Introducción 

En el panorama de América Latina el caso de Buenos Aires y de Argentina se destaca por su carácter extremo en varios aspectos. Fue uno de los países donde las reformas neoliberales se aplicaron de manera mas radical y, justamente por ello, fue donde hubo transformaciones mas relevantes en las características de su estructura social y en la estructura de oportunidades laborales. De manera análoga, han cambiado los paisajes de las organizaciones populares, de sus formas de acción y sus agendas de reclamos generando durante un periodo también una alta intensidad de las protestas.

Durante la mayor parte del siglo xx, la sociedad argentina se distinguió de la de otros países periféricos por sus amplias capas medias y su estructura social relativamente mas igualitaria. Desde el utimo golpe de Estado, en 1976, sin embargo, Argentina ha experimentado una significativa transformación vinculada al abandono del modelo sustitutivo de importaciones y a la adopción de un nuevo modelo basado en la apertura y desregulación económica. Los cambios radicales en la economía fueron promovidos y acompañados por una serie de transformaciones institucionales entre las cuales se destaca la modificación en el rol del Estado. La liberalización de los mercados, incluyendo el mercado de trabajo, fue un pilar central de las políticas implementadas, en particular desde comienzos de la década de 1990. Si bien numerosos países de America Latina han adoptado políticas de corte neoliberal en las ultimas dos décadas, Argentina constituye tal vez un caso paradigmático tanto por la radicalidad en la aplicación de dichas políticas como en la celeridad del proceso.

En los últimos anos Argentina ha ocupado un lugar especial tanto por la dimensión de su caída económica y el significativo deterioro en los niveles de vida de la población como por las diversas respuestas surgidas desde la sociedad civil.

El propósito de este capitulo es describir en el Área Metropolitana de Buenos Aires las drásticas transformaciones experimentadas por la sociedad y las diversasrespuestas que la sociedad civil ha ido delineando a lo largo de dicho proceso.Se propone examinar los efectos de las políticas neoliberales en la capacidad de la estructura productiva de generar trabajo y consecuentemente ingresos para sus pobladores, en la expresión espacial de los cambios en la estructura de oportunidades y en las diferentes formas de reacción de la población.

En primer lugar se abordan los cambios en el modelo económico e institucional y sus efectos sociales. En este sentido, se examinan las principales tendencias del mercado de trabajo, principalmente aquellas referidas al desempleo, la Precarización del empleo y la evolución del sector informal. Asimismo, aborda los impactos de dichas transformaciones en la distribución del ingreso y la extensión de la pobreza e indigencia y en la segmentación espacial de la población. En segundo lugar se describen las diferentes respuestas de la sociedad civil a estas grandes transformaciones. Específicamente se abordan los cambios en la agenda de los sectores populares, sus distintos tipos de organizaciones, formas de identificación y modos de acción.  

 

Parte 1. Cambio en los modelos económicos y sus impactos sociales 

De la crisis del modelo sustitutivo al modelo neoliberal 

Desde mediados de la década de 1970 las instituciones y políticas que dominaron la etapa de sustitución de importaciones fueron transformadas o abiertamente desmanteladas. La crisis del modelo sustitutivo y la adopción de políticas de ajuste estructural y de desregulación económica constituye un proceso complejo desarrollado a lo largo de dos décadas.  

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, los instrumentos utilizados durante la etapa sustitutiva fueron la protección tarifaria, los subsidios a la actividad industrial y una amplia intervención estatal en la economía (Thorp, 1994). Hasta la década de 1950, el proceso de industrialización fue fundamentalmente trabajo intensivo basado en la sustitución de importaciones de bienes no durables por producción local. Durante este periodo el desarrollo de la industria estuvo vinculado a satisfacer un creciente consumo interno estimulado por una clase trabajadora en expansión (Dorfman, 1983).  

Durante esos anos la centralidad económica, social y política de Buenos Aires fue reforzada. Economías de escala y un mercado de consumo en expansión estimularon la radicación y concentración de la industria manufacturera y de un conjunto de servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires [1] .  

A pesar de su relativo éxito, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de sustitución de importaciones comenzó a evidenciar sus flaquezas en Argentina, fundamentalmente debido a la falta endémica de dinamismo de sus exportaciones (Mallon y Sorrouille, 1975). Las recurrentes crisis en la balanza comercial, a las que se sumaron agudos conflictos distributivos, recurrentes crisis políticas y cambios en las condiciones internacionales condujeron a un largo periodo (1975-1990) de crisis y estancamiento económico, el cual incluyo un intento catastrófico de liberalización económica entre 1976-1982 [2] y luego la administración de una gigantesca deuda externa (el cuadro 1 resume los principales ciclos económicos desde 1975 en adelante).  

Con el advenimiento de la democracia en 1984, la economía se vio estrangulada por los requerimientos de pagos de la deuda externa. El gobierno intento repetidamente y sin mucho éxito estabilizar la economía y cumplir con sus obligaciones externas (Schvartzer, 1989).  

Si bien los anos ochenta la fueron caracterizados por la Comisión Económica para América Latina como la “década perdida” para América Latina en su conjunto, Argentina fue uno de los países que peor la padeció. Solo a modo de ejemplo, entre 1981 y 1989 su producto interno bruto se redujo un 23.5 por ciento (CEPAL, 1990).  

Al comenzar la década de 1990 y con un nuevo gobierno del Partido Justicialista, se comenzó a implementar una agresiva combinación de políticas de estabilización, desregulación y reformas estructurales (Bustos, 1995; Centro de Estudios Bonaerenses, 1995) [3] . Las principales políticas adoptadas fueron: un sistema de convertibilidad, la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación del mercado externo, de capitales y el laboral, la reforma fiscal y la integración regional (Mercosur). Estas políticas, como se expondrá a lo largo del capitulo, tuvieron una serie de impactos negativos tanto en la estructura económica como en los mercados de trabajo.  

Utilizando poderes especiales [4] , el gobierno privatizo las principales empresas publicas –producción de gas y de petróleo, teléfonos, electricidad, provisión de agua y ferrocarriles, entre otras–, redujo o elimino regimenes de promoción minera e industrial y desregulo el sistema financiero. Asimismo, redujo los aportes patronales al sistema de seguridad social, privatizo dicho sistema e introdujo una reforma de la legislación laboral tendiente a disminuir los costos de contratación y despido. Estas políticas incrementaron de forma significativa el comercio exterior argentino [5] . Sin embargo, la combinación de medidas de apertura económica con una moneda local crecientemente sobrevaluada tuvieron como consecuencia un significativo desbalance entre importaciones y exportaciones. El impacto mas evidente fue la crisis de la industria local y los crecientes problemas en la balanza comercial.  

Luego de 1991 y por unos pocos anos la economía no solo tuvo tasas de inflación despreciables sino un alto crecimiento [6] , sostenido en gran medida por el influjo de capitales extranjeros dirigidos a las empresas privatizadas y de inversiones de corto plazo. A pesar del crecimiento económico, el desempleo abierto comenzó a crecer (del 5.2 por ciento en 1991 al 12.2 por ciento en 1994). En 1995, el nuevo modelo sufre una masiva fuga de capitales externos a consecuencia de la suba de intereses en los Estados Unidos y de la crisis de 1994 en México [7] . La inflexibilidad del sistema de convertibilidad, incapaz de atenuar los impactos del shock, y la carencia de políticas sociales activas provocaron un salto histórico en la ya alta tasa de desempleo abierto (del 12 por ciento en 1994 a mas del 18 por ciento en 1995) y en los niveles de pobreza.  

No fue hasta finales de 1996 cuando la economía comenzó a dar algunos signos de recuperación. Sin embargo, dicha recuperación no duro mucho: en 1998 la economía entro nuevamente en secesión y siguió deteriorándose.  

A finales de 2001 la aguda situación económica y social sumada a una evidente inacción gubernamental disparo una dramática crisis institucional que culmino con el derrocamiento del nuevo gobierno que había surgido en oposición al del anterior presidente Carlos Menem (1989-1999). El gobierno de transición surgido a partir de dicha crisis, termino con el plan de convertibilidad.

 

Consecuentemente tuvo lugar una fuerte devaluacion cambiaria, la cual, en el plano economico, comenzó a tener rápidamente efectos positivos en la balanza comercial y en la producción de bienes locales. En 2003 asume un nuevo gobierno elegido por el voto. Este nuevo gobierno, si bien es también de corte justicialista, ha proclamado un cambio de modelo. El proceso recién comienza.  

Los impactos en el mercado de trabajo (1980-2000) 

Los cambios radicales en las políticas económicas e institucionales implementados durante la década de 1990 tuvieron impactos significativos en las características y dinámica de los mercados de trabajo. A partir de la crisis del modelo sustitutivo y a lo largo de la década de 1990, cuando se adoptaron políticas agresivas de corte neoliberal, la estructura de oportunidades laborales se transformo de manera significativa, impactando de un modo negativo tanto en la distribución del ingreso (que se torno mas inequitativa) como en los niveles de pobreza e indigencia.  

Para comprender las tendencias en el mercado de trabajo habría que tomar en consideración lo ocurrido en tres ámbitos. Uno es el de las diferencias entre las estructuras de oportunidades laborales generadas por el modelo de sustitución de importaciones frente al modelo de apertura y desregulación económica. El segundo se vincula, por un lado, con el rol y la capacidad del Estado para regular actividades y dirimir entre intereses contrapuestos de diferentes grupos sociales frente a la capacidad de dichos grupos de interés (corporaciones, sindicatos, etcétera) de negociar/imponer sus propios intereses. El tercero tiene que ver con la naturaleza de la estructura social argentina y con los cambios sociodemográficos fuertemente asociados a dicha estructura. Mas precisamente, se hace referencia a la evolución y características de la mano de obra en cuanto a sus perfiles de capital humano, genero, etcétera.  

A pesar de la serie de ciclos económicos transitados, una característica general de las ultimas dos décadas es la creciente dificultad de la estructura productiva argentina para generar puestos de trabajo (aun mas de buena calidad). Tanto los niveles de desempleo abierto como los de subempleo han crecido dramáticamente.  

Asimismo, los marcos institucionales que han regulado las relaciones y condiciones laborales han sufrido modificaciones, todas ellas tendientes a lograr una mayor “flexibilización” en las normas de contratación y despido de trabajadores. Estos cambios junto con el significativo deterioro en la demanda de empleo han producido no solo un numero creciente de puestos de trabajo precarios sino que también han afectado en forma notoria la capacidad de los trabajadores a resistirlos.  

Por otra parte, como se vera mas adelante, la estructura de la oferta laboral ha variado. Hoy son muchas mas mujeres las que están dispuestas a trabajar y han tenido lugar mejoramientos muy significativos en los logros educativos de la población trabajadora [8] .  

El aumento en el desempleo. La cara visible de la exclusión social Durante los anos noventa una porción importante de la fuerza de trabajo fue literalmente excluida del empleo. Entre 1991 y 2001, la tasa de desempleo abierto creció en un 267 por ciento. Sin embargo, es posible distinguir diversas fases a lo largo de la década. De 1991 a 1993 la economía argentina creció en forma acumulada un 25 por ciento. En ese breve periodo tanto el numero de empleos como el de personas dispuestas a ocuparlos también crecieron. A poco de andar, el nuevo modelo comenzó a evidenciar un rasgo preocupante, al menos desde el punto de vista social. Aun en su época de auge, la economía crecía pero con enormes dificultades para generar un numero adecuado de puestos de trabajo. Entre 1993 y 1994 la oferta de trabajo continuo creciendo mientras que la demanda comenzó a estancarse. Consecuentemente la tasa de desempleo abierto continúo en alza. Para 1995, la situación empeoro en forma significativa y el desempleo abierto alcanzo un nivel histórico: en el Área Metropolitana de Buenos Aires (amba) alcanzo el 20.2 por ciento [9] .  

A pesar de la recuperación económica posterior, la baja en el nivel de desempleo no fue muy significativa (decreció alrededor de un 20 por ciento entre 1995 y 1998). De 1998 a 2001 la economía entro en su ultima faz recesiva y la tasa de desempleo volvió a crecer de manera significativa (Beccaria, 2002).  

Las razones que explican este incremento tan significativo del desempleo abierto son múltiples. Una se relaciona con los procesos de privatización de empresas estatales. Si bien la falta de datos rigurosos no permite establecer la perdida exacta de puestos de trabajo debido a este factor, existe evidencia fragmentaria que indica que dicha perdida fue significativa [10] . Por ejemplo, en Buenos Aires la tasa de desempleo en la administración publica se duplico entre 1991 y 1992, y luego de decrecer en 1993, volvió a incrementarse en 1994. Asimismo, el porcentaje de empleados estatales sobre el empleo urbano total cayo del 19 por ciento en 1990 al 14 por ciento en 1995 (Marshall, 1998).  

Una segunda razón de la disminución de puestos de trabajo se relaciona con el proceso de reorganización productiva llevado a cabo en grandes firmas. Este proceso fue favorecido por el tipo de cambio y la consecuente facilidad Para efectuar inversiones en bienes de capital en un contexto de mayor competitividad externa. En otras palabras, durante el periodo las firmas que se mantuvieron en el mercado incrementaron su productividad y ajustaron su fuerza de trabajo. Así, por ejemplo entre 1990 y 1995, mientras el valor bruto agregado en las firmas manufactureras creció un 14.5 por ciento (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1996) el numero de trabajadores en dichas firmas disminuyo en un 10 por ciento.  

Una tercera razón del achicamiento de la demanda laboral se relaciona con las dificultades de las empresas medianas y pequeñas para operar en un mercado de bienes y productos mucho mas competitivo. Entre mediados de las décadas de 1980 y 1990 el numero de establecimientos pequeños y medianos decreció aproximadamente un 24 por ciento, lo que represento una perdida de neta de 140,000 puestos de trabajo (CEPAL, 1997). En ese mismo periodo, el sector comercio, que tradicionalmente ocupa una importante porción de la mano de obra, también sufrió una significativa reestructuración, fundamentalmente una mayor concentración de la actividad en establecimientos de gran escala.  

La grafica 1 muestra el notable incremento en los niveles de desempleo abierto desde 1980 hasta 2003, el cual afecto con mayor intensidad a los hogares bajo la línea de pobreza [11] .  

A partir del ano 2003, con la incipiente mejora de la economía, el altísimo nivel de desempleo evidenciado en el ano 2002, comienza a decrecer de forma significativa. La tasa de desempleo abierto para el total del área metropolitana, que alcanzo el 22 por ciento en mayo de 2002, se reduce al 16.4 por ciento en tan solo un año.  

 

La oferta laboral también sufrio transformaciones 

Uno de los cambios mas salientes que tuvo lugar durante el periodo fue la aceleración en el ritmo de incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo. Así, por ejemplo, durante los primeros anos de la década de 1990 el aumento en la tasa de participación femenina fue superior al incremento experimentado durante toda la década de 1980. En la actualidad, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, seis de cada 10 mujeres entre 20 y 49 anos forman parte de la fuerza de trabajo [12] .                                                                

Si bien las explicaciones tradicionales sobre el incremento de la participación económica femenina enfatizan los efectos positivos del mejoramiento en los niveles educativos, los cambios en los valores culturales sobre los roles de genero y la expansión y diversificación de ciertas actividades económicas, como es el sector terciario, estas razones aparentan ser insuficientes para explicar la celeridad del cambio ocurrido. En particular, si se toma en cuenta que la mayor propensión a trabajar de las mujeres coincidió con un aumento significativo en la tasa de desempleo abierto.  

La incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo, tanto como empleadas o desocupadas, se ha vinculado al creciente desempleo e inestabilidad laboral de los varones jefes de hogar. Cerrutti (2000) encontró que en aquellos hogares cuyos jefes habían pasado de ser ocupados a ser desocupados o inactivos la probabilidad de que las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo era mucho mas elevada que en los hogares donde los jefes permanecían inactivos.  

También durante la década de 1990 cobro mayor importancia la codependencia de los comportamientos laborales de los miembros de las parejas [13] .  Wainerman y Cerrutti (2001) mostraron como la condición de actividad de los maridos, como el tipo de ocupación (mas o menos inestable o precaria) fueron cobrando mayor relevancia –en comparación a variables familiares como el numero y edad de los hijos– en los modelos explicativos de la decisión de las mujeres de participar en el mercado de trabajo.  

 

La creciente importancia del trabajo asalariado desprotegido 

Otro de los fenómenos más significativos que caracterizan a los cambios experimentados en el mercado de trabajo urbano argentino ha sido el aumento sistemático del empleo desprotegido o “precario” [14] . Una clara indicación de este fenómeno se manifiesta en el incremento significativo de trabajadores sin beneficios laborales (contribución a la seguridad social, seguro medico, etcétera) entre los asalariados. La incidencia de este tipo de empleo creció en forma sistemática desde la década de 1980 en adelante. El porcentaje de asalariados protegidos (con todos los beneficios laborales) paso del 67 por ciento en 1980 al 55.7 por ciento en 2001. Fue aun mas dramática la evolución de quienes no cuentan con dichos beneficios: del 12.8 al 35.8 por ciento.  

Tradicionalmente han sido los pequeños establecimientos (los que ocupan hasta cinco empleados) en donde se concentra mayormente el trabajo asalariado precario. En ellos durante las timas dos décadas el porcentaje de asalariados desprotegidos mas que se duplico (del 34.3 al 71.4 por ciento). Cabria, sin embargo, señalar que el proceso de precarización también alcanzo a los asalariados que trabajan en establecimientos de mayor tamaño (veáse cuadro 2). En el Área Metropolitana de Buenos Aires la probabilidad de ser un asalariado desprotegido se ha duplicado entre 1980 y 1991 y algo similar ocurrió entre 1991 y 2001 [15] . Tanto en el pasado como en el presente el ser un asalariado desprotegido se encuentra negativamente asociado tanto con la edad como con el nivel educativo. Es decir, son los asalariados mas jóvenes y los que tienen niveles educativos mas bajos quienes con mayor frecuencia se encuentran en esa Situación. Asimismo, los sectores en donde más se concentra el empleo desprotegido son la construcción y los servicios personales.  

Cambios en el sector informal 

En Argentina, durante la etapa de sustitución de importaciones, el sector informal –entendido como aquel que concentra actividades de tamaño reducido y baja productividad, generadas por un excedente en la oferta de trabajo– fue en comparación a otros países de América Latina relativamente pequeño. Esto no significa que la relevancia de actividades desarrolladas en pequeña escala (empresas pequeñas y medianas) fuera insignificante. Por el contrario, estas empresas, aun las comandadas por trabajadores por cuenta propia, han tradicionalmente concentrado una porción considerable de la fuerza de trabajo urbana.

 

Sin embargo, debido a varias razones, estas actividades en conjunto no podían ser consideradas como típicamente “informales”. Por un lado, Argentina se ha caracterizado históricamente por tener tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas y consecuentemente una menor presión de la oferta de trabajo en comparación a otros países de la región. Por el otro, debido a la estructura social del país. Argentina fue por muchas décadas un país prospero con una estructura social caracterizada por una extensa clase media. En gran medida estas actividades de pequeña escala se desarrollaban por y para atender las necesidades de la clase media. La fuerza de trabajo integrada a dichas actividades tenia, en general, niveles de calificación medios y una porción relevante contaba con beneficios laborales.  

Con la crisis del modelo sustitutivo y el deterioro general en las condiciones del mercado de trabajo las características del empleo en pequeña escala así como el trabajo independiente comenzaron a cambiar. Desde 1980 hasta 1991, cuando comenzaron a aplicarse las políticas de ajuste estructural y de desregulación y liberalización de la economía crecientemente estas actividades comenzaron a cumplir un rol de “refugio” de trabajadores despedidos del sector formal o de aquellos que no podrían encontrar un empleo favorable. Así, por ejemplo, para el Área Metropolitana de Buenos Aires, la proporción de trabajadores en actividades en empresas con menos de seis empleados, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, se incrementaron del 44.9 al 54.5 por ciento. Este aumento coincidió con un cambio sectorial de la mano de obra, es decir, con una disminución de trabajadores en la industria manufacturera y un incremento de trabajadores en actividades de tipo terciarias. En 1991 la probabilidad de trabajar en pequeños establecimientos fue un 25 por ciento mas alta que en 1980, evidenciando así el rol relevante que cumplieron estas actividades [16] .

A partir de 1991 el sector de actividades independientes y pequeñas empresas perdió en gran medida su capacidad para absorber trabajadores desocupados o desplazados del sector formal. Este proceso se relaciona con el hecho de que las actividades informales en la industria como en el comercio comenzaron a tener grandes dificultades para competir en un mercado crecientemente inundado por productos importados y por una caída en la capacidad de compra de los sectores bajos debido al desempleo. Extensos sectores económicos se vieron afectados por la apertura unilateral de la economía, como la industria del vestido y del calzado, y los servicios de reparación entre otros. El pequeño comercio también se vio negativamente afectado por la radicación de supermercados y shopping centers. El desplazamiento masivo de trabajadores junto con la presión de la fuerza de trabajo en búsqueda de empleo para compensar la perdida en los niveles de vida familiar comenzaron a poner en evidencia la creciente dificultad del sector informal para actuar como refugio de la mano de obra.  

Durante la década de 1990 se da entonces una situación algo paradójica: el sector informal no solo no aumenta sino que parece disminuir al mismo tiempo que el desempleo llega a un record histórico y que persiste el incremento del trabajo asalariado desprotegido, aun en los establecimientos formales [17] .  

 

Datos sobre los factores sociodemográficos asociados al trabajo en estas actividades indicarían que ha tenido lugar una modificación en su composición y que actualmente en su conjunto estarían ganando mayor relevancia aquellas de carácter mas marginal [18] . 

Un mercado de trabajo mucho más vulnerable 

Al establecer una topología de situaciones laborales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y examinar su evolución a lo largo del tiempo surge un resultado dramático (vease cuadro 3). Tomando a la fuerza de trabajo en su conjunto, se observa que dentro de la población económicamente activa, el conjunto de personas en situación laboral vulnerable (es decir los desempleados, los trabajadores por cuenta propia de baja calificación y los trabajadores asalariados desprotegidos) ha pasado de ser de menos de un tercio en 1980 a la mitad del total en 2001.  

Dentro de estas situaciones laborales vulnerables la mas relevante es el crecimiento de la desocupación (del 2.8 al 20.1 por ciento). En términos de incrementos relativos no es nada despreciable el aumento de trabajadores asalariados en establecimientos medianos y grandes desprotegidos (del 2.8 al 7.8 por ciento) y de los trabajadores asalariados en establecimientos pequeños sin protección laboral (del 5.9 al 12.5 por ciento).  

Evolución de la pobreza y de la distribución del ingreso 

El deterioro en las condiciones del mercado de trabajo trajo como consecuencia un incremento en la segmentación social y en un crecimiento sostenido en la desigualdad social y en los niveles de pobreza. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la creciente inequidad de ingresos queda claramente evidenciada en la evolución del coeficiente de Gini (vease grafica 2). Para los ingresos per capita totales dicho coeficiente paso de 0.411 en 1980, al 0.437 en 1990, alcanzando un 0.446 en 1997 (Altimir y Becaria, 2001). Si dicho coeficiente se estima para los ingresos per capita del hogar, el incremento de la desigualdad es aun mas pronunciado (del 0.343 en 1980 al 0.475 en 1997).  

Los motivos por los cuales tuvo lugar un incremento en la desigualdad fueron variando a lo largo de la década de 1990 de acuerdo con la evolución económica y del mercado de trabajo.  

Tres serian los factores que darían cuenta de dicha evolución: la variación en los ingresos mensuales de los ocupados; el nivel de actividad de los miembros del hogar; y el nivel de empleo de los miembros activos del hogar. Dos estudios recientes [19] . concluyen que durante los primeros anos de la década de 1990, la rápida estabilización de la economía y sus impactos macroeconomicos trajeron como consecuencia una recuperación en los niveles reales de las remuneraciones en particular para aquellos trabajadores con bajos ingresos y en niveles educativos.  

Sin embargo, la reestructuración de sectores económicos (particularmente la manufactura) que se llevo a cabo durante los primeros anos de la década tuvo consecuencias negativas en la evolución del desempleo abierto. Gran parte del incremento en la desigualdad durante dichos anos se debió entonces a la expansión del desempleo. En los anos subsiguientes el factor que mas contribuirá al incremento de la inequidad será una creciente diferenciación en los niveles de remuneraciones fundamentalmente debido a los altos ingresos relativos de trabajadores con alta calificación.

 

La evolución en los niveles de pobreza, medidos a partir de la línea de pobreza, fue un tanto diferente. La crisis hiperinflacionaria ocurrida en 1989 había dejado a un numero muy significativo de los hogares bajo la línea de pobreza.  

En este sentido, el proceso de estabilización económica condujo a una baja muy significativa en la tasa de inflación. Consecuentemente, la leve recuperación de los salarios evidenciada en los primeros anos de la década impacto en una reducción significativa en los niveles de pobreza (vease grafica 3).  

A partir de 1994, y como resultado del creciente desempleo abierto, el numero relativo de hogares bajo la línea de pobreza comenzó a crecer. Si bien el aumento de la pobreza se dio en toda el área metropolitana, fue aun mas intenso en los cordones económicamente más desfavorecidos. Desde 1995 hasta el ano 2000 los niveles de pobreza siguieron de cerca a los ciclos económicos. En el ano 2001, unos meses antes de la crisis político-institucional, los niveles de pobreza alcanzaron niveles cercanos a los detectados durante la crisis de hiperinflación en 1989.  

En octubre de 2002, el 42.3 por ciento del total de hogares del área metropolitana (incluyendo la ciudad de Buenos Aires) se encontraba bajo la línea de pobreza. A partir de dicha fecha, con la incipiente mejora en la situación económica, el porcentaje de hogares pobres comienza a reducirse. Así, en mayo de 2003, dicho porcentaje decrece al 39.4 por ciento.  

 

Las políticas remediales de combate a la pobreza 

Con anterioridad a la década de 1990, Argentina se caracterizaba, en términos de sus políticas sociales, por contar con un sistema universalista de provisión publica de educación y salud, un sistema de seguridad social ligado al empleo con grandes dificultades de financiamiento a largo plazo y con una legislación laboral protectora en discusión. Este esquema fue modificado a partir del nuevo paradigma ideológico para el cual “la prioridad del Estado en los anos noventa en el área de políticas sociales no fue atender necesidades sociales de la población carenciada, sino mas bien atender requerimientos institucionales y corporativos de distintos actores (gobiernos locales, provinciales, organismos multilaterales), la necesidad de mantener una serie de equilibrios y compromisos, de no perder apoyo político de sindicatos y gobernadores del mismo partido” (Acuna, Kessler y Repetto, 2002: 52).  

Una característica de la década fue entonces la fragmentación y dispersión de programas sociales. Tanto la pobreza como el desempleo inicialmente no formaban parte de la agenda social del gobierno. Sin embargo, con el correr del tiempo y el deterioro en los indicadores sociales, fueron constituyéndose en aspectos a ser atendidos desde el ámbito de la política social [20] . 

En un marco de creciente desempleo y protestas sociales comenzaron a ponerse en practica una serie de planes de fomento al empleo, todos ellos de baja cobertura y corta duración (Goldbert, 1998). Estos planes de empleo transitorio con una remuneración mínima, entre los cuales se destaca el Plan Trabajar en sus diversas fases, llegaron a contar con una población promedio mensual beneficiaria de 125,000 personas en el ano 1997. Dicha cifra de beneficiarios, sumada a la de la prestación promedio mensual del seguro de desempleo (en alrededor de 95,000), resultaba insignificante cuando se la comparaba al numero total de trabajadores desocupados en situación de pobreza [21] .  En 1997 solo el 13.7 por ciento del total de desocupados era beneficiario de un plan de empleo o contaba con seguro de desempleo.  

  

Si bien no es nuestro objetivo brindar una visión comprensiva de las políticas sociales a lo largo de la década de 1990 [22] , queremos resaltar un hecho relevante que tendrá consecuencias de gran envergadura en las formas de protesta y organización popular en Argentina de hoy. En el ano 2002, como respuesta a la movilización social y politica que conmovió al país, se creo por decreto el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Este programa nacional fue diseñado por el gobierno de transición luego de la crisis de diciembre de 2001. El plan tiene una amplísima cobertura y brinda un ingreso mínimo mensual a sus beneficiarios, quienes como contrapartida deben realizar actividades que pueden ser productivas, comunitarias o de formación.  

El programa establece una gestión descentralizada, otorgando a los gobiernos locales –municipios y comunas– un rol relevante en la administración de proyectos y beneficiarios. Desde sus propios diseñadotes, el nuevo plan se inscribe en una nueva lógica de la política social, “diferente a la que caracterizo buena parte de los planes y programas implementados a partir de la década de 1990, asociados al desarrollo de acciones focalizadas dirigidas a grupos mas vulnerables del mercado de trabajo” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2003: 21). El programa, a diferencia de las políticas focalizadas, postula un alcance al universo de desocupados [23] . 

En comparación con el alcance de los programas que se habían venido implementando, este tiene una cobertura muy significativa. Así, por ejemplo, si durante los últimos anos de 1990 y hasta 2002 el numero promedio de beneficiarios mensuales de los programas de empleo de características similares al Plan Jefas y Jefes era de alrededor de 100,000 personas, con la puesta en practica del plan dicho numero aumento a 1'400,000 personas en 2002 y a 2'300,000 en marzo de 2003.  

Como se vera a lo largo de la segunda parte del capitulo, la instauración del programa y sus formas particulares de distribución de beneficios ha tenido una serie de consecuencias en la dinámica de las organizaciones populares.  

 

Las transformaciones en el delito 

Las transformaciones socioeconómicas analizadas tienen incidencias múltiples en las creencias y las practicas socioculturales. Este incremento del desempleo y la exclusión conlleva una verdadera transformación de la cotidianidad y de los horizontes de sentido. El fin de la sociedad salarial implica el fin de un tipo de lazo social, del disciplinamiento industrial y de las formas de organización obrera que la caracterizaba. Esto implica que si los modos de exclusión son diferentes, también lo son las prácticas sociales relacionadas. En relación con el Delito esto tiene una doble incidencia: por una parte, un aumento y cambio de las practicas delictivas; por otra, una nueva percepción y significación social del delito.  

Históricamente Buenos Aires se ha caracterizado por sus bajas tasas de delito, en especial cuando se la compara con otras áreas metropolitanas de la región. Esta situación cambio radicalmente durante la década de 1990, cuando, acompañando el proceso de deterioro social y político, dichas tasas aumentaron muy significativamente. Si bien son múltiples los factores que fundamentan dicho incremento, no es sorprendente la alta asociación entre la evolución de las tasas de delito y el deterioro en el mercado de trabajo, en particular el aumento del desempleo abierto y el subempleo. Datos oficiales muestran esta evolución del delito: entre 1991 y 2001 para el país en su conjunto la tasa de delito más que se duplico (vease grafica 4). El incremento fue aun muy superior en la ciudad de Buenos Aires, la región mas rica del país, para la cual la tasa de delito creció para el mismo periodo cuatro veces.

  

El delito contra la propiedad que representa aproximadamente dos tercios del total de delitos, subió un 113 por ciento para el país en su conjunto, un 340 por ciento para la ciudad de Buenos Aires y un 160 por ciento para el resto de la provincia de Buenos Aires. Dentro de las localidades bonaerenses del área metropolitana, el delito se incremento con mayor intensidad en aquellas mas afluentes (vease grafica 5).

   

Los datos sobre victimización–provistos por el Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos– muestran una evolución un tanto diferente a la observada mediante las tasas de delito oficiales. Por un lado, dan cuenta de que un alto porcentaje de la población ha declarado ser victima de delito. Así, por ejemplo para el ano 2001 el 39.6 por ciento de los residentes en la ciudad capital y el 39.3 por ciento de los residentes en el conurbano bonaerense declararon haber sido victima de algún delito [24] . Esta incidencia superior del delito que arrojan las cifras sobre victimizacion se debe en gran medida a la falta de denuncia policial por parte de las victimas [25] .  Al igual que lo observado con relación a las cifras oficiales sobre delitos, la vasta mayoría de las victimas declaran que se trato de delitos contra la propiedad [26] . Asimismo, los datos sobre victimización muestran que son las personas con mayores niveles socioeconómicos las que han tenido más chances de ser victimas de delitos. 

Di Tella, Galiani y Schargrodsky (2002), por su parte, analizaron la relación existente entre victimización y distribución de los ingresos. Utilizando una encuesta retrospectiva sobre victimización examinaron la evolución del crimen de acuerdo con el nivel socioeconómico de las victimas. Encontraron que en el caso de robo a la vivienda, fueron los pobres quienes sufrieron el mayor incremento. En el caso de robo callejero ambos grupos sufrieron una evolución similar. Según los autores este hallazgo es consistente con el hecho de que son los sectores económicamente mas afluentes los que pueden proteger sus hogares con sistemas costosos de seguridad. También encontraron que no existen diferencias en la probabilidad de denunciar los hechos delictivos por parte de ambos grupos ni en su acceso a la justicia.  

Otros estudios muestran transformaciones en la forma que adquiere el delito en si, en particular el uso de la violencia. En el siglo xx se había producido una dosificación de la violencia criminal. El delito tendía a profesionalizarse, se incrementaban los crímenes dolosos frente a los pasionales y la violencia era regulada en función de la necesidad ante el objetivo. “Solo mate cuando era necesario” explicaba un delincuente (Isla, 2002). En contraste, en Argentina durante la década de 1990 se revierte la tendencia a la disminución de violencia en el dolo, aumentando la tasa de homicidios en el momento de cometer el delito (Gayol y Kessler, 2002: 30-31).  

Por su parte, Kessler encontro que jovenes de sectores populares testimonian el cambio de una logica del trabajador a la lógica del proveedor, donde la legitimidad del ingreso no se establece por su origen sino con relación a que satisfaga algún tipo de necesidad. Eso implica que delito y trabajo no se contraponen, sino que se articulan en diversas formas intermedias entre legalidad e ilegalidad (Kessler, 2002).   

Por ultimo, hay un cambio importante en las representaciones sociales acerca de la delincuencia y la inseguridad. Las clases subalternas –o fracciones de ellas– vuelven a ser peligrosas, pero ahora no por ser trabajadores, sino justamente, por haber dejado de serlo. No es ya la masa como un cuerpo gigantesco al que se tema, sino a individuos anómicos y desocializados; el riesgo es mas de implosión que de explosión social (Gayol y Kessler, 2002: 18).  

En la mayor parte de las encuestas de opinión publica desde finales de los años noventa hasta 2003 el tema numero 1 de la agenda es el desempleo y el numero 2 la inseguridad. En contraste con estas percepciones muy relacionadas a los discursos de los medios de comunicación, puede señalarse que en el estudio etnográfico que hemos realizado en cuatro barrios populares de Buenos Aires (vease infra) la distancia entre la preocupación por el desempleo y por la inseguridad es mucho mayor. La inseguridad es un problema ubicado después de la alimentación, la salud, la vivienda o el nivel de ingresos. Considerando los ocho barrios visitados por nuestro equipo, solo en uno había problemas abiertos y muy serios con la seguridad.  

En ninguno de estos barrios ha habido acciones colectivas respecto de la inseguridad, aunque si hubo protestas muy acotadas en dos barrios populares del conurbano durante 2003. En los sectores populares la “inseguridad” no se asocia necesariamente al delito realizado por pobres, sino también al miedo que genera la policía. Son comunes las denuncias por maltrato policial, las protestas por casos de asesinatos realizados por policías (practica conocida popularmente como “gatillo fácil”), así como por la inacción o complicidad policial ante situaciones delictivas.  

 

La expresión espacial de los cambios sociales 

Los cambios macroeconómicos y sus efectos en la creciente segmentación y dolarización social tuvieron su expresión en el espacio, tanto en términos sociodemograficos como socioculturales. Los cambios en el modelo económico reforzaron las tendencias en el proceso de urbanización puestas de manifiesto algunas décadas atrás. Argentina históricamente se caracterizo por su altísima y temprana urbanización [27]  y por una significativa primacía de Buenos Aires [28] .  

Sin embargo, desde hace varias décadas, la tendencia es a la disminución de la importancia relativa de Buenos Aires en el concierto urbano.  

Tanto factores demográficos como económicos y sociales contribuyen a explicar la baja en el peso relativo y la pérdida de atracción del Área Metropolitana de Buenos Aires [29] . La situación del mercado de trabajo genero que la principal metrópolis no atrajera migrantes internos con la misma intensidad con que lo había hecho en las décadas de 1950 y 1960. Además, para un vasto sector de la sociedad, la calidad de vida en la principal metrópolis disminuyo no solo a consecuencia de la falta de empleos adecuados sino también debido a un deterioro significativo en los servicios y la infraestructura publica [30] . 

También hubo cambios pronunciados en la organización socioespacial del Área Metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad cuya organización espacial se encuentra estrechamente relacionada con los sectores socioeconómicos. Un empleado o profesional de clase media puede pasar meses o anos sin ver las “villas miseria” ubicadas fuera de sus circuitos cotidianos. Las áreas en las que viven y trabajan los sectores medios y altos se encuentran relativamente cercanas al Río de la Plata y hacia el norte de la ciudad. A medida que aumenta la distancia respecto del rió y del norte tiende a descender paulatinamente el nivel socioeconómico de la población. Así, Buenos Aires produce entonces un sentido territorial en degradé con algunas fronteras imperceptibles –aunque significativas– y otras mas evidentes. La frontera mas relevante es la que separa la capital federal (donde viven menos de 3 millones de personas) del conurbano (donde viven mas de 8 millones) y, por lo dicho antes, especialmente el limite al sur de la capital.  

Buenos Aires contrasta con ciudades como Río de Janeiro –u otras ciudades brasileñas– en las que desde los edificios mas lujosos pueden verse las favelas. Por otra parte, en las “villas miseria” de Buenos Aires la convivencia entre personas y grupos de diferentes países y provincias contrasta con los guetos etnicoraciales de Estados Unidos. Tradicionalmente, la relación entre territorialidad y etnicidad estuvo marcada por el modelo del conventillo, espacio donde los migrantes de los países mas diversos compartían su vida conflictivamente. De esta manera, el nivel socioeconómico se asocio con la territorialidad mucho mas que cualquier otro elemento [31] .  

En la ultima década se intensifico la apropiación diferencial de los espacios por parte de los distintos sectores sociales, generando una creciente segmentación socioespacial. Para contextualizar las tendencias recientes, habría que remarcar que la expansión poblacional en las áreas periféricas del área metropolitana fue estimulada durante la etapa sustitutiva por políticas redistributivas que promovían el acceso a la vivienda por parte de la clase media y la clase trabajadora (Torres, 1993). Esta expansión urbana se dio de una manera muy heterogénea. La carencia de planificación urbana genero un uso de espacio incompatible, una deficiente articulación de vías de circulación y un insuficiente equipamiento e infraestructura urbanas. Como era de esperar, este proceso origino una apropiación diferencial del espacio urbano: las clases medias y altas residiendo en áreas con mejores localizaciones ecológicas y la clase trabajadora en áreas problemáticas desde el punto de vista ecológico. Con el tiempo este proceso se fue intensificando [32] . Durante la década de 1980 las demandas populares por la tierra fueron crecientemente planificadas (Merklen, 1991). Se multiplicaron las organizaciones populares para la toma de tierras y para la demanda de su regularización. El deterioro socioeconómico y los cambios políticos implicaron un cambio en las acciones de los movimientos populares. Los actores políticos comenzaron a enfatizar lo “local” y lo “gestionario” (Torres, 1993). Durante la década de 1990, debido a las condiciones económicas adversas sufridas por gran parte de la población, la expansión urbana se desacelero. La venta de parcelas y los asentamientos ilegales disminuyeron (Clichevsky, 2001). La principal tendencia urbana fue la dolarización residencial, tanto dentro de la capital federal como en las localidades suburbanas. Podría sostenerse que así como a partir de mediados de la década de 1980 los actores sociales mas relevantes en la definición de espacios sociales fueron los pobres, en la de 1990 serán los ricos. En la ciudad de Buenos Aires, entre 1991 y 1999 el numero de viviendas de lujo se incremento mas de cuatro veces (datos provenientes de Torres, 2001), y el número de viviendas simples o regulares decreció más del 10 por ciento. Asimismo, y contrastando con lo anterior, el numero de personas viviendo en “villas miseria” dentro de la ciudad capital aumento de 11,157 en 1983, a 39,897 en 1987-1990 y a 59,977 en 1993-1995.  

El proceso de suburbanización de las elites se intensifico. En búsqueda de ambientes más naturales, seguros, socialmente homogéneos y con mejor equipamiento que el provisto por el Estado, las elites se mudaron a comunidades cerradas (barrios cerrados o country clubs). El crecimiento de estas comunidades fue abrumador [33] y concentrado mayormente en unas pocas localidades. En dichas localidades cohabitan entonces grupos de muy altos y muy bajos ingresos. Estos últimos son los que proveen de los servicios personales necesarios a los primeros.  

Durante el periodo 1990-1998, 2,000 millones de dólares fueron invertidos por capitales privados en la construcción de autopistas (Cicolella, 1999). Mediante ellas los sectores de altos recursos llegan cómodamente a sus comunidades cerradas sin ni siquiera tener un contacto mas directo con los pobres suburbanos. La gran mayoría de la inversión privada durante esos anos fue entonces dirigida a la construcción de centros comerciales, comunidades cerradas, hipermercados y hoteles. Como sostiene Cicolella (1999) la profunda dolarización y fragmentación social en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha sido en gran medida originada por este tipo de inversiones.  

La otra cara de la moneda ha sido el deterioro generalizado en los barrios tradicionales de los sectores populares de clase baja y media. Las políticas neoliberales también implicaron un nuevo tipo de exclusión espacial de los pobres urbanos. Los tradicionales barrios obreros, distantes de los barrios de clase media, se convirtieron en barrios de desocupados. En los momentos mas agudos de la crisis la suma de desempleo y subempleo en algunos barrios casi abarcaba a la totalidad de sus habitantes. Eso generaba una crisis en el transporte publico, y se reducían las conexiones entre esos barrios y la ciudad.  

Así, Buenos Aires parecía desplazarse del modelo del conventillo al modelo del “gueto”. Es decir, un desplazamiento de un modelo de espacios compartidos con fronteras simbólicas relativamente blandas a otro en el que las fronteras territoriales duras se convierten en hegemónicas. Se trataría mas bien de un gueto social, antes que de uno etnico o racial. Esta caracterización resulta relevante ya que, a continuación, se vera que las organizaciones de desocupados son agrupamientos de vecinos desempleados de un barrio.  

Un argumento de nuestro estudio es que la segregación espacial es una condición necesaria –aunque no suficiente– para el surgimiento de nuevos movimientos de desocupados. No hemos encontrado movimientos de desocupados fuertes en barrios socialmente heterogéneos [34] . El gueto social, paradójicamente, coadyuva al surgimiento de esas organizaciones. Es el viejo “dormitorio obrero” devenido espacio comunitario de la desocupación. Además, es muy frecuente la relación entre los nuevos asentamientos de la década de 1980 y las organizaciones “piqueteras” de finales de la de 1990 [35] . Podría entonces establecerse una fuerte conexión entre el salto cualitativo de segregacion espacial –producto del neoliberalismo– y las nuevas formas populares de organización popular, con sus características organizacionales e identitarias.  

Parte 2. La vida organizacional en zonas populares de Buenos Aires [36]  

Ante este panorama social ha habido múltiples respuestas de la sociedad civil. En diversas fases históricas existen distintos tipos de organizaciones, con diferentes reclamos, identidades y modos de acción. Argentina se ha caracterizado por una fuerte tradición sindical, así como por una densa trama organizacional en los barrios. El terrorismo de Estado de la dictadura militar implico la muerte y desaparición de casi una generación de lideres populares y estudiantiles. A pesar de ello durante la dictadura hubo diversos modos de resistencia y durante la década de 1980, ya en contexto constitucional, hubo intensas protestas abarcando cuestiones de derechos humanos, sindicales, de vivienda y educativas.  

El contraste entre el “clima” ideológico y cultural de los anos setenta y de los noventa es obviamente notorio. Si nos limitamos a considerar a las organizaciones populares, sus modos de acción y sus reclamos, el contraste con la década de 1970 se vincula a que los sindicatos fueron antes un actor central de la vida política argentina. Incluso, durante los cinco anos y medio del gobierno de Alfonsin (1983-1989) la Confederación General del Trabajo realizo 13 huelgas generales. En cambio, la década de 1990 se caracteriza por la pérdida del protagonismo sindical y el surgimiento de nuevos fenómenos. Con la llegada del peronismo al gobierno en 1989 y la aplicación extrema de las recetas neoliberales por parte del presidente Carlos Menem, los grandes sindicatos fueron oficialistas. Integrados a la gestión gubernamental, las negociaciones se centraron en cuestiones como el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales y límites a la inmigración, a la vez que el desempleo se multiplicaba tres y hasta cuatro veces.  

Durante el auge del neoliberalismo, en Argentina se generaron las condiciones para un amplio consenso social para establecer un sistema de convertibilidad del peso y el dólar que persistió hasta enero de 2002. Después de una oleada de huelgas y protestas resistiendo en la medida de lo posible a la oleada privatizadora, los grandes sindicatos (además de perder afiliados) fueron cooptados por el gobierno de corte justicialista. Por su parte, amplios sectores medios seducidos por el acceso a bienes de consumo mediante el crédito y percibiendo salarios en valor dólar prestaron consenso a las nuevas políticas que prometían el rápido ingreso del país al Primer Mundo [37] . 

Durante los primeros anos de la década de 1990 se consolidaron ciertas características de las protestas sociales que ya estaban presentes desde la década anterior. Había una abundante movilización de recursos colectivos, […] un grado alto de fragmentación y escasa durabilidad en las protestas […], la concentración del reclamo sindicalizado en los gremios de servicios y estatales […], un crecimiento de la protesta de matriz cívica, con un carácter marcadamente diversificado y con rasgos claros de localización y singularidad. Por ende, con alta fragmentación y escasas probabilidades de construir sujetos unificados de acción de cierta permanencia en el tiempo y extensión en el espacio (Schuster y Pereyra, 2001: 59-60).  

Sin embargo, a finales de la década esta situación ha cambiado. Se han Constituido sujetos con identidades nuevas, como los piqueteros [38]  o las fabricas recuperadas, lejanos a la protesta sindicalizada tradicional, pero también a los rasgos de fuerte singularidad que dificultaban la permanencia en el tiempo y la extensión en el espacio [39] . 

Resulta entonces necesario distinguir al menos dos momentos en la década de 1990: la primera fase de auge neoliberal (expresado en la reelección del presidente Menem en 1995) y una fase de crisis. Creciente estancamiento económico y una franca secesión desde la segunda mitad de 1998 se combinaron con una legitimidad política socavada lentamente por el aumento de la pobreza, el desempleo y la corrupción. Mientras tanto, comenzaron a emerger con diversa intensidad nuevas organizaciones populares y nuevos modos de protesta.  

Después de intensas huelgas, en los anos 1989 y 1990 se produjo una notoria caída de estas, hasta que comenzaron a incrementarse levemente, junto al aumento de los cortes de ruta en 1997.  

La crisis de legitimidad del modelo y la dramática crisis económica avanzaron hasta su estallido en diciembre de 2001. En un contexto recesivo, con muy alto desempleo y crisis bancaria el gobierno estaba inmóvil excepto para decidir una drástica restricción del acceso al dinero depositado en los bancos (el “Corralito”). En ese contexto se produjo el “Cacerolazo” del 19 de diciembre y las movilizaciones del 20 de diciembre que culminaron en la renuncia del Presidente. Entre enero y marzo de 2002 hubo intensas movilizaciones en todo el país. En diciembre de 2001 se contabilizaron 859 cacerolazos, 706 en enero de 2002, 310 en febrero y solo 139 en marzo. De hecho, es probable que 2002 haya sido el ano con mayor cantidad de movilizaciones callejeras de los últimos 15 anos. Si se compara con el grado de conflictividad social de 2004, comparativamente bajo, resulta claro que la fase abierta a finales de la década de 1990 se ha cerrado, aunque aun resulte difícil precisar las características de la etapa actual.

 

Entre finales de los anos noventa y 2003 se desarrollaron al menos cinco procesos de organización popular que merecen ser destacados. Han surgido nodos de redes de trueque, donde se busca resolver o paliar la carencia de dinero necesaria para el mercado a través del intercambio de bienes o saberes con otras personas en un circuito informal que en su auge involucro a 2 millones de personas (Hintze, 2003). Han crecido y se han expandido los comedores populares que, obteniendo insumos por parte de gobiernos municipales y eventualmente de donaciones, garantizan un plato de comida o una copa de leche para ninos y adultos que estan al borde de la indigencia. Han surgido y se han expandido grupos de desempleados que se organizan para exigirle al Estado trabajo, planes de empleo y para garantizar su subsistencia cotidiana. Han aparecido asambleas barriales, generalmente en barrios de clases medias, cuya movilización y “compromiso” no responde solo a una necesidad económica de los propios asambleístas (no son necesariamente ahorristas, ni indigentes, ni desempleados), sino básicamente a la crisis político-institucional de representación. Han surgido fábricas y otras empresas recuperadas por sus trabajadores después de su quiebra, cierre o abandono por parte de sus anteriores propietarios.  

Estas respuestas surgieron en distintos momentos y frente a diferentes conflictos. Las asambleas vecinales se conforman a partir de la crisis de diciembre de 2001. Las organizaciones de desocupados se remontan a la segunda mitad de la década de 1990 –en el Gran Buenos Aires comienzan a aparecer en 1997. Los comedores populares surgieron a finales de la década de 1980, durante la crisis hiperinflacionaria a partir de la cual se restringieron planes alimentarios del Estado. Los nodos de trueque aparecieron a mediados de la década de 1990. La mayoría de las fabricas fueron tomadas y recuperadas por sus trabajadores desde finales de 2001, como respuesta colectiva ante el cierre de fuentes de trabajo en un contexto desolador.

Cada uno de estos procesos ha tenido una dinámica diferente. El trueque ha sufrido una explosión desde finales de 2001 hasta mediados de 2002, y una fuerte crisis y desorganización posterior que lo ha llevado a desaparecer como fenómeno social. Las asambleas populares tuvieron auge en la primera mitad de 2002 y comenzaron a decaer rápidamente. Aunque se mantienen unas pocas asambleas en barrios específicos, los modos en los cuales los sectores medios (bajos, medios y altos) participaron social y políticamente en los últimos anos hoy no tienen peso. Esto sucede, justamente, porque esos sectores se alejaron paulatinamente de esa participación. En contraste, los fenómenos ligados a los sectores pobres han tenido otra dinámica.  

Los comedores, las organizaciones de desocupados y las fabricas recuperadas tienen plena vigencia aun. Vigencia que no implica que no hayan cambiado. De hecho, puede percibirse cierta institucionalización de los comedores, cierta fragmentación y crisis del fenómeno piquetero y una dinámica política aun abierta en las empresas recuperadas.  

Ahora bien, .como abordar el estudio de estas respuestas? Inmediatamente después de la crisis de 2001 se multiplicaron análisis simplistas acerca de un “cambio radical” en la cultura política de sectores populares, así como acerca de la capacidad de reconstruir legitimidad y hegemonía por parte de los partidos políticos tradicionales. Con la estabilización posterior, el crecimiento del pbi y los fuertes indicios de fragmentación de los sectores populares predomina la idea de que esta habría sido una crisis como tantas otras y todo ha seguido igual. Entre quienes afirman la ruptura total y quienes aseguran una continuidad completa nos encontramos con el desafio de analizar y comprender las transformaciones empíricamente.  

Los cuatro barrios estudiados 

Esta segunda parte del capitulo analiza las formas de organización y acción de sectores populares a partir de estudios etnográficos desarrollados en cuatro barrios populares de Buenos Aires entre noviembre de 2002 y julio de 2003. Estos estudios han sido complementados con reconocimiento de campo en otros cuatro barrios, así como con el seguimiento atento de procesos políticos en los medios de comunicación y de otros estudios de caso contemporáneos. En este apartado describiremos brevemente los cuatro barrios o zonas estudiadas etnográficamente señalando unos pocos elementos de cada barrio tomando en cuenta su población, tipo de urbanización, sus organizaciones y sus vínculos con el Estado. Los apartados subsiguientes presentaran una síntesis de tendencias generales de los procesos organizacionales en Buenos Aires, considerando nuestro trabajo de campo junto a otros estudios previos y contemporáneos.  

Para comprender los procesos de organización y acción colectiva en Buenos Aires desarrollamos un abordaje territorial, analizando un conjunto diverso de actores con un parámetro territorial (Portes y Walton, 1976: 73). Estudiamos entonces la vida organizacional y política de zonas populares [40] . Las cuatro zonas han sido seleccionadas por su diversidad de historias, tradiciones y problemas, buscando que expresaran procesos estructurales de cuatro áreas diferentes de la región Metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires, una villa miseria. En el conurbano Bonaerense, un asentamiento de la zona sur, un área con asentamientos y barrios obreros en el oeste, y un barrio obrero-popular en el noroeste [41] .

  

La Villa 7 de Soldati es una población espontánea que comenzó a formarse en la década de 1960. Se desarrollo sin planificación alguna y, por ello, es la “villa miseria” clásica repleta de pequeños pasillos internos. Cuando a finales de la década de 1970 la dictadura militar intento erradicar las villas de la capital federal surgió hache una organización de vecinos que, en su desarrollo posterior, se instituyo como Junta Vecinal. Actualmente, la Junta representa formalmente a la villa ante las autoridades municipales y sus autoridades son elegidas por el voto de todos los pobladores, sean argentinos o extranjeros. Esto es relevante, ya que una proporción alta de los habitantes, alrededor de un tercio, provienen de Bolivia y Paraguay. La Junta se encarga de las cuestiones de vivienda y urbanización, actuando como intermediaria para obtener y distribuir materiales de construcción. Desde inicios de 2002 distribuye también cajas de alimentos a cada familia, que son entregados por el gobierno de la ciudad. Por ultimo, administra algunas decenas de planes de empleo. En la villa hay un gran número de organizaciones de base: entre otras, 14 comedores populares, tres organizaciones de desocupados, una cooperativa de vivienda.  

El segundo barrio se llama La Fe. Esta al sur del Gran Buenos Aires, en Monte Chingolo, partido de Lanus, una region de muy temprana urbanización y que se caracteriza por ser parte de la industrialización que se produjo desde mediados de 1930, así como por tradicionales barrios obreros. La Fe, a diferencia de la villa es un asentamiento, es decir fue ocupado ya en la década de 1980 sin autorización, pero con una planificación colectiva que respeta la traza urbana y la dimensión de los lotes. La desindustrialización de finales de 1970 y principios de 1980 golpeo duramente allí, dejando cementerios de fabricas. El partido de Lanus es gobernado desde 1983 por un viejo caudillo del Partido Justicialista, Manuel Quindimil. Su estilo asistencialista deviene en La Fe en la presencia de comedores municipales que son dirigidos por punteros políticos peronistas. La superposición Estado/partido/caudillo se traduce en el barrio en comedor municipal/unidad básica/puntero. Esto contrasta con los comedores de la villa de Soldati, que tienen diferentes posicionamientos políticos y son autónomos del gobierno local. A finales de los anos noventa los vecinos se organizaron por fuera y en contra del municipio por cuestiones de tierra y vivienda.  

Otras demandas se fueron incorporando al nuevo agrupamiento que finalmente se constituyo como Movimiento de Trabajadores Desocupados (mtd), integrado a una red de otros movimientos ubicados en diferentes barrios que conforman el mtd Anibal Veron, una de los principales movimientos de desocupados en el sur del Gran Buenos Aires.  

Un tercer barrio, Billinghurst, situado en el noroeste del conurbano, resulta de un tipo de expansion de la ciudad sin asentamientos, por loteo estatal, con fuerte contexto industrial y obrero que entro en crisis en los últimos anos. En la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires se concentraron muchas de las inversiones mas importantes desde 1960 y 1970, y continua siendo epicentro de la producción industrial. Las fabricas cerradas del norte son generalmente producto de la crisis especifica de la segunda mitad de la década de 1990. En San Martín, donde se encuentra el barrio del noroeste que estudiamos, funcionaban a mediados de los anos noventa el 10 por ciento de las industrias de la provincia de Buenos Aires.  

En esta zona las acciones colectivas frente a la crisis son muy diferentes que en otras zonas de la ciudad. La crisis de empleo es mas reciente y afecta a una población con mayor calificación. En vez de canalizarse a trabes de una organización de desocupados, se abordo impulsando la ocupación y la lucha por reabrir una fuente de trabajo: una fábrica metalúrgica llamada Forja. En un ámbito sin fuerte tradición territorial (no hay luchas vecinales importantes en su historia reciente) y sin organizaciones vecinales importantes, la demanda de empleo se canaliza a través de otra tradición: la sindical. Por ello, de los cuatro barrios y procesos analizados el de Forja es, en términos de género, el único protagonizado exclusivamente por varones.  

Por ultimo, la zona estudiada en el oeste se encuentra en el partido de La Matanza, el de mayor población del conurbano, con altos niveles de pobreza e indigencia. La Matanza es una combinación de diferentes procesos urbanos. El Tambo es un asentamiento como La Fe, pero con un grado de urbanización mejor. Los barrios del área de Crovara y Cristania, como Villa Marconi y San Alberto, tienen mas similitudes con Billinghurst por su carácter de loteo y por su relación hasta poco tiempo atrás con la producción industrial.  

El Tambo presenta la peculiaridad de constituir en la década de 1980 una organización por la cuestión de la tierra y la vivienda (Merklen, 1991), que continua interviniendo sobre esa misma cuestión también en barrios aledaños y que, a la vez, es de las mas dinámicas en los últimos anos en relación con la cuestión del empleo. Esa organización barrial fue el eje desde el que se constituyo una Federación de Tierra y Vivienda (ftv) de alcance nacional que forma parte de una de las tres centrales sindicales del país. La expansión de la ftv se vincula a generalizar, desde espacios territoriales, demanda de empleo y gestión y administración de planes sociales.  

La Matanza tiene un fuerte peso electoral y, por lo tanto, es relevante en el conjunto de los procesos políticos del conurbano bonaerense. A la vez, es epicentro de dos grandes organizaciones de desocupados, la ftv y la Corriente Clasista y Combativa (ccc), muy diferentes de las que se han consolidado en la zona sur. Si bien en El Tambo la organización fundante del barrio, que incorporo como central la cuestión del empleo, es completamente hegemónica en su intermediación con el Estado, en los barrios cercanos la red de punteros del Partido Justicialista es muy activa.  

En varias zonas de La Matanza, en La Fe, en la villa de capital, al igual que en muchos barrios de la ciudad, hace 20 años el gran problema se vinculaba con el acceso a la tierra y la vivienda. La principal organización de La Fe es el Movimiento de Trabajadores Desocupados que, surgido a finales de la década de 1990, no tiene ninguna continuidad con las tomas de tierra de la década de 1980, aunque sus primeras tareas en el barrio si estuvieron relacionadas con nuevas tomas y con el enfrentamiento con una cooperativa de vivienda ligada al municipio. En la villa de capital la principal organización es la Junta Vecinal que surgió hace dos décadas por la cuestión de la vivienda, la tierra y la urbanización. El Tambo es el epicentro del grupo “piquetero” mas numeroso a nivel nacional, que justamente se denomina Federación de Tierra y Vivienda (ftv) y administra miles de planes de empleo. Es una “federación” de organizaciones territoriales, barriales. Las tierras de El Tambo fueron ocupadas de manera planificada bajo el liderazgo de quienes hoy dirigen esta federación. Ese desplazamiento, de la tierra al trabajo, que representa la ftv, se encuentra también en La Fe como demanda de sus habitantes, pero sin continuidad organizacional. En la villa, en cambio, la Junta administra planes de empleo del gobierno pero no asume ese reclamo como parte de su agenda, con lo cual se genera el espacio para el surgimiento de otras organizaciones de desocupados. Esta disociación, que no se plantea en El Tambo ni en La Fe, se vincula a la vez al alto grado de fragmentación de las organizaciones de la villa.  

La tradición sindical que caracteriza el proceso de Forja, en Billinghurst, también se hace presente en organizaciones como la ftv y los mtd, pero con otras características. Por una parte, en estas organizaciones resulta evidente la presencia de lo vecinal. Pero también por la presencia explicita de lo político, expresado a través de una candidatura electoral en la ftv y en un proyecto de cambio social del mtd. La política, en cambio, es mirada con desconfianza en su conjunto desde la Cooperativa Forja, que tampoco simpatiza con cortes de ruta u otras acciones directas.  

En la zona de Billinghurst, al igual que en toda la zona norte de la ciudad, no hay organizaciones de desocupados y si hay muchas fábricas recuperadas por los trabajadores, mientras en la zona sur y oeste de la ciudad predominan las organizaciones de desocupados sobre otros fenómenos, así como en las villas de la capital los “piqueteros” son muy minoritarios respecto de la hegemonía de la Junta Vecinal. Estas diferencias pueden explicarse por la historia de la ocupación de la tierra y las características de la población, pero también por modelos de gestión publica muy distintos en los gobiernos locales.  

Ahora bien, la relación entre la principal organización barrial y la población es muy variable en los cuatros casos. En un extremo se ubica La Cooperativa en El Tambo, única organización y único intermediario entre el Estado y la Población. En La Fe, en cambio, hay una bipolaridad representada por el mtd y los punteros peronistas. Las identificaciones se encuentran polarizadas y, si se piensa únicamente en términos instrumentales, se trata de modos de acceso muy diferentes a los mismos recursos (planes, comida, etcétera). En la Villa 7 se presenta una combinación de hegemonía sobre fragmentación. Muy alejada de la hegemonía absoluta en El Tambo, la relevancia de la Junta Vecinal, en un barrio mucho mayor en dimensión espacial y poblacional, se produce por la multiplicidad atomizada de organizaciones. Si se consideran otros barrios visitados y estudiados la fragmentación organizacional es mas frecuente que la existencia de una organización hegemónica.  

 

La agenda de los sectores populares: de la vivienda al trabajo

Durante el modelo sustitutivo de importaciones (y sus estertores), la cuestión central a la que el proceso de urbanización no podía dar respuesta era la cuestión de la vivienda y de las condiciones de vida del espacio barrial (iluminación publica, servicios, agua, etcétera). Esta problemática era senalada para el conjunto de las áreas metropolitanas de la región. Portes y Walton sostenían al respecto: “mas que necesidades de trabajo o de ingresos, son las demandas de vivienda las que han politizado mas efectivamente a los pobres” (1976: 74). Cierto que por las características de Argentina, como hemos dicho, los sindicatos cumplieron en décadas anteriores un papel excepcionalmente importante si se compara con otros países latinoamericanos. Pero si nos limitamos a considerar los barrios populares, los relatos de las villas y asentamientos narran el esforzado y paulatino mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de vivienda. Si bien esta es una cuestión urbana permanente, la multiplicación del desempleo y subempleo durante la década de 1990 desplazo la cuestión de la vivienda como aspecto principal en la movilización de los sectores populares.  

Así, mientras la vivienda ha sido un eje clave de la organización popular durante el modelo sustitutivo de importaciones, el trabajo se convirtió en el eje clave en Buenos Aires después del auge neoliberal. Los barrios en los que se llevo a cabo el estudio expresan claramente estas transformaciones. En Buenos Aires, el proceso de urbanización estuvo acompañado por la escasez de terrenos habitables legalmente. Como respuesta a los problemas del espacio urbano y acceso a servicios nacieron entonces organizaciones barriales. Estas organizaciones junto con las sindicales eran las principales formas de organización de los sectores populares hasta finales de la década de 1980.  

Las organizaciones barriales se originaron con diversas finalidades: ocupar nuevas tierras, distribuir colectivamente los lotes, defender ocupaciones espontáneas contra acciones de “erradicación” del gobierno (esto fue muy común durante la dictadura militar a finales de los anos setenta) o, buscar una mejor inserción del barrio en la ciudad y una mejor calidad de vida. También tuvieron motivaciones deportivas y culturales y eventualmente, relacionadas con impuestos y tasas municipales (González Bombal, 1989).

En muchos barrios populares hacia mediados de la década de 1990 los problemas de “vivienda” parecían haber encontrado posibles soluciones (asfalto, servicios y en menos casos tenencia de la tierra), pero sus habitantes sentían cada vez mas la cuestión del desempleo. Mientras para cuestiones de vivienda y urbanización se encontraban a veces paliativos, a veces mejorías reales, el desempleo afectaba cada vez mas a los hogares y a las redes sociales en las cuales esos hogares estaban insertos. Esto se tradujo en una transformación de la agenda política de los pobres urbanos.  

En el Gran Buenos Aires, algunas organizaciones que habían surgido en la década de 1980 para reclamar tierra y vivienda se transforman en la segunda mitad de los anos noventa en organizaciones de desocupados que van a reclamar empleo y políticas de empleo al Estado. En otros casos no hay una continuidad tan directa, pero si una fuerte coincidencia entre barrios con historia de lucha colectiva por la tierra y barrios con organizaciones de desocupados fuertes. Ese desplazamiento, de una agenda de tierra/vivienda a una de trabajo, se enmarca en un desplazamiento mas general. Antes de 1997 o 1998, los análisis de barrios populares indicaban una combinación de fuerte red clientelar peronista, escasez de otras organizaciones sociopolíticas y desarrollo de nuevos agrupamientos religiosos (Seman, 2000). Cuando se comparaba esa situación con la primera mitad de la década de 1970 o la de 1980, se detectaba un cambio histórico producido en el pasaje desde un lugar con “alta densidad organizativa y niveles de movilización política […] a ser un espacio caracterizado por la desertificación organizativa y bajos niveles de movilización política” (Auyero, 2001a: 62).  

Por ello, el diagnostico sociopolítico de “desertificación organizativa” estaba situado en un contexto de transición donde (además del impacto desorganizador de la dictadura) los impulsos de urbanización de la villa habían cedido ante ciertas mejorías. Mientras la cuestión del desempleo ya se ha instalado como problema central pero sin tener aun una respuesta organizativa. En esta etapa, en Argentina, en contraste con países europeos donde hay fuertes políticas del Estado respecto del desempleo, para los desocupados, “en lugar de la centralidad de los derechos y las políticas publicas, aparecerá el mercado como único escenario posible donde intentar sobrellevar la situación” (Kessler, 1996: 112).  

La emergencia de las organizaciones de desocupados 

Durante la primera fase de la década de 1990 los procesos organizacionales en el Gran Buenos Aires estuvieron marcados por la crisis y la desorientación. A medida que desaparecían o se vaciaban organizaciones populares de base, crecía la relevancia de las relaciones clientelares. Los barrios que habían sido dormitorios obreros de cadenas de fábricas dejaban de tener solo un porcentaje pequeño de desempleados para convertirse en “barrios de desempleados”. A veces a través de redes clientelares, otras veces por parte de organizaciones autónomas, crecían las ollas populares, los comedores y los merenderos. Básicamente, reclamaban al Estado mas alimentos, un boleto de ómnibus para los desocupados, medicamentos o cuestiones similares.  

Una de esas organizaciones en Florencio Varela decidió imitar los cortes de ruta que se habían realizado en zonas del interior del país. Se instalaron varios días en una ruta y obtuvieron por parte del gobierno varios centenares de planes sociales para desocupados. Ese logro de los desocupados de Varela modifico la agenda de muchas pequeñas organizaciones populares. El reclamo de planes sociales comenzó a generalizarse. Dichos planes –ideados durante el gobierno de Menem para apaciguar los reclamos del interior antes de las elecciones– no solo debieron extenderse después de las mismas en 1997, sino que mas organizaciones comenzaron a reclamarlos [42] . 

Los planes se obtenían generalmente en un numero menor al de las personas necesitadas. Pero aunque no cubriera a todos, el éxito acercaba a nuevos desocupados a la organización, con lo cual la demanda se ampliaba. Por otra parte, el gobierno constantemente intentaba dar de baja o reducir los planes a veces alegando cuestiones formales acerca de requisitos o planillas. Así, conservar los planes requirió movilizarse y completar papeles, destinar personas a la gestión burocrática en ministerios y dependencias estatales, a la vez que organizarse para obtener nuevos planes.  

Los beneficiarios debían realizar una “contraprestación” a cambio del plan y eso implicaba generalmente que iban a desarrollar tareas supervisadas por la municipalidad. Así, cada vez que una organización de desocupados obtenia planes, perdía miembros: quienes lograban el beneficio cortando rutas realizaban después actividades controladas por gobiernos locales y hasta punteros políticos a los que se habían enfrentado. Por ello mismo comenzaron a reclamar que las tareas de contraprestación pudieran desarrollarse en la propia organización. Esto permitía desarrollar diversos emprendimientos productivos y comunitarios (panaderías, bloquera, ropero, construcciones, entre otros) y mantener a los miembros organizados. De ese modo, los desocupados trabajaban en emprendimientos de sus organizaciones y se movilizaban para reclamar mas planes sociales para otros vecinos desocupados. Para cuando esto se hubo asentado, cada organización de base de desocupados se había convertido en una suerte de sindicato de desempleados.  

En este proceso se combinan de manera peculiar dos claves del espacio urbano: el barrio y el transito. A los barrios inscriptos en la segregación clásica de Buenos Aires se le agregaba ahora la capa geológica de la segregación neoliberal que los convirtió en una suerte de institución total de la miseria. Sin trabajo ni siquiera era posible pagar el transporte para salir de los barrios. El encierro no era legal, sino económico. Desde ese parámetro barrial se agrupan quienes no tienen empleo.  

Como protestan quienes viven cada vez mas inmóviles y encerrados en esos barrios? Primero, cortan rutas y avenidas, cortan justamente el transito, el movimiento general de la ciudad para impedir –hasta donde les permiten sus fuerzas– que la vida urbana continue como si ellos no existieran.  

En la medida en que las organizaciones acumularon fuerzas, agruparon a mas vecinos y se coordinaron con otros barrios, ya no se trataba de cortar el transito en cualquier avenida o ruta. Se planteaba la posibilidad de realizar la protesta en la frontera urbana por excelencia: los puentes que unen la capital con el Gran Buenos Aires. En la zona sur de la ciudad esos puentes atraviesan el riachuelo. La zona sur fue la primera zona industrial y, por lo tanto, la zona obrera mas antigua. Actualmente, repleta de fabricas abandonadas, tiene una alta proporción de pobres y desocupados estructurales y contrasta con la dinámica del norte.

En una ciudad con mas fronteras, estas fronteras devienen escenarios de la Protesta social. Los puentes que atraviesan metafóricamente esos limites se han convertido en escenarios compartidos y privilegiados de la disputa política. En ese marco los piqueteros llegaron a imaginar la posibilidad de “sitiar” la capital federal como modo de protesta, cortando los diferentes puentes de acceso. El puente Pueyrredon, principal viaducto de la zona sur, se convirtió en un lugar clave de las acciones piqueteras. Fue justamente en ese puente que se desato la violenta represión del 26 de junio de 2002, que culmino con el asesinato de dos piqueteros por parte de la policía. De hecho, el repudio generalizado de esos asesinatos obligo al presidente interino Duhalde a adelantar seis meses la entrega del mando.  

 

El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y las organizaciones populares 

En Buenos Aires cualquier intento por caracterizar actualmente una organización popular implica al menos tres preguntas inevitables. La primera es “.cuantos planes tiene?”. Es decir, cuantas personas realizan en esa organización la contraprestación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados ( pjhd). Las otras dos preguntas se refieren a como consigue esos planes y a como los distribuye. En otras palabras, todas las organizaciones populares han sido transformadas por el pjhd o han logrado constituirse en intermediarias entre el Estado y la población gracias al mismo. Las pocas que han decidido no administrar y gestionar dichos planes agrupan hoy a un reducido numero de personas [43] . 

Como ya se dijera, el pjhd fue fuertemente propagandizado por el gobierno como un derecho que, a diferencia de anteriores planes para el desempleo, se tramitaba sin intermediarios. Para ello, la persona debía dirigirse directamente a los centros de distribución municipal, cumplimentar los requisitos y acceder al beneficio. Los planes son distribuidos desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de los consejos consultivos donde el municipio adquiere un peso relevante y es la unidad ejecutora de los mismos. Hay coordinaciones por localidad hasta llegar a las organizaciones especificas donde se realizan las contraprestaciones.  

La creación de los consejos con la propuesta de que las organizaciones de desocupados se integraran a ellos abrió un debate acerca de la cooptación a través de los planes de estas organizaciones (hasta entonces independientes) por parte del Estado. Así, mientras los grupos masivos de La Matanza (ftv y ccc) se integraron, las organizaciones autónomas del sur y las ligadas a partidos de izquierda se negaron a hacerlo. Al mismo tiempo los medios de comunicación comenzaron a distinguir entre “piqueteros duros” y “piqueteros blandos”.  

En el Gran Buenos Aires alrededor del 5 por ciento de los habitantes tiene un plan de este tipo. A nivel nacional hay alrededor de 2 millones de planes, de los cuales solo el 5 por ciento son administrados por organizaciones de desocupados (aproximadamente 100,000 planes). El resto son administrados por los gobiernos locales.  

Esta cantidad implico que las tareas iniciales que el municipio asignaba –como el barrido y zanjeo de las calles en cuadrillas e incluso trabajo administrativo– resultaban insuficientes. Había que encontrar otras tareas y destinos. Los gobiernos locales abrieron registros de organizaciones o instituciones donde pudiera realizarse la contraprestación. Entonces, por ejemplo, con mayor o menos discrecionalidad política enviaban una decena de beneficiarios a un comedor barrial que antes se mantenía básicamente con trabajo voluntario. Cualquier organización social se convirtió entonces en potencial ámbito de contraprestación. Así, aunque en teoría no se requieren intermediarios para solicitar el plan, la cuestión de la contraprestación implica, en los hechos, que las organizaciones donde es posible realizarlas puedan solicitar planes o que el municipio se los ofrezca. O sea, en un barrio popular de Buenos Aires lo mas frecuente es que cualquier organización barrial administre alguna cantidad de planes. Comedores, microemprendimientos, guarderías, sociedades de fomento, cooperativas de vivienda administran planes, así como también lo hacen las organizaciones de trabajadores que recuperaron fábricas y las organizaciones de desocupados. Obviamente, en muchas organizaciones hay una enorme cantidad de grupos de trabajo creados para cumplir la contraprestación. Es decir, esas personas dependen de estas organizaciones para realizar allí la “contraprestación” de cuatro horas por día exigida por el Estado.  

Ahora bien, los planes implican algo común para organizaciones muy heterogéneas en su origen, su funcionamiento y su proyecto. Según la cantidad de planes, el modo de conseguirlos y de administrarlos comienzan a trazarse diferencias “gruesas” entre las organizaciones.  

Como la cantidad de planes que una organización “maneja” da cuenta de su poder en el espacio barrial, las organizaciones que tienen 100 o 200 planes suelen presentar las siguientes características: o se encuentran alineadas o aliadas al poder municipal o tienen una capacidad relativamente autónoma de presión social y política. En este ultimo caso, esa capacidad puede no estar ligada a lo municipal, como demuestran las organizaciones de desempleados.  

Todas las organizaciones de desocupados obtuvieron la primera tanda de planes (llamados entonces planes trabajar) cortando rutas, puentes o avenidas. Todas, también, en los anos posteriores obtuvieron planes en alguna medida a través de la negociación. La proporción de ellos entre las organizaciones piqueteras es variable. Algunas organizaciones tendieron a negociar sin cortes (como la ftv) y otras a combinar ambas cosas. Pero en todos los casos se constituyeron acertadas negociaciones con el Estado. El líder de una organización de desocupados radicalizada nos explico que “hasta la revolución todo es negociación; cuando ya no es necesario negociar es porque tenés más fuerza que ellos”. Esta formula, aunque fue expresada como forma general de la estrategia organizacional, es el efecto de la política gubernamental de otorgar planes en función de medir las fuerzas de las organizaciones. En otras palabras, la organización radicalizada se adviene, para fortalecerse, al juego de “tira y afloje” que se instituye como consecuencia de la dinámica cortar ruta / obtener planes / perder planes / amenazar con cortes / negociar y así sucesivamente. Si la política gubernamental cambia por una mas inflexible, como parece estar ocurriendo, difícilmente los sectores mas radicalizados piensen en negociar mientras acumulan fuerzas.  

Como los planes han sido obtenidos a través de la acción directa real o potencial, las organizaciones piqueteras estipulan además que participar activamente de las luchas es condición para ser miembro de la organización. Esa coacción simbólica de la organización sobre el individuo es fuertemente debatida, básicamente en términos morales. Desde sectores del Estado se ha afirmado y denunciado como un modo de clientelismo político. Desde las organizaciones se ha planteado que ellos solo agrupan a aquellos que luchan y en ese sentido, la obligación de participar se concibe como parte de una tarea de concientizacion. Todo esto implica diferencias gruesas entre todas estas organizaciones piqueteras (que obtienen los planes por si mismas) y aquellas sociedades de fomento o comedores que reciben planes por figurar directamente en la base municipal. La novedad de los piquetes y de los diversos tipos de planes sociales los convierte en un laboratorio fascinante donde diversas preguntas de las ciencias sociales están siendo puestas a prueba. Ha quedado claro, sin embargo, que hablar de la retirada del Estado no resulta adecuado. Un Estado que después de más de una década de neoliberalismo extremo es capaz de distribuir 2 millones de planes no parece adecuadamente descrito si se lo adjetiva como “ausente”. Es necesario ser precisos respecto de cuales son los aspectos y los sentidos en que el Estado se ha retraído y en cuales se ha transformado. Y analizar que consecuencias asociativas y relacionales tuvo ese proceso.  

Los planes también han planteado en los actores diferentes preguntas políticas. Desde el movimiento piquetero hubo pequeños grupos que criticaban la aceptación de los planes sociales entendiendo que era una forma de ceder, capitular o ser cooptado. Desde la perspectiva del Estado a veces los planes parecen un gran “error”, ya que es sobre la base de esos planes que los grupos de desocupados se consolidaron y crecieron políticamente.  

Tanto unos como otros, a nuestro entender, le otorgan al actor desde el que miran (los piqueteros o el Estado) mas poder que el que tienen y que el que tuvieron en contextos políticos especificos. Creer eso seria olvidar que la situación que se alcanzo hacia finales de 2002 de relativa estabilización de los planes y de los piqueteros es el resultado de un complejo proceso histórico, en el cual se reclamaron muchas cosas mas que planes de un lado y se intento dar mucho menos que planes del otro.  

 

Entre la producción y la reproducción 

Si durante el auge neoliberal hubo en los barrios populares procesos de desertificación de organizaciones sociopolíticas (con alcances muy disímiles), una combinación de elementos hizo que comedores populares y organizaciones de desocupados se formaran en enormes cantidades, hasta el punto de que en algunos barrios el nuevo paisaje configuraba verdaderas selvas organizacionales. Las condiciones que se plantearon, en el contexto de la gran crisis económica y política, para el transito del “desierto” a la “selva” fueron:  

a) Crisis de la economía de las redes: vaciamiento de recursos de las redes sociales por la generalización del desempleo, déficit crónico de resolución por parte del Estado e incapacidad de respuesta por parte de la red clientelar peronista por el crecimiento de la demanda y las dificultades de la oferta. b) Crisis política de la red: procesos de desafiliación político-partidaria, coyuntura de desarticulación de vínculos punteriles del aparato peronista entre los punteros y la población, así como entre los punteros y la estructura municipal. c) Surgimiento de grupos espontáneos de madres y vecinos por temas de alimentación y empleo, disponibles para ser cooptados por diferentes estructuras. d) Potenciación y ampliación de una militancia social que logro articularse exitosamente con estos procesos.  

Bajo estas condiciones emergieron una gran cantidad de grupos de diferentes dimensiones y características en barrios populares de Buenos Aires entre finales de la década de 1990 y 2002. Posteriormente algunos fueron institucionalizados a través de los municipios, otros incluidos en la red peronista y otros se incluyeron en las organizaciones de desocupados que agrupaban diferentes barrios para potenciar sus reclamos frente al Estado. Una parte minoritaria de esos grupos se convirtieron en organizaciones de desocupados con capacidad de disputar la hegemonía barrial. Los casos donde el Partido Justicialista u otras organizaciones perdieron el dominio político de un barrio frente a organizaciones piqueteras implicaron, además, otras condiciones. Se trata de barrios con fuerte segregación residencial donde hay un pasado compartido, ya sea barrialvecinal o laboral/sindical.  

Históricamente, las organizaciones barriales desarrollaban reclamos vinculados a la “reproducción” (como es claramente el caso de la vivienda), mientras que las organizaciones laborales eran las encargadas de desarrollar reclamos vinculados a la “producción”. El desempleo quiebra esta lógica en la medida en que “trabajo” pasa ser un tema propio de la reproduccion y que su demanda, por otra parte, no es encarnada por los actores sindicales tradicionales. Esto explica no solo por que –además de la segregación espacial– son organizaciones territoriales las que reclaman trabajo, sino también por que se quebró la división tradicional de la actividad política por genero. Mientras los varones tendían a participar del espacio publico que desarrollaba en los ámbitos laborales, las mujeres desarrollaban actividad “social” como una extensión de la lógica domestica en los espacios barriales. Así, se estructuro una relación entre reproducción, territorio y lo femenino, y por otra parte entre producción, trabajo, lo publico, lo masculino. Cuando el trabajo deviene una cuestión del ámbito de la reproducción y se forman organizaciones de desocupados en los barrios, las mujeres se convierten en protagonistas de organizaciones que iran desde el barrio al centro mismo del ámbito publico y político: las grandes rutas y avenidas, y la Plaza de Mayo. Pero esa participación decisiva de las mujeres en la emergencia y la consolidación de esos espacios barriales no se expresa aun en la toma de la palabra en el espacio político. Los “referentes nacionales” de los grupos piqueteros son varones. Seria un error creer que la inmovilidad de esa cuestión de genero es un indicador suficiente de la reproducción de una desigualdad idéntica en cada una de las instancias. Muy por el contrario, las mujeres tienen mucho mayor peso en las deliberaciones y decisiones que en hablar por los medios de comunicación o desde un escenario.  

 

Protesta y clientelismo 

Para comprender los modos actuales de organización social y movilización política de los pobres resulta imprescindible considerar articuladamente clientelismo y protesta que, de hecho, conviven en cualquier espacio barrial popular. Es decir, la persistencia del clientelismo en una faceta que trasciende la propia institución del partido político para inscribirse como modelo de vínculo de reciprocidad [44] .  En ese sentido, cabe interrogarse acerca de los modos en que las relaciones sociales instituidas por el peronismo clientelar se hacen presentes en organizaciones piqueteras. Para decirlo de otro modo, hasta que punto el peronismo es, mucho mas que un modo de identificación, una cultura relacional popular que opera como polo de atracción de otros procesos organizacionales que no solo se le escapan, sino que incluso se le oponen.  

Las organizaciones de desocupados están muy lejos de limitarse a reclamar. Administran miles de planes de empleo otorgados por el Estado nacional, reciben bolsones de comida que distribuyen, organizan comedores populares y, en algunas organizaciones, emprendimientos productivos que incluyen panadería, costura, bloqueras, construcciones, entre otros. Los miembros de los grupos piqueteros están en una situación muy precaria, no tienen buena alimentación ni acceso adecuado a la salud y a la educación. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, tienen acceso a alimentos, a veces a apoyo escolar para sus hijos, a veces a medicamentos y, en cualquier caso, tienen acceso a una red social compleja.  

Los dirigentes o referentes de esos grupos presentan un contraste claro con los punteros peronistas con quienes compiten cotidianamente en el barrio: obtuvieron los recursos que administran no a través de un vinculo de lealtad con un gobierno, sino a través de la lucha social, la confrontación y la negociación. La imposición extrema de un individuo de un tipo de intercambio de beneficios personales por votos no es comparable a la decisión colectiva de distribuir equitativamente los logros entre aquellos que participaron en la lucha por obtenerlos. Sin embargo, este contraste tan claro podría resultar engañoso. Por una parte, porque los estudios sobre clientelismo político han mostrado que no se trata básicamente de un chantaje del puntero hacia su cliente, sino de una cultura relacional a partir de la cual el “cliente” entiende que se trata de redes personalizadas de ayuda mutua (Auyero, 2001a). Por otra parte, porque nada garantiza que los miembros de los grupos piqueteros decodifiquen las lecciones de la lucha colectiva en los términos en los cuales los lideres querrían que lo hicieran.  

Una hipótesis plausible es que una parte importante de las bases piqueteras leen el vínculo con la organización a partir de sus experiencias con el municipio y la Unidad Básica. En ese sentido, resulta ineludible preguntarse si la transformación de las demandas (el eje en el trabajo) y si la transformación de los repertorios (de la huelga al corte de ruta) implica una transformación de los modelos relacionales de “la política de los pobres”. Es claro, como dicen Svampa y Pereyra, que el movimiento piquetero se ha construido “por fuera –y en oposición– de las estructuras sindicales tradicionales, mayoritariamente vinculadas al Partido Justicialista” (2003: 13), en una lucha “cuerpo a cuerpo” en los barrios en contra de las estructuras clientelares de ese mismo partido (2003: 14).  

Sin embargo, el peronismo además de estructuras clienterales construyo una profunda cultura clientelar. Por “cultura clientelar” entendemos la institución de un sentido común que supone que algunas necesidades cruciales pueden resolverse a través de vínculos de reciprocidad asimétrica con intermediarios políticos, a través de una gestión personalizada sobre alguien que tiene acceso a recursos públicos. Ese vínculo implica, necesariamente, un compromiso personal de colaborar con el donante cuando lo necesite, ya sea en actos o a través del voto, contribuciones que además el puntero considera clave para la obtención de otros recursos redistribuibles. Es cierto que como mostró Auyero no se trata de un simple comercio de favores por votos. Se trata de vínculos personalizados insertos en redes sociales y se trata, estrictamente hablando, no de “comercio”, sino de intercambio reciproco de tipo asimétrico. A diferencia del comercio, en el intercambio reciproco hay un lapso entre el acto de dar y el acto de recibir (el don y el contradon). Mas allá de otros elementos que podrían considerarse, desde el punto de vista del vecino pobre que nosotros consideramos inserto en una cultura clientelar resulta evidente que una vía elemental para resolver sus problemas de alimentación o de salud u otros es recurrir a un intermediario que tiene acceso a recursos públicos.  

A simple vista nada podría contrastar mas con esa cultura clientelar que una organización colectiva de esos vecinos para exigir directamente al Estado la distribución de recursos. A simple vista eso mismo son las organizaciones de desocupados. Exigen sin intermediarios. Excepto que, en el proceso de exigir y obtener, de ampliar y distribuir, ellos mismos se conviertan en nuevos intermediarios. La población nunca puede relacionarse con el Estado en general, sino con una dependencia en particular. El gobierno anterior ha hecho mucha publicidad acerca de que cada jefe o jefa desocupado tiene derecho a un plan sin intermediarios. Pero, de todos modos, eso implicaba que el control de la contraprestación quedaba en manos de los municipios o de consejos consultivos cuya legitimidad fue en parte cuestionada. En cualquier caso las descripciones de contraprestaciones en unidades básicas o en comedores municipales que reclutan gente para actos son elocuentes para mostrar que, hasta ahora, intermediarios continuaron existiendo. No siempre en la obtención del beneficio, es bien cierto, pero si en su mantenimiento.  

Esto implica que el propio éxito de las organizaciones de desocupados implicaba que su destino era convertirse, mas allá de sus concepciones ideológicas, en intermediarios entre el Estado y la población. Al menos, si eran exitosos, como lo fueron al lograr convertirse en lugares donde podía realizarse la contraprestación del plan. Ahora bien, es evidente que existen modos muy diferentes de ser intermediario y que no todos los modos son necesariamente de tipo clientelar.  

Para los beneficiarios de los planes, el sentido de la contraprestación se fue modificando hasta instalarse en buena parte de ellos como un “trabajo”. Es decir, quienes acceden al plan entienden muchas veces su tarea como un trabajo en el sentido clásico del término. Por una parte, para un joven que nunca ha trabajado una tarea de cuatro horas diarias por 150 pesos es fácilmente comprendida como un empleo de medio tiempo. Hay jóvenes integrados a grupos productivos de organizaciones piqueteros que afirman que “este es el laburo que conseguí por ahora”. Para muchos que si han tenido una extensa trayectoria laboral, la contraprestación no ha sido una obligación que les resultaría mejor evitar, sino en la posibilidad de continuar desempeñando tareas útiles a cambio de dinero. Hay un sector de trabajadores con 20 o mas anos de trabajo y varios Años de desocupación que perciben el plan obtenido a través de la lucha como una recuperación de dignidad perdida, dignidad asociada al trabajo y a una cultura del trabajo. Para otros beneficiarios, en cambio, se trata de un subsidio que es interpretado directamente como un recurso mas (fundamental) en la diversificación de estrategias de subsistencia.  

La significación del plan como trabajo confluye con la lógica gubernamental. Evidentemente, el gobierno refuerza la idea de que los beneficiarios no están desocupados. Así lo considera el indec y ese criterio empuja hacia abajo el índice de desocupación en el país. Esta compleja combinación entre la propia percepción de los beneficiarios y las necesidades del gobierno convierten en muchos casos un programa que se imagino como una política social de contención a la desocupación en una política resignificada como de empleo [45] .  

En el caso de la relación entre la organización y los desocupados, los planes no pudieron sino constituirse en un fin en si mismo para la gran mayoría de desocupados que integraron las distintas organizaciones. Esto los llevaba a pertenecer a una organización mas allá de un compromiso político y/o una identificación con los objetivos o principios específicos de la organización. En muchos casos, pertenecer a una organización facilitaba la obtención de un plan que, de otro modo, implicaba largas filas en los centros de reparto, maltrato por parte de los agentes municipales, gasto de viáticos y toda una situación de desprotección que se sumaba a la ya sentida por efectos de la desocupación y exclusión.  

La pregunta es si los movimientos piqueteros se han propuesto y han logrado transformar no solo la referencia identitaria del agrupamiento popular (anteriormente peronista), sino también el modelo relacional. En otras palabras, .los piqueteros transformaron la identificación en ciertos sectores populares o son el resultado de una transformación cultural mas amplia?  

La respuesta tiene matices. Puede haber organizaciones que no sean identitariamente peronistas, pero que construyan su movimiento sobre el modelo cultural y relacional del peronismo. Es decir, organizaciones que se identifiquen con otras tradiciones políticas (en este caso, a la izquierda del espectro político), pero que instituyan modalidades de vínculos políticos que se insertan en tradiciones y culturas políticas que discursivamente dicen rechazar [46] . 

Cuando la demanda social aumenta (porque disminuyen los recursos propios) o cuando escasea la oferta publica de recursos (por crisis presupuestarias o de abastecimiento) se genera una crisis en el lazo social y político que, como sucedió en algunas zonas durante el ano 2001 e inicios de 2002, puede colocar en entredicho la subsistencia. Eso implica generalmente una crisis de la propia red clientelar en la medida en que el lazo de reciprocidad se quiebra y la gente precisa comida y medicamentos, no explicaciones. Al escasear los recursos, crecen las protestas.  

Sin embargo, es excepcional que los vecinos decidan, en esa situación, organizarse autónoma y democráticamente. Cuando eso sucede, en general, es porque se produce un encuentro entre esos vecinos y un grupo de militantes sociales que actúan sin intereses particulares. Pero en general lo que sucede es que ya sea contactando otras organizaciones clientelares, ya sea generando nuevos mediadores que reemplacen a los anteriores, se reorganice una red clientelar que reemplace la anterior. Si en algunos casos esa red permanecerá en la orbita peronista, en muchos casos se produce un quiebre con el peronismo en terminos de institucion y de referencia identitaria. Lo que resulta equivocado es leer ese quiebre como absoluto y general. No es general porque involucra a una porción minoritaria de los sectores populares. No es absoluto porque busca nuevas referencias identitarias muchos mas que nuevos modelos relacionales.  

Hay un conjunto de organizaciones de desocupados que asumen como un objetivo de su propia practica política desarmar vínculos clientelares en particular y vínculos jerárquicos en general. Intentan diferenciarse por ejemplo evitando “anotar gente en los planes” como mecanismo de ampliación del movimiento. Mas bien, la pauta es ofrecer un “puesto de lucha” o una “organización para luchar” o una “herramienta para pelear por trabajo genuino” y aceptar “planes que se ganan en la lucha” como forma de subsistencia mientras el proceso se desarrolla. El diagnostico de estas organizaciones indica que la población sobre la que trabajan tiende a establecer ese tipo de relaciones con las que ellos se proponen terminar. Nuevas nociones de autonomía y acción colectiva son consideradas objetivos pedagógicos de un proyecto político y, debe decirse, con limitaciones se logran cambios que apuntan en la dirección por ellos planteada.  

Sin embargo, puede notarse que las relaciones sociales instituidas por el peronismo clientelar se hacen presentes incluso en esas organizaciones. Para decirlo de otro modo, la cultura relacional del peronismo opera como polo de atracción de procesos organizacionales que se le oponen. En organizaciones piqueteras que rechazan abiertamente cualquier forma de clientelismo hemos presenciado exposiciones didácticas de referentes que expresan frustración porque una persona que lleva anos en una organización continua yendo a pedir comida como si la organización fuera una municipalidad peronista (asistencialista y clientelar). También es cierto que otros integrantes incorporan y valorizan la distinción entre un tipo de vinculo y otro. Por ultimo, cabe distinguir entre encontrar fuertes obstáculos para un proyecto de cambio y basar un proyecto sobre la base de la reproducción de esa cultura relacional.  

Hemos explicado este análisis a miembros del mtd. Ellos argumentan que quienes integran el mtd no lo hacen solo por los planes, ya que seria mas sencillo obtenerlos a través de los punteros, con contraprestaciones mas flexibles y sin tener que participar frecuentemente en protestas. Es decir, reponen la cuestión de que los vecinos también eligen una organización en la que nadie les da órdenes, donde pueden expresarse y decidir. Es decir, enfatizan que hubo un cambio de otro orden, una ruptura identitaria y cultural. En el plano del análisis macro eso se expresaría en la “crisis de representación” que exploto en 2001 y en las diferentes respuestas que hemos mencionado al inicio. Siguiendo esa línea de análisis, cabe señalar que los procesos sociales tienden o bien a institucionalizarse o bien a disolverse. Si la crisis y los nuevos fenómenos son leídos de esa manera, se hace necesario dimensionar a los movimientos que hoy se proponen llevar a cabo ese cambio como una minoría del “movimiento piquetero” que, a su vez, es muy visible pero de conjunto minoritario entre los pobres urbanos.

 

Conclusiones 

A lo largo de este capitulo nos propusimos dar respuesta a la pregunta: .como ha cambiado Buenos Aires desde la crisis del modelo de sustitución de importaciones hasta la actualidad? Al menos hay cuatro transformaciones que resultan a nuestro modo de ver significativas. Estas son, los cambios en el rol del Estado; las transformaciones en la estructura de oportunidades laborales, la creciente exclusión social y la aparición de los nuevos pobres urbanos; la acentuación de los procesos de segregación espacial; y los modos de protesta popular.  

Resulta necesario precisar el significado del “fin del Estado de bienestar”. El Estado si bien cambio sustancialmente su presencia, lejos esta hoy de haber desaparecido y nos atrevemos a decir que luego de una década de reformas de corte neoliberal tiene en la actualidad una enorme importancia en la vida cotidiana y en la subsistencia de una importante porción de la población. No es ya el Estado que desarrollaba y comandaba empresas publicas (con mayor o menor grado de eficiencia), muchas de ellas de carácter estratégico para el desarrollo como es el caso del petróleo, energía, comunicaciones, transporte aéreo, carreteras, entre otras. Esas empresas se han privatizado y su cantidad de empleados se ha reducido. No es tampoco el Estado que mantenía un marco legal de protección laboral y social. Las leyes laborales han sido modificadas fundamentalmente por presión de los empleadores y el sistema de seguridad social, hoy privatizado, atraviesa una crisis tanto o mas grave que cuando dependía del Estado.  

Los efectos de las políticas macroeconómicas implementadas que venían a suplantar aquellas dominantes durante la etapa sustitutiva no hicieron mas que incrementar la vulnerabilidad en el mercado de trabajo. El proceso de apertura de desregulación económica ha afectado el rol de los diversos sectores económicos y su capacidad de generar empleos adecuados a la población. La prueba mas notable de ello es la creciente vulnerabilidad del mercado de trabajo traducida en altísimos niveles de desocupación abierta y una proporción significativa de empleo asalariado precario. La desocupación y la miseria han aumentado dramáticamente ante esa transformación estructural. Pero, aunque parezca paradójico, como consecuencia de ello el propio sector publico ha tenido que hacerse cargo en parte de las numerosas victimas del proceso a partir de la grave crisis sufrida en el país. El Estado es ahora más importante que antes en la economía doméstica de los hogares pobres, brindando un masivo subsidio al desempleo y proveyendo de alimentos a la población indigente. Por otra parte, el Estado continua muy presente en su actividad represiva, potencial y efectiva.  

El trabajo fabril ha continuado reduciéndose drásticamente y los “rebusques”, cada vez mas escasos y sujetos a los vaivenes económicos no alcanzan para proveer al menos de un ingreso mínimo a millares de argentinos. .Como ingresan entonces recursos a los barrios populares? Históricamente, la fuente principal de ingresos era el trabajo asalariado, formal o informal. Hoy, con un mercado de trabajo muy deteriorado, por una parte, crece la importancia relativa y en algunos casos absoluta de la delincuencia y por la otra, crece la importancia relativa, aunque decrezca la importancia absoluta, de la asistencia publica. Por lo tanto, de conjunto hay menos recursos para distribuir pero, paradójicamente, el Estado cobra mayor importancia.  

El deterioro en las condiciones de vida no ha sido igual para todos. Sectores minoritarios de la población se han visto beneficiados con los frutos de la apertura y desregulación económica. La consecuencia directa de ello ha sido el incremento en la desigualdad social. A lo largo del siglo xx Argentina fue un país que ofrecía cierta expectativa de movilidad social ascendente. Eso cambio en la década de 1990 porque una porción importante de los sectores populares que podían aspirar a un mejoramiento en sus condiciones de vida (propia o de sus hijos) han quedado literalmente excluidos. La dicotomía, como en otros modelos neoliberales, dejo de ser “arriba/abajo” para pasar a ser “adentro/afuera”.  

Los sectores mas pobres, ahora despojados del trabajo, han quedado mas marginados espacialmente que nunca. A la par de la proliferación de complejos habitacionales lujosos, country clubs y barrios cerrados, se ha reducido el transito entre sectores sociales. Los dormitorios obreros se han convertido en espacios de desempleados, de aquellos que han sido expulsados del sistema social. A nuestro parecer, el neoliberalismo ha profundizado cualitativamente las antiguas fronteras urbanas de Buenos Aires, transformando a muchos barrios populares en guetos sociales, en instituciones totales de la miseria.  

Podría entonces establecerse una diferencia entre Buenos Aires y otras áreas metropolitanas de la región. Todos los barrios que hemos analizado forman parte de la ciudad y sus pobladores han trabajado para insertarse en ella en forma creciente. Si hoy no han sido excluidos completamente es porque sus organizaciones han obtenido recursos ciertamente escasos que permiten un modo parcial de inclusión. Los planes y asistencia publica no son exclusivamente recursos de sobrevivencia, sino que de manera precaria constituyen y simbolizan un lazo con el Estado, un reconocimiento (insuficiente) de un derecho de asistencia.  

En este contexto, también los modos en que se organizan y protestan los sectores populares urbanos han sufrido transformaciones. Si se compara con las décadas de 1960 y 1970, caracterizadas por una amplia movilización política en las principales ciudades de Argentina y por una fuerte presencia de los partidos políticos, los cambios son inmensos. Si bien nuestro trabajo de campo no nos permite efectuar comparaciones, si nos permite reflexionar acerca de como el espacio de la fabrica y de la producción, y sus organizaciones respectivas, tendieron a perder peso respecto del espacio del barrio y de la reproducción. No es casual, por lo tanto, que el único factor común a todos los barrios sea la amplia presencia de comedores comunitarios y el hecho común entre las nuevas organizaciones sea su carácter territorial.  

Estas características comunes a los barrios y a las organizaciones se vinculan a los principales problemas de los pobres urbanos. Tomando en cuenta las demandas de las organizaciones populares, las encuestas de opinión publica y las investigaciones sociales realizadas en el área, estos problemas son: el desempleo, la alimentación, la inseguridad, el acceso a la tierra y la vivienda, la salud, la educación y los bajos ingresos. El peso relativo de estos problemas ha variado de hecho en la ultima década, el desempleo, la alimentación y la inseguridad no eran problemas cruciales hace dos décadas atrás.  

Si nos preguntamos como sobreviven los marginados es difícil no retomar una respuesta clave de Lomnitz (1998 [1975]): “usando y potenciando sus redes”. Las características de las redes sociales son justamente una dimensión relevante para el análisis comparativo de las ultimas décadas. Si bien, como ya se ha hecho, podría diagnosticarse un “encogimiento de las redes sociales” (Auyero, 2001b), surge entonces el interrogante de si a partir de ello .no habrán debido surgir nuevas formas de asociatividad u organización? Históricamente, una persona inserta en una red social amplia era asistida por los miembros de la misma que, teniendo trabajo u otro tipo de recursos podía prestarle ayuda en caso de necesidad. En el contexto de crisis producto de la era neoliberal dicha suposición se torna imprecisa, ya que los recursos generales de la red se han reducido en forma significativa. Una importante porción de los sectores populares ya no cuenta con un trabajo estable, lo cual, en contextos de restricción de planes sociales genera drenaje de potenciales recursos a la red. Encontramos así una relación entre redes, asociatividad y Estado, que se ha ido transformando en el tiempo.  

Svampa y Pereyra (2003) plantean la pregunta sociológica acerca de por que es en Argentina donde surge un nuevo movimiento social de desempleados, siendo el desempleo un problema común a muchos otros países. Para responderlo, los autores han señalado un conjunto de factores relevantes. Mientras en otros países el Estado tuvo redes políticas fuertes de contención, en Argentina no las hubo. Mientras en otros países la demanda de empleo se canalizo a través de los sindicatos tradicionales, dichas instituciones, en Argentina, avalaron la política de reconversión. Mientras en otros países, las personas apelaron al tejido comunitario, a las redes de supervivencia y –agregamos nosotros– a un sector informal extendido, en Argentina estas resultaban insuficientes para amortiguar tan importante caída. Esto se combina entonces, con el impacto del desempleo en una sociedad bastante integrada y fuertemente salarial, en contraste con otras de America Latina (Svampa y Pereyra, 2003: 11-13).  

Estas tres insuficiencias (del Estado, de los sindicatos y de las redes comunitarias) pueden considerarse complementariamente como presencias destacables en la historia argentina que permiten explicar el fenómeno piquetero. La relevancia del Estado en la historia argentina tiene mucha vinculación con que la falta de empleo se convierta en una demanda reivindicativa y política. Algo similar sucede con la larga tradición sindical y asociativa que se hace presente en las nuevas organizaciones ante la deserción de los dirigentes sindicales y la insuficiencia de las redes existentes. Es decir, son la propia cultura política de los sectores populares, la particular presencia del Estado, la tradición sindical y la crisis de recursos de las redes sociales los factores que explican el fenómeno.  

Si después de los piquetes se obtuvieron planes sociales, nuevamente estamos en presencia del Estado, “sindicato” y redes: hay un decreto que establece un derecho, un conjunto de organizaciones que lo reclaman y administran planes, y una trama social que se hace relevante en la búsqueda del plan, en el crecimiento de las organizaciones y en los grupos en que se estructura la contraprestación. En otras palabras, con las políticas neoliberales el Estado se retiro de la protección social de vastos sectores populares. Se genera un vacío, un “desierto”, cuando los viejos sindicatos, partidos e instituciones que en otros contextos habían sido canales de resistencia dejan de cumplir ese papel. En ese marco, surge una nueva demanda que, en algún momento variable del proceso, se institucionaliza como “sindicato barrial de desocupados”. Eso solo se consolida a partir de que el Estado reaparece (se lo hace reaparecer a través de la acción) tanto en su variante represiva como en su dimensión social. “Los manifestantes en la ruta se dirigen al Estado nacional solicitando su reinserción al mismo” (Delamata, 2002: 130).  

Casi tres décadas atrás Portes y Walton señalaban algunas tendencias sociales de “las políticas de la pobreza urbana” en America Latina que tal vez valga la pena contrastar con la situación encontrada en Buenos Aires al comenzar el nuevo milenio. La primera señalaba que la conducta política de los pobres esta definida por la racionalidad ante circunstancias estructurales. Las preguntas actuales de investigación tratan mas acerca de las características especificas que adquiere en diferentes contextos esa racionalidad, que a demostrar la existencia de la racionalidad en si. Si en ciertas situaciones puede canalizarse a través de la participación barrial o electoral, en otros momentos puede derivar en reclamar en las calles al Estado.  

La segunda tendencia se refería a que el eje del agrupamiento político de los grupos marginados se vinculaba a su problema mas urgente, insoluble por vía individual: el acceso a la tierra y la vivienda. El caso argentino muestra un cambio significativo en relación a la definición del problema acuciante, el cual ha pasado a ser el empleo y no ya el acceso a la tierra y la vivienda. La tercera tendencia se vinculaba al mayor peso relativo de las organizaciones comunales centradas en cuestiones locales como vehículos preferidos de la acción política. Esta tendencia no podría ser sostenida tan taxativamente en el contexto actual argentino, aunque no porque los partidos políticos hayan cobrado una mayor relevancia –en verdad han sufrido un masivo proceso de desafiliación. Lo que ocurre es que dado que la agenda de reivindicación es básicamente no local, la lucha por el empleo, se han generado nuevos tipos de interrelaciones entre lo local y lo nacional. Estas interrelaciones tienen una mayor semejanza con tradiciones sindicales que con tradiciones estrictamente políticas. La dinámica de alta fragmentación política de organizaciones piqueteros y fabricas recuperadas  (así como en 2002 y 2003 de las asambleas populares) no podría ser adjudicada a la relevancia de lo local. Mas bien, una investigación debería buscar reconstruir las matrices de cultura política que coaccionan hacia la constante fisión.  

La cuarta tendencia enfatizaba la historicidad de las organizaciones y sus transformaciones en función del cambiante valor instrumental. A nuestro parecer esta tendencia tiene una relevancia particular tanto para comprender la evolución reciente de las organizaciones populares como para dar cuenta de la nueva fase que se esta iniciando en Argentina, pasado ya el momento mas agudo de la crisis económica y política. Hemos mencionado como organizaciones, redes y practicas como el trueque y las asambleas que surgieron durante la crisis perdieron por diversos motivos vitalidad y relevancia. Por otra parte, se analizo como el problema social acuciante del desempleo comenzó en un momento a ser colectivamente abordado y, a partir del éxito relativo de esas acciones colectivas y sus lideres, emergieron y se consolidaron centenares de organizaciones de base que luchan, obtienen y administran planes sociales. Claro esta que para entender la evolución de las organizaciones no debería perderse de vista el rol clave del gobierno, el cual desarrolla estrategias para debilitar a las organizaciones mas opositoras.  

La quinta tendencia se refería a que la ausencia relativa de radicalización política no se debía a que no había importantes frustraciones, sino a la percepción de inviabilidad de desafiar el orden existente. Constatar esta tendencia en el caso argentino demandaría una mas amplia investigación empírica. De todas formas podemos señalar que hacia finales de 2001 e inicios de 2002 amplios sectores sociales manifestaron su percepción de la inviabilidad del orden existente que generalizaba el rechazo a lo hegemónico mucho mas que afirmaba la viabilidad de un cambio en una dirección determinada. A nuestro modo de ver el radicalismo político había alcanzado sus propios limites en la movilización a Plaza de Mayo de la izquierda y piqueteros del 20 de diciembre de 2002 (Grimson, 2003b). Un ano después un acto análogo mostró a organizaciones piqueteras consolidadas, pero sin capacidad de interpelación a sectores medios, cuya ausencia fue completa en esta oportunidad.  

La sexta tendencia se refería al papel clave de la intervención externa en la acción política y la dependencia que esa acción tiene de las circunstancias generales. .Cuando podemos estar seguros de considerar “externa” a una intervención? Este es un punto complejo. así, por ejemplo, varias ocupaciones de fabricas fueron iniciativa de los propios trabajadores, pero para subsistir y avanzar tuvieron que establecer vínculos con brokers de diferente tipo (sindicales, políticos, legales). Algo similar sucedió con comedores populares o merenderos que surgieron por iniciativa de los vecinos. Por ultimo la existencia de un grupo de militantes sociales y políticos con cierta trayectoria ha sido una condición necesaria para la emergencia de un grupo piquetero. La intervención externa puede no ser imprescindible para el surgimiento de algunos procesos organizacionales, pero su mediación con las condiciones generales es condición sine quanon de su institucionalización.  

Para terminar, si comparamos la situación de las organizaciones populares de la actualidad con la dominante en la década de 1970, deben necesariamente contrastarse las características de la militancia. Si en aquella época había grandes organizaciones que promovían la “proletarización” y canalizaban los vínculos con los barrios populares de los sectores medios, actualmente organizaciones políticas de ese tipo son menos relevantes. Lo llamativo es que, desde la segunda mitad de la década de 1990 una camada entera de sectores medios ha decidido realizar actividad social y política en barrios populares sin mediación institucional alguna. La crisis de los partidos políticos no ha implicado en Buenos Aires el fin de la militancia, sino el surgimiento de una militancia de nuevo tipo que muchas veces es “externa” en términos de origen social, aunque no lo es siempre –por ahora– en términos de la formación de una corporación política.

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Notas