a la vez ideas y prácticas sociales.

 

A.     El suelo y la vivienda. Crítica a la consideración del suelo urbanizable como propiedad privada. Medidas de reversión en el sector público del suelo potencialmente urbanizable a precio de rústico o recuperación del 90% de las plusvalías urbanas. Medidas fiscales que permitan recuperar por parte del sector público suelo expectante o viviendas disponibles. Las promociones inmobiliarias tendrán que ofrecer entre un 30% y un 45% de vivienda protegida y entre un 15% y un 20% de vivienda social. El 50% como mínimo de las promociones de vivienda serán de alquiler y su precio se regulará periódicamente en función de los sueldos de la población demandante. El sector público asumirá las hipotecas morosas y las gestionará según criterios de justicia social, garantizando en todo caso la disponibilidad de una vivienda por núcleo familiar y respetando los ahorros adelantados por los sujetos de las hipotecas. Se reformará urgentemente la ley del derecho en la vivienda para recuperar sus objetivos iniciales.

 

B.     Urbanismo integrador y ciudad compacta. El planeamiento urbanístico impondrá como regla habitual la prioridad a las actuaciones en la ciudad compacta (hacer ciudad sobre la ciudad, en zonas poco densas o en proceso de reconversión) o en continuidad con la ciudad construida. Las sanciones políticas, profesionales y morales para operaciones especulativas que comporten actuaciones ilegales se aplicarán a todos los que hayan actuado en el proceso, con independencia de que exista o no una responsabilidad penal. La crítica intelectual al urbanismo insostenible y fragmentado, a la arquitectura, ostentosa, gratuita y servil que no genera espacio público y a los proyectos cerrados y excluyentes, formará parte del código ético de los profesionales y legitimará la acción directa de los movimientos sociales. El derecho a la movilidad se concretará en medida que garantice el acceso de todo el mundo a los núcleos centrales de la zona urbana en la que vivan y a las zonas de trabajo y de equipamientos. Por ejemplo: cualquier habitante de una región metropolitana tendrá un transporte público adecuado a los criterios citados en menos de 300m. de su residencia. Los ámbitos de planeamiento se adecuarán a las entidades territoriales con capacidad ejecutiva y con legitimidad electiva según los criterios indicados en el punto sobre el gobierno del territorio.

 

C. Economía productiva, capital fijo del territorio y distribución de la renta. Las políticas urbanas y territoriales tendrán como objetivo el desarrollo de la economía productiva y el mantenimiento y modernización del capital fija, de las habilidades sociales y del perfil sociocultural y paisajístico de la región objeto de planeamiento. El criterio de la competitividad se sustituirá por la productividad, la especificidad productiva, la optimización de los recursos propios y la calidad de vida. Se impondrán condiciones a las inversiones que reciban alguna forma de ayuda pública que garanticen la continuidad de la actividad y no se permitirá que distribuyan beneficios si plantean reducción de personal o morosidad en los pagos. Se denunciarán los beneficios especulativos, el reparto de dividendos a los accionistas cuando reciban ayudas públicas especiales y los sueldos, ventajas y privilegios escandalosos de los directivos del sector financiero y de las grandes empresas. Se propondrá fijar un sueldo máximo como ahora está el sueldo mínimo y se establecerá una forma de salario ciudadano que garantice un ingreso básico en periodos de desempleo o de formación continuada.

D. La seguridad integral contra la política del miedo. En los últimos años vivimos en ciudades y zonas urbanizadas donde se ha instalado la política del miedo, de la vigilancia obsesiva y de la represión preventiva en los espacios públicos que conduce a una privatización y exclusión de facto de colectivos sociales considerados peligrosos o "que no gusta ver a muchos ciudadanos" (como se escribió al presentar las normas de civismo" de Barcelona). La multiplicación de urbanizaciones cerradas expresan el afán de distinción y la neurosis de la hiperseguridad y se refuerzan mutuamente. La política del miedo tiene efectos perversos sobre la vida urbana. La ciudad se fragmenta entre zonas vigiladas y zonas criminalizadas. En las periferias se crean barrios cerrados o excluidos, socialmente homogéneos que niegan la calidad ciudadana que es la convivencia entre gente diferente y acceso fácil a los bienes y servicios urbanos. La vigilancia y la represión en el espacio público se aplica arbitrariamente y penaliza principalmente a los sectores vulnerables, a las minorías diferentes y a los colectivos considerados por el poder como conflictivos. Las normas de civismo que han aprobado muchos gobiernos locales demuestran cómo la ideología excluyente e intolerante propia de la extrema derecha ha contaminado a gobiernos democráticos incluso teóricamente de izquierdas.

Ciertamente el urbanismo tiene que contribuir a crear ambientes seguros y convivenciales, pero éstos son el resultado de un conjunto de políticas como: la calidad del espacio público; los conjuntos residenciales dignos integrados en la ciudad y dotados de servicios públicos adecuados; la mixtura de poblaciones y actividades; los programas de prevención con respecto a los grupos de riesgo o "predelictivos"; la policía y la justicia de proximidad vinculadas a programas sociales integradores.

Es una paradoja que, según muchos medios de comunicación y encuestas de opinión, la mayoría de ciudadanos de nuestro país y de los países europeos occidentales consideren la inseguridad de las calles como uno de los principales problemas. Estas ciudades son las más seguras del mundo y nunca en la historia de la humanidad ha habido territorios más seguros en este aspecto. Se trata de una psicopatología colectiva creada por unas operaciones político-mediáticas interesadas. Sí que hay inseguridad, sobre el empleo y las pensiones, sobre la vivienda y el futuro de las jóvenes generaciones, sobre cómo pagar hipotecas y créditos, sobre la salud pública amenazada por la contaminación y el calentamiento de la tierra. La manipulación de la opinión pública ha transferido estas inseguridades a la calle, al miedo al espacio público, a la habitual pequeña delincuencia urbana y a la supuesta amenaza de que representan a ciertos colectivos sociales y étnicos. Denunciar la política del miedo es una de las principales obligaciones de los sectores culturales y de los movimientos ciudadanos.

 

E. Servicios universales y tendencias privatizadores. Los servicios universales son aquellos que abastecen a todos los ciudadanos de los bienes y servicios básicos para su vida en la ciudad. Los 4 bienes clásicos: aire, agua, energía y suelo, ahora tenemos que decir vivienda. Y otros como el transporte y las comunicaciones, la educación y la formación permanente, la salud pública y la sanidad, la protección social, etc. La ciudadanía es incompleta si una parte de los ciudadanos no puede acceder adecuadamente a estos bienes y sirve, bien porque éstos no son suficientes y no llegan materialmente a todo el mundo o a todas partes, o bien porque no pueden acceder por falta de recursos, por exclusión administrativa o por falta de información. En nuestras ciudades funcionan relativamente bien muchos de estos servicios, pero no todos (por ex la vivienda) o no para todo el mundo (por ex para gran parte de la población llegada de otros países).

Queremos, sin embargo, destacar la tendencia que hay en la privatización creciente de los servicios. En algunos casos viene de lejos: el agua y la energía están gestionadas por empresas privadas que tienen la concesión desde hace muchos años. En otros es más reciente, como la telefonía y las telecomunicaciones en general. En otros es parcial pero especialmente preocupante: la enseñanza, la asistencia sanitaria, la seguridad. Si consideramos que la ordenación del territorio y el urbanismo se ocupan de crear condiciones de bienestar en el territorio, la recuperación de la competencia pública sobre estos bienes y servicios es una cuestión primordial. La privatización convierte el servicio en mercancía y en una sociedad desigual esto significa si no inmediatamente sí a medio plazo, que se generará una fractura social integral, pues ahora ya pasa con la vivienda, las comunicaciones, la educación, etc.

La difusión, fragmentación y segregación urbanas y la existencia de barrios degradados y zonas marginales se refuerzan mutuamente con el déficit de servicios públicos o de interés general, teóricamente universales pero que de facto no son plenamente accesibles a sectores de la población.

F. Inmigración: entre la exclusión y la ciudadanía. Ya hemos dicho que no es adecuado el término "inmigración" aunque en ocasiones lo utilizamos para facilitar la comprensión. Y también para expresar la contradicción entre el hecho de residir, trabajar, disponer de una vivienda estable, pagar impuestos y estar sometidos a las mismas normas y tener los mismos deberes como es el caso de los residentes legales y en cambio no tener los mismos derechos socio-económicos y culturales y todavía menos los político-jurídicos. Derechos que les corresponderían según el principio de que los "ciudadanos, los que conviven en el mismo territorio y están sometidos a las mismas leyes tienen que disfrutar de los mismos derechos" (Kelsen, poco susceptible de ser un radical). Tampoco podemos olvidar que las ciudades son y siempre han sido un refugio y ahora lo son para los "sin papeles", una hipócrita reserva de mano de obra que debido a la precariedad legal que le impone la administración pública tiene que aceptar los peores trabajos y además mal pagados o sobrevivir como puede cuando no los tiene. Es evidente que un Estado democrático, que recibe una inmigración que necesita, tiene que regularizar periódicamente a la población que ha iniciado un proceso de arraigo o que viene por reagrupación familiar. Y no hay ninguna razón que justifique la capitis diminutio de derechos (es decir restricción de derechos civiles, políticos y sociales) que afecta a los residentes legales.

Los Ayuntamientos en teoría tienen que dar los mismos servicios a todos los residentes que estén empadronados pero en la práctica a menudo los restringen bien por falta de recursos o por miedo a las reacciones sociales "autóctonas". Además la población inmigrante a menudo recibe, o percibe, amenazas difusas, se siente siempre en situación precaria incluso cuando tiene residencia legal, y tiene por lo tanto una débil o nula capacidad de exigir sus derechos o simplemente de hacerse escuchar. Son relativamente frecuentes los casos en que administraciones o servicios públicos practican o toleran formas indirectas de exclusión. Por ejemplo poniendo condiciones que los inmigrantes no pueden satisfacer, como muchos años de residencia en el municipio, o permitiendo el mobbing o las fianzas y avales muy superiores a los legales para alquilar una vivienda.

La existencia de barrios que son ocupados masivamente por población de origen inmigrante es evidentemente un tema de política social urbana. ¿Estos barrios son especialmente problemáticos? ¿Se tiene que impedir que se constituyan o si ya existen procurar dispersar parcialmente la población recientemente llegada? ¿O se tiene que gestionar su existencia y procurar optimizar su especificidad?

 

Una fuerte presencia de población "inmigrante" repercute en la convivencia con los autóctonos y representa un plus de demandas sociales que pueden ir en detrimento de los "autóctonos" (por ejemplo saturación de los centros de asistencia sanitaria, obtención de becas limitadas de comedor escolar, etc.). Pero es un fenómeno difícilmente evitable pues los recientes llegados van a vivir donde tienen familia o conocidos, que representan un apoyo inicial (empadronamiento, información) y con los que pueden establecer más fácilmente formas de ayuda mutua. La primera generación tenderá pues a constituir zonas con un contenido "étnico" significativo, mientras que las siguientes, si hay movilidad social e integración mediante la educación, se repartirá más en el territorio. Hay que prever una dotación de servicios y programas sociales superiores en estas zonas. Y convertir el "problema" en ventaja. Las "comunidades étnicas" tienden a la autorregulación y al organizarse generan representantes con los que se puede negociar. Estos cuasi-guetos pueden ser también un medio de integración si se saben gestionar. Incluso pueden convertirse en zonas atractivas para otros ciudadanos si tienen un carácter propio y una oferta diferente en una parte de la ciudad muy banal, degradada o marginal. Como sucede con los "chinatowns", los barrios "latinos", etc.

Ya nos hemos referido a las políticas y reacciones sociales que acentúan la exclusión, de carácter discriminatorio y que legitiman la xenofobia y el racismo, como la resistencia a admitir oratorios en las zonas urbanas habitadas o la reciente prohibición de la burka por parte de ayuntamientos seguidores de propuestas de la extrema derecha. Hay muchas otras formas de exclusión como el acoso que a menudo practican la policía de todo tipo con respecto a personas que solamente les delata su aspecto, la persecución de los vendedores ambulantes en lugar de dar una salida positiva a su derecho de sobrevivir o las dificultades administrativas para utilizar los equipamientos y servicios sociales, culturales o de un centro recreativo. Se practican a menudo políticas locales que hay que considerar contrarias a la cohesión social y al acceso a la ciudadanía.

La integración de los residentes de origen inmigrante no se puede resolver de forma eficaz y justa si se mantiene su estatus de ciudadanía limitado y precario, es decir que se vincule la ciudadanía plena a la nacionalidad. La solución no depende de la política territorial pero ésta tiene que gestionar el problema y por lo tanto le interesa resolverlo. Es una responsabilidad exigir del Estado la igualdad de derechos y deberes para todos los residentes, lo que en Europa se llama "ciudadanía por residencia" que equipara a los "nacionales" y los "residentes". No hacerlo es legitimar las diferentes formas de exclusión, de xenofobia y de racismo, por diferencias de aspecto físico, de religión o de cultura. La participación política plena es una condición sine qua non para acceder a la ciudadanía. Actualmente se utiliza el origen territorial o "nacional" para justificar la exclusión social y la precariedad legal.

G. Reconocimiento de las identidades culturales y ambientales vinculadas al territorio y sus ambivalencias.

Las reacciones sociales generadas por los efectos depredadores de las pautas urbanizadores dominantes en las últimas décadas han legitimado con el nombre de ecologismo conductas y objetivos muy diversos. Son reacciones sociales, en general muy positivas, las que han contribuido a salvar o mejorar paisajes y condiciones de vida de la población. Pero también pueden tener una vertiente conservacionista extrema, convertirse en un freno a los cambios necesarios y contribuir al mantenimiento de situaciones de privilegio. En cada caso hace falta encontrar la dimensión positiva y reducir los aspectos inmovilistas o excluyentes. Por ejemplo: el turismo es un activo para la economía del territorio pero una concentración turística que banaliza el territorio, haciéndolo perder su calidad y su imagen diferencial. Se reduce la calidad de vida de los habitantes y a medio plazo se cuestiona la actividad económica que ha proporcionado inicialmente un plus de riqueza.

La nueva política del territorio tiene que procurar vincular dos tipos de objetivos: la modernización de las actividades y el crecimiento controlado del crecimiento territorial y económico y a la vez mantener el paisaje físico y construido que marca la diferencia y la permanencia de la población en un entorno conocido y querido, donde tiene los recuerdos y los vínculos sociales. El derecho a lugar es uno de los derechos ciudadanos.

 

Nota de conclusión

 

Los lectores me excusarán por presentar un texto más político, que técnico. Ya hemos dicho que la ordenación del territorio y el urbanismo son asuntos muy políticos (no quiere decir propios y exclusivos de los partidos), pues supone no tomar decisiones sobre las condiciones de vida de los ciudadanos y las soluciones nunca son blanco o negro, todas tienen impactos positivos y negativos, para unos u otros. Las decisiones se toman según los valores y los intereses de las instituciones y de las personas que las dirigen. Y los ciudadanos tienen que poder averiguar y si hace falta denunciar estas decisiones cuando no corresponden a objetivos destinados a democratizar el uso del territorio, es decir el acceso para todos a los bienes y servicios y la reducción de las desigualdades sociales.

Hemos acentuado el contenido político de las reflexiones y propuestas porque vivimos un cambio de época, un momento histórico en el que las políticas en general y las territoriales en particular tienen que cambiar, en algunos aspectos muy radicalmente. Si se pretende volver a la situación anterior al inicio de la crisis no sólo se crearán las condiciones para nuevas crisis, también se estropeará más el territorio y se agravarán las exclusiones sociales. En este periodo si no se hacen cambios en un sentido democrático se hacen en un sentido más que conservador, directamente reaccionario.

Los gobiernos no son democráticos por el hecho de ser elegidos, la virtud de la democracia es cambiarlos (Popper). ¿Cuándo se tienen que cambiar? Cuando las políticas públicas no satisfacen las necesidades de la gran mayoría, cuando se mantienen o se aumentan las desigualdades sociales, cuando el territorio y las ciudades se hacen más excluyentes y se degradan las condiciones de vida de sectores importantes de la población.

Es una época que representa un desafío intelectual para todos aquellos que por profesión, actividad social o funciones políticas intervienen o se interesan por el territorio. Hoy tenemos la ardiente obligación, como se decía antes del planeamiento, de recuperar el tiempo de cuando el pasado tenía futuro y superar este amodorramiento que se ha instalado progresivamente en la vida pública.

JB