
Transporte
y movilidad no son términos sinónimos. El primer concepto
implica dispendio de energía y, por tanto, creación
de infraestructuras especializadas para intentar abaratar el coste
del viaje (o de empresas especializadas en producir o gestionar
esas infraestructuras), el otro supone, por el contrario, atención
a las formas más autónomas de desplazamiento, oferta
de alternativas posibles, gestión del gasto energético
y del espacio desde una perspectiva más amplia que la de
recuperación del coste invertido o la de la adaptación
de la capacidad de la infraestructura a la demanda de viajes en
un determinado medio de transporte.
Observar el fenómeno desde la exclusiva perspectiva del transporte,
que implica la constante producción de infraestructuras,
ha implicado el predominio de métodos de abordar el problema
desde enfoques denominados de demanda, cuya versión más
conocida son los denominados modelos de tráfico.
Este enfoque, supone poner el énfasis del análisis
en la cuantificación de la solicitación futura de
una red, en la estimación de la cuantía de interrelación
que requerirán las actividades urbanas con una localización
espacial determinada, dada por la tendencia o por el planeamiento.
Enfoque que permitía una objetividad solo aparente en el
dimensionado de las infraestructuras y permitía la aplicación
de métodos sofisticados de cálculo propios de cada
disciplina y con cierta, y curiosa, autonomía respecto al
planeamiento urbanístico.
En la búsqueda del conocimiento de la forma que adopta la
movilidad en un determinado momento y de su evolución a lo
largo del tiempo, se han desarrollado indudables avances instrumentales;
incluso, aunque de forma menos rigurosa, la formulación de
modelos matemáticos ajustados a ese comportamiento que tienen
un valor explicativo no despreciable y de una cierta utilidad cognoscitiva.

Pasos
de los métodos de planificación de transporte con
enfoques de demanda
El problema
es que sobre la base de esos instrumentos, se han elaborado propuestas
de planificación, extrapolando los modelos ajustados sobre
la base de la observación de la situación actual a
situaciones futuras. Y así, aplicando los modelos matemáticos
ajustados en correlación con variables como el empleo o la
población, se estiman unas matrices de demanda futura de
movilidad, y se asignan esas matrices de demanda a diversos supuestos
de ampliación de la red viaria, hasta lograr un hipotético
funcionamiento equilibrado o satisfactorio del tráfico en
el futuro.
La crítica fundamental que se les puede aplicar es que, más
allá de su colaboración a la cuantificación
de flujos e interrelaciones urbanas (lo que es una mejora del conocimiento
del funcionamiento de la ciudad para la toma de decisiones), suponen
un enfoque erróneo del planeamiento del transporte, porque
niega sus posibilidades de alteración del comportamiento
espacial de la movilidad y su potencia en la inducción de
la un modelo de localización de actividades:
Actitud ésta que es coherente con un exacerbamiento de los
aspectos funcionales de cada red, que ha pretendido ignorar los
aspectos de profunda interrelación que se dan entre ellas
y ha hecho perder de vista el porqué de la extensión
de una red, el hecho fundamental de su existencia como requisito
de formación de las condiciones de producción de ciudad.
De otro lado, y no es un problema menor, la proliferación
de paquetes de software que responden a esta perspectiva lleva a
un dispendio de recursos para abordar planes de movilidad urbana,
en la medida que la información que se recoge requiere de
la desagregación y detalle que supone la alimentación
del modelo, con un enfoque erróneo del tema e, incluso, tiñendo
las posibles soluciones del problema con un barniz tecnocrático
que hace perder tiempo y esfuerzos frente a soluciones mas simples,
consensuadas con la población y de mayor eficacia.
Así pues, estas y otras consideraciones nos llevan a remarcar
las insuficiencias de nuestros modos de analizar la movilidad de
las personas, planteadas exclusivamente desde la perspectiva de
la simple satisfacción de una demanda creciente que no altera
su comportamiento modal y espacial. Ello está llevando a
plantearse nuevas herramientas de análisis donde se contemple
una gama más amplia de motivos y modos, y el uso de éstos
se relacione con necesidades específicas de diferentes grupos
de población, con su localización geográfica,
con su proximidad a las redes de transporte colectivo, con la densidad
de los diferentes asentamientos y con la variación temporal
de la movilidad.
Insuficiencias del modelo
tradicional de gestión de la movilidad
- Planes
respuesta a un comportamiento de la demanda sobre el que no se
actúa
- Atención prioritaria al coche como vehiculo de transporte
- Aparato analítico y de planificación desfasado
técnicamente
- Gestión de la movilidad en manos de los productores de
infraestructuras
- Riesgo de exclusión social de las personas con movilidad
no atendida
Poner el acento
en un enfoque de oferta supone entender que la localización
de las actividades urbanas, y el modo y cuantía en que se
manifiesten en el futuro sus interrelaciones, depende de la forma
y organización que se dé a las redes de transporte,
e incluso de su gestión porque de ella puede depender la
funcionalidad del sistema.
El problema es que para la gestión de un modelo de movilidad
urbana que se califique de más sostenible se precisa de un
plan, de un programa de actuaciones encadenadas tendente a la consecución
de unos objetivos. Y para la elaboración de ese plan no existe,
todavía, un instrumental técnico validado y eficaz.
Existen, por el contrario, diversos instrumentos de los enfoques
de oferta que están mostrando su utilidad en la planificación
de la movilidad y transporte urbanos. Aunque la metodología
usada en esos planes siga, a menudo, anclada en el ajuste de modelos
de demanda y en su extrapolación para detectar estrangulamientos
en la red (lo que implica siempre recomendar soluciones de ampliación
de los corredores más congestionados), los nuevos métodos
de medición de la utilidad que la oferta de red da al territorio
permiten, por el contrario, plantear alternativas que rompan las
tendencias observadas de crecimiento y propicien otra expresión
espacial de la movilidad.

Indicadores
de accesibilidad en coche y cobertura del transporte público.
De entre los
indicadores que han aportado estas técnicas, los más
usados han sido los de accesibilidad, propios de la teoría
de grafos, que miden la interacción potencial entre puntos
a partir de las características de la red. Las formulaciones
más simples ponderan tiempos promedio que la red confiere
por caminos mínimos; otras los combinan con indicadores económicos
asociados a los nodos que une la red, otras introducen la carga
real de la red, es decir, el número de desplazamientos, y
es útil en ámbitos urbanos introducir una accesibilidad
terminal asociada a cada nodo en función del tiempo promedio
de estacionamiento.
Así, también comienzan a ser importantes los indicadores
que estudian la cobertura de las redes de transporte colectivo sobre
la base de una combinación de los recorridos, su frecuencia
y la eficacia de los intercambiadores, y que igualmente ayudan a
detectar la eficacia de los recorridos peatonales por su conectividad
a los diferentes espacios de atracción, y otras posibilidades
que comienzan a ser de ayuda para la planificación y gestión
de la movilidad.
Sobre estos métodos y su eficacia se tratará, someramente,
en apartados posteriores, pero lo más importante es destacar
como la atención puesta sobre la forma del espacio público
como respuesta a un programa funcional, ha permitido, entre otras
cosas, comenzar a diseñar las calles con otros parámetros,
e incluso entender la utilidad de las vías de gran capacidad
en la ciudad siempre que sirvan para extraer la circulación
rodada de gran parte de sus calles y se proyecten con criterios
en los que prime la necesidad de inserción en la trama urbana
y la atención a los requerimientos del lugar donde se ubican
y que, a su vez, conforman.
El marco europeo para un nuevo modelo de movilidad urbana
Como es conocido, la introducción de vehículo privado
en la ciudad produjo los mayores cambios en su organización,
hasta el extremo de llegar no solo a ser el principal medio de transporte
motorizado sino de que los requerimientos de su circulación
marcaron totalmente la propia organización formal de la ciudad.
Como consecuencia de los efectos destructivos de la ciudad que se
produjeron en el contexto de exacerbación de la importancia
del automóvil, el ingeniero C. Buchanan realizó en
1963, por encargo del Parlamento británico, su ya conocido
informe "Trafic in towns", en el que, por primera vez,
se establecieron unos principios que rompían con el paradigma
imperante de que al incremento de la demanda de movilidad no cabe
sino responder con una mayor oferta en infraestructura viaria, generadora
a su vez de una mayor demanda que realimentará el proceso.

Propuesta
de ordenación del transito en el área central de Nordwich
. Buchanan 1961.
Sobre la detección
del riesgo, que señaló, de continuar destruyendo el
tejido urbano preexistente para adaptarlo a los requerimientos de
la movilidad en coche, entendió la congestión del
tráfico como un punto de equilibrio entre una oferta determinada
de vías y una demanda de tráfico, predecible y mesurable,
que es no solo consecuencia de la localización espacial de
las actividades sino también del desarrollo de los diferentes
sistemas de transporte.
La circulación de vehículos comenzó a ser analizada
desde entonces como un medio, no como un fin de la ciudad; entendiéndose
que la finalidad de la organización urbana no es dar fluidez
al tráfico sino garantizar a los ciudadanos las óptimas
condiciones favorables para el desarrollo de la vida y del trabajo,
y que el tráfico debe de estar al servicio de la ciudad y
no ésta al servicio de él.
Más o menos desde esa época, comienzan a producirse
en Europa políticas de restricción al tráfico
de automóviles en centros históricos y de creación
de las conocidas zonas peatonales,. políticas que han ido
mostrando sus limitaciones de forma paralela a su generalización,
sobretodo por el incremento de tráfico y congestión
que producen en las áreas envolventes, poniéndose
de relieve que el problema del tráfico en las ciudades requiere
de intervenciones globales en el sistema de movilidad de toda la
ciudad y en la ordenación de sus usos del suelo.
En Europa a finales de los años setenta, en forma coincidente
con el auge de un urbanismo de recuperación de los centros
históricos comenzaron a fraguar diversas técnicas
de "moderación" del tráfico urbano. Expresiones
como "convivir con el tráfico", "calles de
coexistencia", y "ciudad peatonal" se irán
introduciendo progresivamente en las políticas urbanas, como
confirmación de una toma de conciencia social y de su aceptación
institucional sobre la necesidad de establecer mecanismos y propuestas
tendentes a mitigar los problemas del tráfico urbano y mejorar
su convivencia en la ciudad.

Calles
de coexistencia y medidas de pacificación del transito.
Son
muchos los textos normativos y las prácticas municipales
en las se ha forjado este concepto de movilidad sostenible. Los
textos normativos europeos van desde las reflexiones sobre el ahorro
energético del Libro verde sobre el Medio Ambiente Urbano
que la Comisión Europea elevó al Consejo y al Parlamento
de esta entidad, hasta el Libro Blanco sobre la política
europea de transportes de cara al 2010.
Francia es uno de los pocos países con una legislación
específica en materia de movilidad local, desde la ya pionera
Ley 82-1153 de 1982 que fomentaba la creación de autoridades
del transporte comunes a varios municipios (AOTU): Por la Ley 96-1236,
de 1996 estableció la necesidad de un Plan de Déplacements
Urbaines (PDU) para áreas urbanas de mas de 100.000 habitantes;
y por la Ley 2000-1208 se insta a las autoridades locales a fomentar
planes de desplazamiento de las empresas (PDE). Puede parecer un
panorama legislativo e instrumental análogo al planteado
en la legislación catalana (que se inspiró en él),
pero lo cierto es que el gobierno francés ha puesto mas el
acento en la creación de nuevos instrumentos financieros
(como la tasa por transporte público a las empresas - el
versement transport) o de fomento fiscal (reducción
de la contribución a la seguridad social a empresas que han
reducido el uso del vehiculo privado por sus trabajadores). Instrumentos
con los que se pretende apoyar iniciativas municipales expresadas
en sus planes.
El énfasis puesto en el apoyo financiero a las iniciativas
de las autoridades locales es la norma en Inglaterra y en Alemania,
aunque exista legislación específica sobre movilidad
urbana En Alemania, por ejemplo, los landers reciben desde
1996 parte del impuesto sobre carburantes para financiar mejoras
del transporte público. Y en Holanda, donde sin tampoco existir
una normativa general de referencia, se implantó ya en 1989
la política denominada ABC que clasifica las empresas en
función de sus necesidades de accesibilidad en cada tipo
de transporte como condición de permiso de localización;
y se ha impulsado políticas de ciudad compacta (VINEX dweling
location) para permitir la construcción de nuevas áreas
en función de la densidad, la accesibilidad, la distancia
al transporte público, etc.
En este ultimo país, en desarrollo de la Nota Mobiliteit
(del 2005) se exige a todas las administraciones regionales
y locales la redacción de un plan de movilidad y transporte.
Igual obligatoriedad tienen las autoridades de los municipios británicos
desde la Transport Act del 2000; es en este país donde
mas se ha uniformizado el contenido de los Local Plan Transport,
a partir de la `publicación de una guía de instrumentos
y prioridades para estos planes, donde se sigue poniendo un acento
importante en la concertación de planes de desplazamiento
de empresas, escuelas o centros de negocios, para lo que el Estado
aporta financiación mediada la aprobación de aquellos
planes.
En España, la Comunidad Autónoma que más ha
avanzado legalmente a este respecto ha sido Cataluña, que
en plazo de los últimos cinco años ha desplegado un
potente aparato normativo que comenzó por la citada LLei
9/2003 de la Mobilitat, ha continuado con el Decret 344/2006, de
Regulació dels Estudis d'Avaluació de la Mobilitat
generada, que han de incorporar todos los instrumentos de planeamiento
urbanístico, y, finalmente, ha culminado en el Decret 362/2006
por el que se aprueban las Directrius Nacionals de Mobilitat.
MH
BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA:
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