Realizar una presentación de la trayectoria del Anuario es mirar hacia el pasado pensando en el futuro. Y al mirar los anuarios de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, he visto que para pensar en futuro había que situarlos en el contexto del país, y que además necesitaba observarlos con una perspectiva personal para definir su trayectoria. Porque sin contexto y sin trayectoria, los anuarios —que en su presentación del 2006 Néstor Cabañas definió como una «herramienta de futuro»— pierden sentido. Y porque es una importante herramienta del SCOT (2) para «hacer país», una herramienta que informa de las transformaciones y de los procesos urbanísticos y territoriales, y de cómo la cultura cívica les da respuesta. Año tras año, desde el 2003 hasta el 2006, han ido apareciendo, y ahora tenemos el del 2007. Tal continuidad nos ofrece una perspectiva. Así pues, contexto y trayectoria son las claves de mi interpretación personal.

Efectivamente, al mirar la trayectoria de los anuarios, he observado que comprenden los años en que yo, un arquitecto urbanista dedicado plenamente al mundo del urbanismo público local, he estado alejado del circuito profesional; me he dedicado a lo que llamo  «mi servicio social»: relacionado con la política o, mejor dicho, con la administración local. Tal condición me distancia de las visiones más técnicas del periodo, pero al mismo tiempo permite que ahora disponga de una mirada más amplia. Considero que definir la trayectoria de los anuarios es básico. Pero, teniendo en cuenta que su trayectoria se ha producido en un contexto especial, hay que reparar en las características del contexto para observar correctamente esta trayectoria.

LOS ANUARIOS Y EL CONTEXTO

No tenemos que olvidar que el contexto de las transformaciones del modelo urbano y territorial del país a lo largo de estos últimos cuatro años ha sido muy singular. Concretando, pues, el contexto es el siguiente:

- El boom del sector de la construcción y de la vivienda experimental desde finales de los noventa, impulsado por unos tipos bajos de los créditos hipotecarios, junto con un fuerte crecimiento demográfico, generó una fuerte presión sobre el territorio. Además se registran los impactos derivados de las nuevas formas de movilidad y de pautas de vida y de consumo que después comentaré más detalladamente.

- El fortalecimiento del discurso sobre la nueva cultura del territorio, aparecido también a finales de la década de los noventa, que se centra en una planificación y una gestión prudentes de los recursos naturales, en una evaluación positiva de la participación ciudadana a favor de la cohesión social y, en definitiva, que aboga por un mayor respeto por los valores del territorio impulsado desde el ámbito académico, profesional y ciudadano.

A partir del año 2003, las dos realidades chocan, ante el boom inmobiliario y de la construcción; por otro lado, se registra un notable impulso demográfico derivado en gran medida de los impactos inmigratorios.

Quiero matizar que, cuando menos en parte, el nuevo Gobierno de la Generalitat asume claramente el discurso de la nueva cultura del territorio por medio de la adopción de políticas territoriales y ambientales de respuestas concretas.

Es decir, el discurso de cambio cultural con respecto al territorio, de nuevos planteamientos y principios, choca no sólo con la inercia de los procesos heredados y las resistencias al cambio, sino también con un contexto económico y social que dificulta su visualización. Asistimos, pues, a un crecimiento demográfico muy fuerte que se acompaña del boom inmobiliario, el cual se materializa sobre la base del planeamiento urbanístico —cabe decir de buen nivel— a escala municipal o local de los años ochenta y noventa, que todavía se lleva a cabo sin el marco territorial y/o 1a aprobación de instrumentos de planeamiento supralocal. Se trata de un planeamiento que, en general, ya preveía el suelo urbanizable suficiente para contemplar como posible el crecimiento urbanístico, pero con déficits y problemas importantes: crecimiento en núcleos pequeños, crecimiento poco denso (especialmente en el área metropolitana), falta de previsiones supramunicipales, afectación de áreas sensibles, pocas áreas industriales de parcela grande, falta de reservas de zonas logísticas...

No obstante, el contexto todavía es más complejo, dado que se registrarán fuertes procesos y fenómenos visibles en combinación con otros que podemos tildar de invisibles.

En el primer caso, me refiero a la explosión o boom inmobiliario, fenómeno que los medios de comunicación confunden, en una deformación lingüística y conceptual, con la expansión urbanística. Pero son dos cosas diferentes. Esta «explosión», como hemos dicho, es básicamente fruto de unas condiciones financieras óptimas, si bien es cierto que hay otras razones que han conllevado los tipos de interés más bajos de nuestra historia reciente. En una década han pasado de estar por encima del 10% a estar por debajo del 4%. Además, hay que tener en cuenta la gran cantidad de dinero que los bancos y, sobre todo, las cajas de ahorro han destinado a la financiación directa de las promotoras, las inmobiliarias y las constructoras en todo el Estado. Así pues, tenemos una situación financiera singular que ha impulsado no sólo la demanda, sino también, y de una manera muy especial, la oferta de un sector económico básico en la configuración de la sociedad occidental, de consumo y capitalista en que vivimos.

Hablamos, pues, de una situación extraordinaria del sector inmobiliario, relacionada con el modelo de consumo y el sector financiero. Pero también de una composición compleja y mucho más amplia de la demanda que en otros países europeos. Nuestro pequeño país está inmerso en el contexto europeo y al mismo tiempo sujeto a las condiciones específicas del modelo español, que podríamos describir como la suma de varias demandas: por una parte, la demanda de los jóvenes y de las parejas que por primera vez entran en el mercado de la vivienda como consecuencia de su deseo de emanciparse, y que representan un sector de población muy nutrido, fruto del boom demográfico de los año setenta y ochenta del siglo pasado. Por la otra, sin embargo, también debemos tener en cuenta las nuevas transformaciones sociales de la población, que dan pie a la división de las familias con formas de vida más individuales o unipersonales y a un sector nuevo que recoge el impacto del envejecimiento de la población.

A todo esto, se suma otro factor de peso: la demanda inmobiliaria derivada del turismo y de la inmigración. Recordemos que la península Ibérica es uno de los destinos preferidos de los turistas europeos, y eso incrementa también la demanda de viviendas estacionales para europeos e individuos de otras nacionalidades. Indudablemente, el impacto de los casi sesenta millones de visitantes por año son una demanda recurrente que determina las otras demandas, más locales, que acabamos de comentar. Este amplio conjunto de vectores o segmentos de demandas que se suman constituye lo que yo denomino «explosión inmobiliaria».

Otro elemento decisivo en todo este complejo contexto que estoy tratando de dibujar son las relaciones de esta explosión inmobiliaria con los dos factores colaterales siguientes.

En primer lugar, el papel y la actuación de las grandes empresas del sector que se han dedicado a concentrar promociones y, en especial, y este es uno de los temas clave, a comprar solares, parcelas, terrenos rurales y suelo de reserva, con una doble finalidad: poder seguir realizando las actividades de promoción inmobiliaria y alcanzar una valoración mayor y más fuerte de sus activos en la correspondiente cotización en bolsa.

Pero, aparte de eso, esta concentración inmobiliaria incluye una dimensión adicional: la participación de estas mismas empresas en otros sectores clave de la economía, más globales, como el sector de las empresas de servicios públicos (la limpieza y la gestión de los residuos, la jardinería urbana, las redes de servicios públicos, entre otros) y también, por supuesto, el sector de las telecomunicaciones. Todo une la economía del país al devenir de las grandes empresas que concentran los créditos y los recursos en su producción de inmuebles, para esta misma producción particular y también en los servicios que prestan. Si, además, estas actividades, por su vinculación con la administración municipal, recogen una parte de los presupuestos locales que, dicho sea de paso, ellas mismas generan, su posición estructural es determinante.

Ahora que ya estamos viviendo de lleno el cambio del ciclo expansivo, el paro o el estallido de la burbuja inmobiliaria, como se quiera llamar, hemos empezado a vislumbrar los efectos de la crisis más global en algunas de estas empresas, y somos conscientes al mismo tiempo del grado de concentración de dinero y de actividades que ha generado la explosión inmobiliaria, y también la dimensión que ha alcanzado. Evidentemente, también nos damos cuenta de los efectos perversos que ha supuesto en forma de corrupción política y administrativa en determinados municipios, e incluso tenemos ejemplos públicos que hemos conocido como consecuencia de algunas actuaciones de la justicia.

Toda esta situación nos hace mirar de frente los efectos que las bancarrotas de las empresas del sector generarán en la economía y los impactos que comportarán para el conjunto de empresas pertenecientes a los sectores complementarios de la construcción y de la promoción. Sin duda, los efectos tendrán una dimensión todavía más fuerte para la mencionada concentración.

Además, cabe destacar el crecimiento de una conciencia global de respeto por el planeta por parte de nuestra sociedad. Se empieza a entrever que la crisis no se vive sólo en occidente, sino que en el escenario mundial ya están presente los países emergentes y también los otros, los países de donde vienen muchas de las personas que pueblan nuestras calles, que viven la inmigración como la embajada de su situación de crisis más profunda. Esta conciencia global proyecta la mirada de las personas que muestran más sensibilidad a las respuestas locales a temas de alcance mundial y, consiguientemente, modifica el contexto. Los debates y las plataformas de respuesta a los acuerdos derivados de las necesidades de nuevas infraestructuras de movilidad o tráfico, de transporte o producción energética también son muy actuales, y por eso entran en el Anuario de forma clara y directa. La denominada cultura del «aquí no», que hay gente que trata de llevar hasta el «aquí mejor», se combina con bastante naturalidad con otro factor derivado de la explosión inmobiliaria, la crisis ambiental, aunque no sea un efecto directo ni único, sino determinado por otros factores que abordaremos más adelante y que además se han confundido con el urbanismo en una metonimia errónea.

Siguiendo con la idea de que no todo es fruto directo y único de la explosión inmobiliaria, con los dos vectores más visibles del contexto que ya hemos expuesto (la explosión del sector inmobiliario y/o de la construcción y la concentración de los intereses empresariales, también muy ligados al gasto y a los recursos locales de los municipios), cabe decir que hay otros elementos que definen el contexto, menos visibles o casi invisibles. Pienso, en primer lugar, en el fuerte incremento del consumo de energía que genera el uso generalizado de los aires acondicionados y de artefactos que gastan energía y que son inherentes a muchas actividades humanas; todo ello está relacionado con el aumento del precio del petróleo. Por otro lado, también es invisible el fuerte incremento de la movilidad. Basta con observar los datos de la reciente encuesta de movilidad cotidiana (EMC), de ámbito estatal, elaborada por el IERMB. En cierto modo, este incremento de la movilidad está ligado a formas más «flexibles» o menos permanentes de los contratos de trabajo laboral y a trabajos más precarios, sobre todo entre los jóvenes; dos factores menos visibles que las formas de transformación y ocupación del territorio y que la expansión constructora, pero también con un impacto considerable sobre el espacio de la vida humana, sobre el planeta y, por supuesto, sobre nuestro pequeño país.

Eso nos hace pensar que los efectos derivados de la demanda de más energía que genera el modelo de consumo occidental actual, y/o las nuevas formas de movilidad, aunque se ven en las expresiones derivadas de la construcción o de la gestión de las infraestructuras, no tienen el impacto visual que tienen los otros. Y eso es peligroso en el momento de hablar y definir un contexto, teniendo en cuenta que los efectos menos visibles de los dos factores mencionados, energía y movilidad, no entran en el ideario de las respuestas que se administran desde el Gobierno y/o desde las entidades y/o desde la sociedad. Pongo como ejemplo el impacto de los fuertes incrementos de la movilidad por avión derivado de las compañías denominadas de bajo coste, vistas como un elemento positivo en el ideario social, aunque suponga no sólo una movilidad directa, sino la puesta en activo de territorios intermedios y de nuevos flujos derivados de la primera movilidad. Sea como sea, en el debate social esta actitud nunca tiene una respuesta negativa. Y además todavía es menos visible, y en consecuencia no se valora, la aportación de recursos públicos que este tipo de compañías necesitan para funcionar. Al hablar de eso, casi estamos en el campo de las cosas invisibles.

Y ahora permitidme resumir esta introducción para que quede clara. El Anuario es una herramienta de mirada global sobre los procesos urbanos y territoriales de Cataluña que se tiene que leer en un contexto singular: la explosión del sector inmobiliario, de la construcción y de la promoción, que ha llevado a definir el urbanismo como una herramienta instrumental, y que, por lo tanto, ha hecho que el patrimonio político y técnico del urbanismo municipal, como fuente de las políticas de progreso y de mejora de la calidad de vida de los años setenta, en el momento de la transición democrática, y de los ochenta y noventa, salga perdiendo. Esta vía, sin embargo, nos conduciría a otro camino. Volvamos al hilo principal: la definición del contexto. Además de la explosión inmobiliaria, el Anuario nos aporta una mirada más de carácter mundial y ambiental, mucho más consciente de la importancia del medio para las generaciones futuras. Y también nos permite conocer los impactos menos visibles del incremento de la demanda de energía y de una movilidad más alta. El Anuario está enmarcado en un contexto urbano y territorial muy singular.

EL CONTEXTO Y LOS EFECTOS

El contexto y los efectos derivados dan el singular marco territorial y urbanístico que sigue:

Primero. Una correlación falsa y equívoca de la transformación urbanística y de la explosión inmobiliaria, que provoca políticas disminuidas y que, en consecuencia, reduce la importancia de la vivienda como bien social y la limita a un producto, con valor económico, pero con mucho menos valor de uso. Eso, además, devalúa el sector de la construcción a la forma más especulativa, aunque este es un sector de amplia repercusión en las actividades derivadas de la construcción, especialmente la residencial, como las del mobiliario de la casa, las diversas empresas de instalaciones técnicas (los ascensores, la climatización, las telecomunicaciones, y otros) y también el conjunto de los sectores de servicios en la vivienda. Dos reducciones, urbanismo como inmobiliario y construcción como especulación, que pueden hacer disminuir la capacidad de enfocar correctamente las políticas alternativas del territorio y, en especial, del espacio dominante fruto de la urbanización, que representan las ciudades y los espacios urbanos. Las ciudades y la sociedad necesitan un mejor urbanismo y una mejor vivienda. Y, según mi punto de vista, esta doble idea no ha recibido la atención básica que se merece. En este abandono no sólo ha tenido responsabilidad la política de país, la general y la de los políticos locales, sino también las entidades, los intelectuales y los profesionales de la ciudad. Y fruto de este silencio sobre las propuestas de calidad que se hacen en planes y procesos de gestión urbana, se deriva la pérdida de una de las herramientas de respuesta directa a la crisis más significativa, teniendo en cuenta que la dimensión espacial de los efectos directos de la urbanización es sobre todo urbana. Los espacios territoriales más activos son los urbanos, y es donde se notan los efectos positivos de un urbanismo más social, con más interés por el hábitat y también más sostenible, donde la reducción de la movilidad y el consumo de energía son necesarios. Las herramientas del trazado, la normativa, la estructura y la forma urbana son las claves del tema. Cataluña no puede abandonar la idea de hacer un urbanismo de más calidad.

Segundo. La necesaria relación entre este boom del sector de la construcción y de la vivienda, desde finales de los noventa, y el muy reciente y fuerte crecimiento demográfico derivado de un pequeño despunte de natalidad, pero sobre todo de la inmigración de los individuos procedentes de los países más pobres hacia Europa. En estos flujos, Cataluña está en el camino. Y también cabe destacar la relación con los factores de contexto que antes he descrito, como los vectores de demanda o las fuentes de dinero financiero fácil que han actuado como un vector complementario del incremento de la demanda y del boom mencionado. Pero creo que hay que ser prudente y que cabe decir que el impacto sobre la demanda de los inmigrantes no ha sido determinante en la expansión o explosión del sector, porque la fuerte presión sobre el territorio, las ciudades y los espacios urbanos también es fruto de los otros vectores invisibles que he comentado antes al hablar del contexto: incrementos de la movilidad y del consumo de energía con efectos que no son urbanos y que se trasladan al territorio, donde el control de las actuaciones es menos local y es compartido con las comisiones territoriales de la Generalitat de Cataluña. Las actividades y las construcciones situadas en el espacio rural del país tienen impactos de la movilidad mucho más directos.

Tercero. Desde finales de los años noventa hemos asistido, y eso se refleja muy bien en el Anuario, al fortalecimiento del discurso sobre una nueva cultura del territorio a partir de una gestión más prudente de los recursos y de los valores del territorio, basados en la gestión del paisaje y del medio ambiente, y a favor de una idea de cohesión social y de participación ciudadana. Este ideario ha sido muy bien asumido por los ámbitos académico y ciudadano y ha formado una de las columnas básicas de las ideas y de las pautas de gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y quiero añadir aquí que tenemos un marco legislativo y de políticas públicas que hay que describir para dar la dimensión completa de lo que ahora confirmamos. Desde la Ley de movilidad del año 2002, pasando por las leyes de barrios y del paisaje, hasta la reforma y nueva formulación de la Ley de urbanismo acabada en el 2005, se establece el marco en el que se desarrollan las acciones de la política territorial reciente en Cataluña.

LA TRAYECTORIA DEL ANUARIO

En este contexto, dentro del marco citado, la trayectoria del Anuario pone de relieve determinados procesos: la pérdida de valor del urbanismo municipal como una herramienta principal de respuesta a los factores explosivos de la coyuntura y la puesta en activo de los elementos derivados de la nueva cultura del territorio. A pesar de todo, creo que estos no se pueden entender fuera del marco y sin las herramientas de los años noventa. Es decir, sin planes municipales generalizados y sin una gestión local estable —con ciudades y pueblos con los déficits básicos resueltos—, los efectos de la explosión habrían sido otros. La relación directa entre el discurso de la nueva cultura del territorio y los efectos del boom inmobiliario y demográfico no habría sido posible.

Además hay que recordar que la implicación presupuestaria más fuerte del Gobierno se ha centrado en el escenario urbano. Me refiero a la Ley de barrios, derivada de la cultura europea de intervención en barrios sensibles, derivada de los programas URBAN. Este importante esfuerzo del Gobierno, ya subrayado, ha sido menor en los ámbitos de la política de gestión y mejora del paisaje y de planeamiento territorial; campos, sin embargo, que tienen un alto valor académico y profesional porque generan escenarios de nuevas herramientas de propuesta y de política.

Los rasgos más detallados de la trayectoria del Anuario que ahora querría describir son los siguientes:

1. El Programa de planeamiento territorial ha ido por detrás del crecimiento territorial y urbanístico y, por lo tanto, ha tenido poca capacidad de incidir en el corto plazo. Los planes territoriales parciales (PTP) y los planes directores territoriales (PDT) marcan líneas de futuro, siguiendo el documento marco de los quince criterios de planeamiento territorial: crecimiento nodal, densidades más elevadas, racionalización de los polígonos industriales, etc., pero difícilmente pueden modificar los planeamientos locales incongruentes. Únicamente los planes directores urbanísticos (PDU) han podido ofrecer respuestas más directas, para cambiar aspectos concretos, pero no generalizables en todo el territorio. Ponemos como ejemplos el PDU del sistema costero para salvar espacios amenazados en la costa; el PDU del Pallars Sobirà y el PDU de la Cerdaña para desclasificar suelos sobredimensionados durante los años ochenta; los PDU de las áreas residenciales estratégicas para crear más suelo protegido, o varios PDU para crear suelo industrial supramunicipal. De este modo, el Programa de planeamiento territorial ha conseguido orientar parcialmente la dinámica de crecimiento, aunque, quizá, si no hubiera habido un crecimiento tan fuerte, se habría podido reconducir mejor. Sin embargo, eso sí, crea un marco para la mejora territorial a medio plazo que es del todo positivo y que tiene que permitir hacer un urbanismo local mejor.

2. El conjunto de propuestas de nuevas infraestructuras es otro tema en el que podemos decir que, en cierto modo, se ha asistido a dos dinámicas:

- En cuanto a la concreción sobre el territorio, se ha intentado buscar un equilibrio entre la realización y la protección del medio ambiente y el paisaje. Ponemos los ejemplos del túnel de Bracons y los estudios y nuevas propuestas para el cuarto cinturón.

- En cuanto a la elaboración de varios planes sectoriales (como, por ejemplo, aeropuertos, puertos, carreteras...), se intentan alcanzar —al menos a priori— soluciones a largo plazo más funcionales, integradoras y sostenibles.

3. Las plataformas en defensa del territorio, y otras respuestas de la sociedad, también están dentro del marco y la trayectoria de los anuarios. Con respecto a las plataformas y a los movimientos en defensa del territorio, se observa una clara evolución desde las reivindicaciones puntuales de defensa de espacios naturales concretos y específicos hacia movimientos más complejos, donde aparecen otras premisas: identidad local, bienestar, calidad de vida, salud, desequilibrios territoriales, preservación de núcleos rurales. Muchas de estas plataformas ya no están lideradas por biólogos, ecólogos, ambientólogos, etc., teniendo en cuenta que ahora ya se implican personas de diversos niveles sociales y profesionales. En cierta manera se han desterritorializado. El territorio no es un fin en sí mismo, sino que su destrucción/modificación perjudica el bienestar y la calidad de vida y la imagen del lugar, así como su capacidad de atracción. La otra cara de la moneda es la competencia entre territorios para atraer buenas localizaciones o, alternativamente, para rechazar malas localizaciones. Son claros ejemplos las entidades contra el centro logístico del CIM [Centrales e infraestructuras para la movilidad] del Penedès, contra el PDU de la cuenca de Òdena, contra el modelo de implantación eólica, contra centros penitenciarios, contra vertederos, etc. Eso dificulta la búsqueda de soluciones al aparecer aspectos muy diversos, pero responde a los múltiples valores (a menudo contrapuestos) que genera el territorio y que hay que equilibrar. Podemos decir que hay que pasar del «aquí no» al «aquí mejor».

4. Los conflictos territoriales más permanentes son otro elemento del marco del Anuario. Del 2003 al 2007 se han resuelto conflictos territoriales y se han salvado espacios concretos (especialmente en la primera línea de la costa) o se han buscado soluciones pactadas, pero la conflictividad territorial no ha disminuido. La Administración y la sociedad no han podido o no han tenido la voluntad ni bastante fuerza para contener la presión sobre el territorio derivada del boom demográfico e inmobiliario. Los conflictos se han extendido ya no en espacios naturales emblemáticos (mayoritariamente salvados), sino especialmente en áreas humanizadas donde aún se mantiene, sin embargo, un fuerte vínculo con el medio natural y la sociedad y donde adquiere más fuerza el conflicto entre las necesidades de crecimiento y la preservación de los valores del territorio. Citamos tres ámbitos concretos:

- Áreas periurbanas.

- Áreas próximas a espacios de interés natural o paisajístico.

- Áreas rurales ligadas a los corredores de nuevas infraestructuras.

Desde la Administración se ha percibido una voluntad de resolver los conflictos y se ha buscado separar la discusión sobre los valores, los objetivos y los criterios de las políticas (mayoritariamente aceptados por todo el mundo, ya que es un debate generalista alejado de intereses particulares) de la discusión sobre las actuaciones, con el fin de convertir los criterios básicos en algo concreto. Eso ha tenido cierto éxito y ha hecho disminuir la conflictividad en casos como el del Plan director del Ampurdán o el Plan de equipamientos penitenciarios, y ahora parece que se quiere hacer lo mismo con el mapa eólico de Cataluña. En general, las soluciones que resultan de ello son mejor aceptadas, porque parten de una planificación global que garantiza un ordenamiento mejor (en definitiva, ahora es posible responder a la pregunta «¿por qué aquí?») y eso genera un debate más rico y sosegado.

CONCLUSIONES

Si se tiene en cuenta que a partir del 2008 vivimos en un contexto de crisis inmobiliaria y de desaceleración económica de muchos otros sectores, habrá que ver la eficacia del Programa de planeamiento territorial (PTP) para reorientar la planificación territorial hacia los objetivos marcados. La política de vivienda también está en la base de las opciones de cohesión social y de mejora de los barrios. Y en este sentido el sector de construcción de vivienda social es clave, ante los procesos de concentración y especulación que se derivan de los mercados inmobiliarios expansivos. No obstante, con un programa de planeamiento territorial en marcha, de mucha calidad técnica, ahora hay que reencontrar la herramienta del urbanismo local, de base social, como herramienta de gestión y promoción de la mejora de las condiciones de vida urbana y territorial en Cataluña. En este sentido, hay que afirmar que los avances y las aportaciones de todas las disciplinas profesionales que enriquecen la calidad del país, en las dimensiones ambientales, infraestructurales, biológicas y otras profesiones de la ciudad y el territorio, no sólo son imprescindibles, sino que han representado avances de muy alto nivel, como se refleja en los anuarios, los estudios, los planes y, en definitiva, en la gestión del país.

Debemos tener presente, también, que la nueva cultura del territorio no se puede ofrecer solamente desde la política pública. Representa un reto para la política institucional, teniendo en cuenta que se deben contemplar espacios de concertación para que la relación entre las plataformas y las administraciones no genere únicamente la cultura del no y para que avance por los caminos del «aquí mejor». De hecho, son unos caminos que ya están abiertos por las mismas iniciativas reivindicativas. Al mismo tiempo, sin embargo, debe suponer una transformación de la política más abierta a la sociedad, menos cerrada en debates partidistas. La política territorial y de gobierno local del país tiene que ser una política abierta a los usuarios y residentes, una política en la que la creatividad sea no sólo fruto de la política que propone y habla, sino también de la política que escucha y dialoga, que en definitiva hace viable la creatividad ciudadana y social. La política catalana no tiene que absorber la Administración. Estoy pensando en una Cataluña con más soberanía de los ciudadanos y de los residentes.

El Anuario es un elemento que da fe del pasado y que aporta mucha luz sobre el futuro, y pone en evidencia las características de los debates y procesos territoriales, y, como consecuencia, ilumina los caminos que tenemos que seguir para que el país mejore. Sean, pues, bienvenidos los anuarios del pasado para el futuro.

(1) Josep Ma. Llop, Arquitecto y urbanista, fue director de urbanismo de Barcelona en los años previos de los Juegos Olímpicos de 1992 y luego teniente de alcalde (vicealcalde) de Lleida. Actualmente es profesor de la Universidad de Lleida y consultor internacional y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Ordenamiento del Territorio. (volver al texto)

(2) El Anuario territorial de Cataluña 2007 es fruto del trabajo del equipo del SCOT, bien coordinado por Álex Tarroja y Margarita Castañer, y formado por Marcela Balliano, Néstor Cabañas, Moisès Jordi y Montse Mercadé, con el apoyo fundamental del conjunto de personas que han redactado los artículos y que han realizado los trabajos de edición. Sin su aportación y sus opiniones no habría podido hacer esta presentación; por eso quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. Sin embargo, deseo aclarar que a todos ellos los desvinculo de las opiniones y conclusiones de este trabajo, que, obviamente, son personales. (volver al texto)