* Este artículo es una versión editada de Galdon Clavell, G. “La pulsió securitária a la ciutat contemporánia”. En Políticas Públicas y Modelos de Ciudadanía. Barcelona: CIDOB y Diputació de Barcelona, 2010 (en prensa).

**  Investigadora del Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB) gemma.galdon@uab.cat

Ciudad y seguridad siempre han ido de la mano: a lo largo de la historia, todas las formas y remodelaciones urbanas han tenido en cuenta el factor seguridad, pero a menudo la exploración de esta relación se ha elaborado tímidamente, como sub-producto de otros procesos (la privatización del espacio público, la mercantilización de las ciudades, las presiones vinculadas a la necesidad de competir y atraer inversión en un contexto global, etc.) o ha profundizado sólo en las cuestiones formales (cómo las ciudades se han dotado de mecanismos defensivos, desde las murallas a las rejas de los barrios cerrados, pasando por las grandes avenidas para el fácil despliegue militar).

Sin embargo, esta mirada que entiende la seguridad como un elemento más, o que limita la sed de seguridad de las sociedades post-feudales a los elementos constructivos, ignora u olvida el papel fundamental que el miedo (y la necesidad de prometer su erradicación) ha jugado en el diseño y construcción de las ciudades occidentales, mucho más allá de las intervenciones abiertamente represivas. En la remodelación de París que emprende Haussmann en el siglo XIX, por ejemplo, y que tan bien captura Baudelaire en el poema al que pertenece la cita introductoria, las plusvalías generadas por la expulsión de la clase obrera de las zonas centro y oeste de la ciudad, o la creación de un ocio articulado alrededor del consumo y la ostentación en el espacio público (Harvey 2008a) ¿no forman también parte de un proyecto de exclusión y represión del otro? La voluntad de hacer accesible el centro urbano a una pujante nueva burguesía comercial, garantizándoles su limpieza y atribuyendo higiene a las formas de vida y ocio no populares ¿no forma parte también de esta voluntad de proporcionar seguridad a través de la homogeneidad social y la eliminación visual de las víctimas de la industrialización?

Esta vinculación entre seguridad y ciudad que aparece de forma tan evidente en las reformas urbanas de finales del XIX y principios del XX en toda Europa sigue siendo hoy, en sociedades mucho más democráticas, una constante que ha ido definiendo las formas de construir, extender y regenerar ciudades y ciudadanías. Los cambios sociales, las nuevas tendencias en urbanismo y arquitectura, las nuevas capacidades técnicas y de transporte, el desarrollo (y creciente derrota) de modelos políticos basados en el bienestar colectivo y una larga serie de factores han ido matizando, cambiando o alterando esta vinculación, pero sin llegar jamás a romper la relación entre la intervención urbana, el modelo de sociedad del que es espejo y los límites a la condición de ciudadano de pleno derecho. 

No obstante, los procesos no son idénticos. En el siglo XXI, los factores que dan un carácter específico a esta vinculación entre seguridad y ciudad están relacionados, sobre todo, con tres procesos: 

1) Los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, seguidos por otras grandes catástrofes terroristas y la aparición de una amenaza global, provocando un estado de emergencia mundial al que las ciudades reaccionan fortificándose (Weizman 2007, Graham 2010) y explicitando la apuesta por la seguridad como pilar de las políticas públicas urbanas. 

2) La llegada más o menos intensa de personas de países del Sur Global a las metrópolis del Norte, debido a la creciente movilidad de personas a nivel global y a la demanda de mano de obra barata, que es utilizada como cabeza de turco por parte de opciones políticas de extrema derecha y consigue buenos réditos electorales, sobre todo en momentos de crisis económica. (Bauman 2004) 

3) La aparición de la ciudad como espacio de inversión (Sassen 2001, Raco 2007) que debe competir en “imagen” y ventajas fiscales con toda una red de ciudades globales, ofreciendo una calidad de vida a la “clase creativa” (Florida 2003) basada en la promesa de seguridad y eliminación de la cotidianidad de los centros urbanos de las externalidades provocadas por el aumento exponencial de las desigualdades durante los últimos 30 años. 

La fotografía de la ciudad del siglo XXI, pues, es la de una ciudad/ciudadanía asustada, que se siente víctima de procesos globales que no puede controlar y de procesos sociales cercanos que se identifican con una pérdida general de referentes (Kessler 2009), pero a la que no se le permite explorar ni abordar las raíces de estos procesos sociales porque eso rompería el espejismo de tranquilidad y normalidad imprescindible para entrar en la carrera global de la competitividad urbana. 

“Controles espaciales y controles situacionales, controles manageriales, controles sistémicos, controles sociales, observamos ahora la imposición de regímenes de regulación, inspección y control más severos y, simultáneamente, nuestra cultura cívica se vuelve cada vez menos tolerante e inclusiva, cada vez  menos capaz de tener confianza (...) el control está ahora recobrando su importancia en todas las áreas de la vida social, con la particular y sorprendente excepción de la economía, de cuyo dominio desregulado emergen habitualmente la mayor parte de los riesgos contemporáneos”.(1)

De la misma forma que la enamorada del poema Los ojos de los pobres de Baudelaire quería “alejar” a los pobres de “su” espacio, el París de los grandes bulevares recuperado para la nueva burguesía, nuestras sociedades buscan “respuestas epidérmicas” que simplifiquen “la complejidad de los problemas que se pretende resolver” y recorren a la identificación pobreza-inmigración-delincuencia para después ofrecer la seguridad de la mano dura y la tolerancia cero como solución.(2) 

 

La seguridad más allá de la remodelación urbana 

Pero de la misma forma que en el siglo XIX la seguridad no fue sólo una variable imprescindible en la reforma urbana, en la actualidad la remodelación de las ciudades en clave securitaria no se limita a la intervención formal en la ciudad construida. 

La mirada atenta a las prácticas actuales en seguridad ciudadana rebela una imagen compleja en la que todas estas tensiones y procesos que hace tiempo que confluyen en la gestión del espacio urbano han ido cristalizando en los últimos años en iniciativas que podríamos definir como políticas de vigilancia y control de comportamientos, vinculadas de forma más o menos explícita a la agenda securitaria y que cada vez más focalizan la atención de las ansiedades y miedos urbanos. 

La idea de que la intervención en los comportamientos incívicos o antisociales es clave para combatir la delincuencia no es nueva. En 1996, George L. Kelling i Catherine Coles publicaron una investigación titulada Fixing Broken Windows: restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, donde denunciaban la poca atención prestada a los pequeños incidentes de vandalismo y a los comportamientos incívicos por parte de las políticas públicas de seguridad y las fuerzas policiales. Su argumento era que un entorno deteriorado debido a los comportamientos antisociales (graffiti, suciedad, trastos abandonados, o ventanas rotas, que es lo que dio título a su libro) se convierte rápidamente en un nido de delincuencia, ya que la no intervención del Estado con el fin de reparar los desperfectos transmite la imagen de un espacio de impunidad. En palabras de los autores, 

“A nivel de barrio, el desorden y la delincuencia están inextricablemente relacionados, en una especie de secuencia por fases. Los psicólogos sociales y los policías tienden a estar de acuerdo en que si en un edificio se rompe una ventana y ésa no se repara, pronto aparecerán rotas todas las demás ventanas. Esto es así tanto en los barrios bonitos como en los degradados. Las ventanas rotas no son un fenómeno extendido debido a la presencia en algunas zonas de rompe-ventanas, o de cuida-ventanas en otras; lo que ocurre es que una ventana rota sin reparar lanza la señal de que a nadie le importa, y de que romper más ventanas sale gratis.” (3) 

Sin entrar a valorar la contribución y los datos de Kelling y Coles, lo más destacable de su propuesta es el impacto que ha tenido en las políticas públicas de seguridad, alejándolas del modelo reactivo (de intervención después de la comisión del delito) para desarrollar una perspectiva que apuesta por la intervención preventiva y la identificación de los factores (personales y ambientales) que hacen probable la perturbación de la “tranquilidad pública”. A pesar de la retórica de prevención y proximidad, la imagen de las ventanas rotas ha dado cobertura académica a las políticas de tolerancia cero y al targeting de los comportamientos incívicos por parte de la policía. 

Ante la malaise urbana, pues, una de les respuestas recurrentes pasa por el atrincheramiento de una “mayoría respetable” (Cooper 1998b) que interpreta ciertos usos de la ciudad y del espacio público como impropios e incívicos, generadores de inseguridad, y exige respuestas policiales. En este imaginario los comportamientos incívicos y la delincuencia no solo están relacionados, sino que las diferencias entre los dos serian esencialmente de escala: el incivismo y los comportamientos antisociales como preludio/causa de la delincuencia –y, por lo tanto, la necesidad de actuar con mano dura contra estos comportamientos y de articular tanto medidas punitivas (ordenanzas) como disuasorias (videovigilancia) y de obstrucción (urbanismo preventivo). La ciudad emerge pues como el espacio privilegiado de la represión preventiva, y no sólo a través de la zonificación, la gentrificación y la segregación urbanística, sino también de la exclusión del espacio público de comportamientos antisociales que se pretenden preludio de la delincuencia. 

 

Identidades incívicas 

El problema es que estas políticas de vigilancia y control de comportamientos afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos sociales, a los que no se persigue por sus actitudes, sino por sus cualidades.  Determinar que ciertas actividades son “inaceptables” tiene consecuencias innegables sobre la identidad de los que las practican. Y, como afirma Cooper, 

“Esto no es sólo porque la exclusión o estigmatización de ciertos usos afecta a grupos específicos, sino también porque los políticos y los usuarios del espacio público del barrio ven a ciertos grupos (jóvenes de clase trabajadora, borrachos, drogodependientes y limpia-cristales) como condensadores de prácticas indeseables. En el imaginario espacial, representan las actividades con las que se les asocia, y así se convierten ellos mismos en una molestia, categorías de personas cuya mera presencia obstruye, 'perturba' o pone en peligro el correcto funcionamiento del espacio público.”(4)   

En este contexto a menudo es difícil saber cuál es el verdadero problema: ¿los comportamientos considerados incívicos o la mera presencia de sus probables autores en el espacio público? Como propone Vulbeau (2008), la lógica del civismo parece ser “qui vole un oeuf vole un boeuf” (quien roba un huevo roba un buey), incluso cuando nadie ha robado ningún huevo. “Es la cultura de la prevención, del 'y si....?' La idea del civismo se alimenta de la creencia en la existencia de grupos identitarios potencialmente delincuentes”, prosigue Cooper. 

En las ciudades de nuestro entorno, estos grupos identitarios se perfilan cada vez más alrededor de tres grandes ejes: víctimas de la desigualdad, jóvenes y migrantes. En Gran Bretaña, por ejemplo, la agenda política laborista Respect y las órdenes contra los comportamientos antisociales (ASBOs en inglés) incluyen el derecho de la policía a ordenar dispersarse a cualquier grupo de más de dos personas mayores de seis años y a custodiar hasta su casa a cualquier menor de 16.(5) En Key West, EE.UU., la policía de proximidad tiene como objetivo eliminar de las zonas turísticas a los vagabundos, “la gente que está por las calles, perturbando la calidad de vida y la experiencia de los visitantes, los residentes y los comercios”, independientemente de si están llevando a cabo actos molestos.(6) En España, las Ordenanzas de Civismo sancionan el uso intensivo del espacio público que se atribuye a persones de diferentes “culturas” con diferentes “valores”,(7) mientras que en los polideportivos municipales, espacios de uso mayoritariamente joven, la videovigilancia se generaliza. 

Así pues, estos colectivos ven como la mirada asustada, desconfiada y expectante del que se siente ciudadano “honorable” (y, por lo tanto, de pleno derecho) y de unas políticas públicas que pretenden prevenir el delito a partir de la monitorización de los comportamientos, les cae encima como una losa -una losa que no sólo elimina derechos como la presunción de inocencia, sino que articula exclusiones no formales que pueden llegar a invalidar los procesos formales de consecución del estatus de ciudadano/a. 

Porque ¿qué sentido tiene acceder a la ciudadanía formal para después salir a la calle y ver tu identidad construida en términos permanentemente negativos y de sospecha? ¿De qué sirve avanzar en la cobertura legal de los derechos de todas las personas que comparten un mismo espacio y obligaciones si después la sociología de ese espacio articula una exclusión y un rechazo constante? ¿Es descabellado pensar que la legitimación de la mirada desconfiada hacia el otro a través del aumento de la capacidad sancionadora del Estado ante las actitudes molestas, y la intervención policial en las relaciones entre extraños (¡aunque vecinos!) pueda estar desarticulando en el espacio público urbano las victorias conseguidas en términos del reconocimiento legal de todas las personas? 

La facilidad con la que podemos establecer analogías entre los discursos actuales de delincuencia, incivismo y orden, por una parte, la visión idealizada de la ciudad cívica, por otra, y los procesos de finales del siglo XIX hace evidente que el espacio público urbano ha sido siempre un espacio controlado y regulado, pero seguramente ni las herramientas de control y estigmatización, ni los canales de transmisión de las ansiedades sociales habían estado jamás tan desarrollados. 

 

Ciudades vigiladas 

En 2006, el ayuntamiento de Masquefa, una población de poco menos de 8.000 habitantes en la provincia de Barcelona, solicitó permiso para instalar un sistema de videovigilancia que cubriera un total de 210.000 metros cuadrados y permitiera el control y la identificación de todas las personas que entran y salen del municipio, así como de los espacios adyacentes a los edificios públicos. La solicitud no aportaba datos de delincuencia en la localidad, ni justificaba la necesidad del sistema en base a la inseguridad existente.(8)  

Esta voluntad de control, desvinculada de los riesgos reales y las inseguridades objetivas es cada vez más frecuente, y actualmente contamos con tecnologías que permiten convertir esa voluntad en una posibilidad real: desde las cámaras de videovigilancia en espacios públicos y semi-públicos hasta la grabación de los datos generados al entrar o salir de edificios públicos o establecimientos comerciales, pasando por el seguimiento de la utilización de las redes de telefonía móvil. Es escenario distópico de películas como Blade Runner, o Minority Report parece cada vez menos una distopia  futurista. 

Lo que esconde la fantasía del control absoluto, sin embargo, es su precio: el coste de la videovigilancia no es sólo económico (que también), sino que, igual que el civismo, suma ceros a través de la eliminación de derechos  (a la intimidad, honor y la propia imagen) y de la construcción de una categoría de “malos usuarios” (casi siempre, como decíamos, víctimas de la desigualdad, jóvenes y migrantes) que reafirma el poder de unos sobre la definición de las normas sociales de uso del espacio público. 

La trampa de la ilusión del control, además, es que esconde que, en última instancia, la segregación, estigmatización y exclusión de colectivos enteros de los espacios comunes en base a su potencial disruptivo a ojos de la “mayoría respetable” genera conflicto. La deriva securitaria en las ciudades ha generado una verdadera “carrera armamentística” (Flusty 1994) en la que las autoridades locales compiten por adoptar en calles, plazas, edificios y servicios públicos la última innovación militar, contribuyendo así a desarticular los vínculos de confianza, la capacidad de “sentirnos seguros entre la multitud” y de que la expresión del conflicto cotidiano permita generar espacios de empatía y regulación informal de los usos de los espacios comunes. 

El énfasis en el civismo y la vigilancia, en realidad, explicita la renuncia al civismo y la apuesta por el control y la desconfianza. ¿Cómo exigir a la ciudadanía una actitud abierta y confiada hacia los demás cuando la ciudadanía misma es sometida a la mirada preventiva de la cámara de seguridad? 

La creciente tendencia a apartar la mirada ante los fenómenos que contribuyen a la desarticulación y las ansiedades sociales para después alarmarse ante sus consecuencias y mirar con reprobación a aquellos a los que no se ha dado la oportunidad de “pertenecer” no es en ningún caso un fenómeno nuevo. Como tampoco lo es la regulación del espacio público. Ni la utilización del miedo y las más bajas pasiones públicas para obtener réditos electorales. Lo que quizás sí es nuevo, sin embargo, es nuestro “caminar sonámbulo”(9) hacia sociedades cada vez más desiguales, menos garantistas y permanentemente controladas. 

 

Hacia la ciudad abierta 

Todos querríamos vivir en ciudades seguras. Todos deberíamos tener derecho a vivir en ciudades seguras. 

No obstante, la seguridad urbana del siglo XIX se está articulando alrededor de la exclusión, la eliminación de la diferencia y la culpabilización de las víctimas de las desigualdades. A pesar de la retórica de inclusión y participación, lo que determina la naturaleza y contenido de las medidas que se supone que deben luchar contra la delincuencia no son los debates sobre la profundización de la democracia ni los orígenes de las ansiedades y miedos sociales, sino los conflictos por el uso y la apropiación del espacio público, la defensa de intereses económicos y financieros vinculados a la actividad comercial y turística de la ciudad y a la industria del miedo, la preservación de los valores simbólicos asociados a la imagen de los centros históricos y la consolidación del poder político de turno. La seguridad de las personas, pues, queda relegada a un segundo plano, a pesar de justificar la acción de los poderes públicos y el diseño de las políticas públicas en esta materia. 

Lo más alarmante de esta deriva es que los datos confirman que durante los últimos años hemos estado apagando fuegos con gasolina: las ansiedades sociales, el miedo y el recelo ante el otro no cesan de aumentar, alimentando opciones políticas de extrema derecha y articulando una sociabilidad en el espacio público basada en la desconfianza, el paternalismo, la superioridad moral y la falta de respeto. Un entrono legal garantista que nos ha permitido incluir formalmente a un número importante de personas llegadas durante los últimos años fruto de la movilidad global y la demanda interna ha dejado de tener sentido como vía de integración en el momento en que todo lo foráneo recibe la etiqueta de impropio y antisocial, construyendo identidades incívicas que estigmatizan y criminalizan a sectores ya débiles desde el punto de vista de la influencia social. La aprobación pública de la pasión de control ha bendecido la desconfianza y el juicio preventivo ante el diferente y/o recién llegado, y la apuesta por la seguridad y la mano dura ante el crecimiento de la extrema derecha ha legitimado discursos y prácticas que hasta hace poco resultaban  impensables, como la posibilidad de excluir del padrón (y de los servicios públicos municipales) a las personas sin papeles, o de codificar la vestimenta en los espacios públicos. 

¿Significa esto que la ciudad contemporánea esté condenada? A pesar de que algunos observadores de la realidad urbana parecen haber tirado la toalla (Davis 1991), otros han planteado posibles vías de superación de la espiral de exclusión, miedo y políticas contraproducentes. 

Richard Sennett, por ejemplo, recuperando a Jane Jacobs, defiende la renuncia a gestionar la sociabilidad en el espacio público, la incentivación (o la no desincentivación) de “el encuentro inesperado, el descubrimiento casual, la innovación” y alza la bandera de “la complejidad, la diversidad y la disonancia”. La ciudad abierta es, para él, la ciudad democrática, pero no en un sentido burocrático, sino físico, articulada alrededor de la idea de ciudadanía y participación; la ciudad que construye “pasillos” entre el dentro y el fuera, el ellos y nosotros, y que reclama el espacio público como un espacio político (Sennett 1977, 2006).  

Ash Amin (2010), por su parte, apuesta por profundizar en la comprensión de la nueva realidad global renunciando a la ciudad como espacio de límites definidos y habitantes estables, y reconociendo que el compartir circunstancialmente un espacio no tiene porqué generar necesariamente sentimientos de “togetherness”. Su propuesta, pues, pasa por la capacidad de crear entornos urbanos que favorezcan la aparición de una “ética del cuidado”, de la preocupación por el otro, que permita la reproducción cotidiana de los afectos urbanos. 

Fijándose en la sociabilidad que estalla en casos de catástrofe, festivales o retrasos de trenes, Davina Cooper (1998b) platea la posibilidad de apostar por espacios capaces de generar experiencias puntuales que “unan”, entendiendo que a menudo este tipo de acontecimientos se constituyen en contra de las prácticas oficiales, creando sentimientos de comunidad precisamente a partir del desafío público al orden establecido. 

Este mismo desafío público es el que defiende David Harvey en “The Right to the City” (2008b), planteando la necesidad de recuperar el “derecho a la ciudad”, actualmente en manos de intereses privados o casi-privados que se apropian de las plusvalías generadas por el proceso de urbanización. Un derecho a la ciudad que va más allá de la libertad individual para acceder a los recursos urbanos y que implica el derecho a cambiar la ciudad, recuperándola de los intereses privados y poniéndola al servicio de aquellos para los que la sociabilidad es una forma de vida y no una oportunidad de negocio. 

Más allá de las propuestas concretas, el debate sobre cómo posibilitar una verdadera coproducción del espacio público urbano, superando el determinismo urbanístico y las visiones idealizadas de un espacio público libre de conflictos y exclusiones, y avanzando hacia la construcción de sociedades (y ciudades) maduras, responsables, participativas y políticas, sigue abierto y poco explorado. 

 GGC

 

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