Introducción

El objetivo central del trabajo es el de presentar un conjunto de propuestas y de instrumentos que conforman una visión alternativa de la gestión urbana de cara a los contextos socio - territoriales que presentan las ciudades latinoamericanas. El trabajo recoge debates, trabajos y aportes generados tanto en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires - Argentina) como en el Lincoln Institute y refleja asimismo un conjunto de análisis y reflexiones que parten de la práctica profesional fundamentalmente en ciudades argentinas.

En este sentido es importante hacer la siguiente observación: aún cuando en el documento se hacen consideraciones de método y de práctica de la planificación y de la gestión del suelo, estas no pueden ser asumidas como un modelo para "armar y usar" en cualquier contexto. Sin duda no existe una única técnica de planificación. Por esto, el presente trabajo tiene la intención de brindar fundamentos básicos que colaboren a que cada sujeto diseñe sus propios métodos y herramientas de acción en base a las condiciones que impone el medio en el que pretende actuar.

 

1. Propuestas para una concepción alternativa de la ciudad y de la gestión urbana

En nuestros países, el proceso de globalización de los últimos 15 años coincide con la aplicación de políticas de desregulación económica, ajuste fiscal y reforma del Estado.

Más allá de acordar si las políticas de ajuste y reforma pueden ser consideradas como condición o como resultado de estos procesos de globales, lo que podemos observar son sus consecuencias:

a. Según la CEPAL (2000, a y b), América Latina constituye en la actualidad la región del mundo con mayor desigualdad. En ese contexto más de la mitad de los latinoamericanos viven en la pobreza y algo más de 90 millones de personas no cuentan siquiera con los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente.

b. Estos procesos simultáneos han dado lugar a nuevas formas de acumulación política y económica y nuevas prácticas de legitimación y deslegitimación del Estado que obviamente han cambiado las formas de control y gestión de la urbanización.

Tal como señalan Borja, J. y Castells, M. (1998) la transformación de nuestras sociedades por los procesos de globalización y reforma del Estado tienen una dimensión espacial y lo que dicha transformación representa es la constitución de una nueva organización espacial característica de los nuevos procesos de acumulación del capital, de organización de la producción, de integración de los mercados, del papel asignado al Estado central, provincial y municipal y del ejercicio del poder de escala planetaria.

Así las ciudades latinoamericanas han experimentado a partir de mediados de la década de 1980 cambios importantes en su estructura urbana, en su tipología edilicia, en su "mapa social" y su mercado residencial, que muestran claras tendencias hacia la polarización, en la forma de estructuración territorial y gestionaria del comercio y los servicios, en la tecnología de las comunicaciones y la actividad económica tanto a nivel público como privado y, en general, en el patrón de la actividad productiva. Estas transformaciones se han visto acompañadas en algunos casos por cambios de importancia en el marco institucional, legal y administrativo de la ciudad (autonomía, descentralización de la gestión) y en la metodología y estilo de las intervenciones urbanas (grandes proyectos puntuales, planeamiento "estratégico").

En el centro de la reestructuración económica general y de la redefinición del papel y de las competencias del poder central, las ciudades vienen paulatinamente siendo impulsadas a asumir un mayor control, en sentido amplio, de su crecimiento y desarrollo.

El fortalecimiento de las administraciones locales, que orienta la transferencia hacia el ámbito local de la regulación del crecimiento urbano, es acompañado de mayores responsabilidades. En los últimos años, ese escenario viene traduciéndose en nuevos desafíos gubernamentales, que se manifiestan en nuevas prioridades para la actuación pública. Entre esas prioridades, asumen gran importancia, tornándose ítems obligatorios en las actuales agendas de gobierno, el aumento de la recaudación local y el mejoramiento y/o perfeccionamiento de la capacidad de gestión y de planificación.

Sin embargo, la característica histórica saliente de la ciudad latinoamericana ha sido la profundidad de sus contrastes socio - espaciales.

Las desigualdades de nuestras sociedades alimentan un proceso de exclusión social que se revela en la estructura de las ciudades y constituye un desafío para los gobiernos y las organizaciones sociales preocupadas por la mejora de la calidad de la ciudad. La recuperación y cualificación de los asentamientos precarios resultantes del proceso de formación de nuestras ciudades en las últimas décadas se imponen con la misma urgencia que la democratización del acceso a la tierra y la provisión de nuevas unidades habitacionales.

Así, la gestión de la tierra urbana es una herramienta fundamental para el desarrollo socio-económico de las ciudades en dirección a un proceso sustentable. Los diferentes instrumentos de gestión y regulación urbanística son esenciales en la gestión de la tierra urbana en la medida que inciden directamente en la construcción y configuración del territorio.

Ellos operan en la relación entre el Estado y la sociedad civil y poseen una importante interacción con los procesos de apropiación de los espacios y el destino de estos en cuanto a sus finalidades socio-económicas.

El espacio urbano no es sólo una superficie sobre la cual se plasma la producción y el consumo de bienes y servicios, es también un espacio socialmente construido. En su construcción, múltiples agentes urbanos dotados de distinta capacidad transformadora intentan avanzar sus intereses individuales o colectivos mediante acciones y negociaciones estratégicas. Este proceso se desarrolla a través del tiempo y sus consecuencias se expresan en el espacio perceptible. Sin embargo, existe un gran desconocimiento sobre la manera en la cual la ciudad es construida.

En base a lo antedicho, en este trabajo se parte de la consideración de que los cambios socioeconómicos que se están operando en nuestros países son lo suficientemente importantes como para cuestionar el modelo de desarrollo urbano actual y, en consecuencia, es necesario emprender decididamente nuevas formas de intervención sobre el territorio que sean el soporte estructural de un nuevo modelo territorial mas justo y solidario. Esto replantea asimismo metodologías y prácticas heredadas del urbanismo tradicional y promueve la necesidad de superar una visión de tipo meramente paliativa de la situación existente.

En síntesis, se requiere pasar de planes reglamentaristas de ordenamiento a planes / programas de transformación urbana, en los cuales se busca una mayor integralidad de las políticas urbanísticas, ambientales, sociales y económicas y un fuerte anclaje en un sistema de gestión que asegure la concretización de los resultados.

"Un nuevo paradigma que privilegia la ciudad real, aceptando en ella la presencia permanente del conflicto y tomando la gestión cotidiana como punto de partida, se está desarollando en las ciudades latinoamericanas. Este nuevo paradigma parte del planteamiento de que la ciudad se produce por una multiplicidad de agentes que deben tener su acción concertada, generando un pacto que corresponda al interés público de la ciudad. Presupone una revisión permanente para ajustes o adecuaciones, que mantenga un seguimiento de la dinámica de la producción y reproducción de la ciudad" (Rolnik, 1997).

 

2. Análisis de instrumentos de gestión urbana

Como se dijo mas arriba, la situación que presentan las ciudades en Latinoamérica requiere pasar de un urbanismo hoy escasamente regulador a un urbanismo gestor de políticas activas a través de la puesta en marcha articulada de programas, proyectos, normas, modos de gestión y formas de participación.

La política urbana no se agota en la gestión de un único instrumento, en un documento aislado, ni en una única pieza normativa o código reglamentario.

Desde esta mirada, y tomando en consideración la experiencia de diferentes ciudades, se ha elaborado una síntesis de distintos instrumentos de actuación que viabilicen una política urbana transformadora y que están orientados al fortalecimiento del rol del estado municipal, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la exclusión socio - territorial.

Como se puede observar, los nuevos instrumentos presentan una gran diversidad debido a que deben su origen a la importante disparidad que tienen los problemas y parámetros locales en las distintas ciudades. Pero a pesar de esta diversidad, existe una lógica común que sobrepasa las nuevas experiencias: el objetivo es siempre el de alcanzar una mayor capacidad de intervención en los modos de producción de la ciudad real, en lugar de la adopción de modelos ideales a los cuales se quiere llegar como planteaba el urbanismo tradicional.

En el presente trabajo los instrumentos de gestión urbana que se desarrollan mas abajo se han clasificado en

 

4.1. Instrumentos de planificación

Los instrumentos formales de planificación son aquellos que desarrollan las políticas generales de desarrollo territorial del municipio.

4.1.1. Plan estratégico de desarrollo local

El Plan de Desarrollo Local es un proyecto colectivo y integral de la ciudad y la gestión, con objetivos intersectoriales dirigidos al desarrollo y capaz de convertirse en un "espacio" de movilización y acuerdos de la sociedad. Cuando hablamos de desarrollo local nos referimos a un proceso de desarrollo integral en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo cultural y lo político.

Desde esta perspectiva, poner en marcha un proceso de desarrollo local significa la elaboración de diferentes estrategias de desarrollo endógeno, que comiencen desde "abajo" a reconstituir el tejido social, la participación de las organizaciones sociales y la base económica de las regiones, promoviendo y apoyando las estructuras productivas paralizadas y estimulando nuevas iniciativas de trabajo productivo de familias, barrios, comunidades urbanas y rurales y municipios.

4.1.2. Plan urbano

El Plan Urbano es el instrumento que expresa los lineamientos de la política de desarrollo territorial de una ciudad a través de estrategias, objetivos, directrices generales, programas y proyectos y normas reglamentarias y de gestión. Tiene por finalidad principal promover y ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana. La propiedad urbana cumple su función social cuando atiende las exigencias fundamentales del desarrollo del territorio expresadas en el Plan Urbano, asegurando las respuestas a las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la calidad de vida, a la justicia social y al desenvolvimiento de las actividades económicas.

El Plan Urbano constituye la ordenanza marco a la que se ajustan las políticas y acciones urbanísticas y ambientales y las obras públicas en un Municipio.

4.1.3. Normativas de regulación

Las normativas de regulación son los instrumentos reglamentarios básicos de la gestión del uso, ocupación y equipamiento del suelo. De tal forma son la expresión jurídica de un Plan Urbano y están sometidos su cumplimiento todas las personas físicas y jurídicas públicas o privadas con asiento en la ciudad.

Las disposiciones de las normativas de regulación alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, el parcelamiento de la propiedad inmueble, los volúmenes edificables, el tejido urbano, el tejido rural, la preservación de los ámbitos patrimoniales construidos y naturales y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento físico-espacial y ambiental del territorio.

Los instrumentos operativos de planificación son aquellos que desarrollan y complementan las definiciones del Plan de Desarrollo Local y/o del Plan Urbano en unidades de actuación delimitadas.

De tal forma, determinan los diferentes niveles de planeamiento urbano según objetivos concretos en cada caso y tienen la función de ajustar las determinaciones de los Planes anteriores a sectores mas reducidos del municipio y con problemáticas y oportunidades precisas. De tal forma, son instrumentos específicos que se aplican a ámbitos territoriales particulares y que reconocen las diferentes escalas de intervención en la gestión del suelo.

El objeto de estos instrumentos particularizados es la planificación e implementación de las intervenciones y la programación en el tiempo de las mismas con criterios de eficacia y economía de recursos.

4.1.4. Planes especiales

Son los referidos a estudios parciales del territorio municipal, y tienen por finalidad desarrollar propuestas de planificación en una escala más reducida, ya sea en las Areas Urbana, Complementaria o Rural. Se referirán a renovación, protección, estructuración, reestructuración y consolidación de sectores así como al desarrollo de una propuesta integral en una zona o sector previamente delimitado.

4.1.5. Planes sectoriales

Son los planes que desarrollan un tema o un aspecto específico dentro de los sistemas de la ciudad. Estos pueden estar referidos a cuestiones de tránsito, transporte de cargas, saneamiento, desagues pluviales, etc., sin que esta enunciación sea taxtativa. En todos los planes sectoriales se deberá garantizar la coherencia de la actividad planificada con el Plan de Desarrollo Local y/o con el Plan Urbano.

4.1.6. Proyecto urbano de detalle

Es el instrumento mediante el cual es posible completar el ordenamiento de un determinado ámbito del espacio territorial urbano en sus aspectos urbanísticos más precisos: amanzanado, parcelario, nivelaciones, edificabilidad, alturas, retiros, afectaciones, usos, etcétera.

4.1.7. Evaluación de Impacto Urbano Ambiental

La Evaluación del Impacto Urbano Ambiental es el procedimiento técnicoadministrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir, atenuar o recomponer los impactos urbano ambientales que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados puedan causar al ambiente en función de los principios, objetivos y directrices fijados en el Plan Urbano.

Se considera Impacto Urbano Ambiental al conjunto de efectos positivos o negativos derivados directa o indirectamente de planes, programas, proyectos y acciones, con incidencia sobre la calidad de vida de la población, sobre los componentes o procesos del sistema urbano y/o sobre los componentes o procesos del sistema natural.

 

4.2. Instrumentos de promoción y desarrollo

Los instrumentos de promoción y desarrollo son mecanismos destinados a facilitar la ejecución de diferentes proyectos o la gestión de áreas o servicios urbanos. Algunos de ellos se instrumentan a través de la promoción de procesos de colaboración entre los propietarios de suelo, las organizaciones sociales y el poder público.

4.2.1. Convenios Urbanísticos

Se llaman Convenios Urbanísticos a los acuerdos celebrados entre un Municipio con otras organizaciones gubernamentales o particulares para la realización de estrategias, objetivos, directrices, planes, proyectos y reglamentaciones. Los convenios urbanísticos se diferencian por su contenido y finalidad en:

4.2.2. Consorcios de urbanización social

La figura del consorcio entre un municipio y agentes sociales para la ejecución de proyectos tiene un amplio abanico de alcances de actuación. Su principal objetivo es viabilizar la ocupación de grandes áreas vacantes dentro del tejido urbano que no dispongan de infraestructura completa y con ello reducir los efectos de la especulación inmobiliaria sobre el costo de extensión de la ciudad.

La urbanización consorciada permite contar con recursos para proyectos sociales sin expropiar terrenos, ya que se conseguirían como pago por la urbanización realizada. A través de esta figura, el Municipio elabora el proyecto y determina las formas de ocupación. La adopción de este sistema implica siempre la confección de un proyecto de reparcelación del polígono lo que obliga, en el caso de que los propietarios del suelo sean más de uno, a conformar un sistema de compensaciones para asegurar un equitativo reparto de cargas y beneficios.

La participación del municipio en el financiamiento de la operación es variable pudiendo los propietarios del suelo y/o las organizaciones sociales participantes aportar recursos para realizar obras. En muchos casos se establece un área de reserva del perímetro, que podrá ser vendido a la iniciativa privada a fin de recuperar parte de los costos de las obras públicas.

4.2.3. Corporaciones y/o empresas públicas

La figura de corporaciones y/o empresas públicas incluye diversas modalidades de gestión, relacionadas con la administración pública a diferentes niveles, pero en ningún caso con participación de entidades privadas. Se distinguen dos grandes grupos diferenciados por número de entidades que participan en la colaboración:

En general estas figuras están destinadas a viabilizar transformaciones urbanísticas y estructurales en sectores de la ciudad como por ejemplo la recalificación de ambientes urbanos deteriorados.

Las corporaciones y/o empresas públicas se conforman como entidades administrativas con personalidad jurídica y capacidad propia, que pueden contar con patrimonio y presupuesto propios, adjudicar contratos, enajenar bienes mediante concurso público y ser beneficiarias de expropiaciones en el polígono de intervención que se delimite como objeto de la ejecución del planeamiento y de gestión urbanística a desarrollar.

4.2.4. Empresas, entes y/o sociedades de economía mixta

En estas figuras asociativas el capital no es totalmente público sino que la empresa o empresas privadas que participan en la asociación aportan parte de este capital. Existe una diversidad importante de formas de asociación de la administración pública con entidades privadas en proyectos de gestión del suelo o en lo que se conoce como gestión indirecta de los servicios públicos. Los objetivos que persiguen estas asociaciones son también diversos y resulta complicado estructurarlos por sectores ya que la mayoría de estas modalidades de gestión pueden adoptarse en ámbitos de desarrollo urbano, socio-económico o promocional, indistintamente.

En general estas figuras están destinadas a viabilizar transformaciones urbanísticas y estructurales en sectores de la ciudad con mayor rapidez de ejecución y menor utilización de recursos públicos. De tal forma se requiere que las propuestas cuenten con un amplio proceso de discusión pública y con un marco de seguridad jurídica que defina con claridad los parámetros, alcances, características e impactos de la operación.

4.2.5. Banco de Tierras Municipal

La constitución de un Banco de Tierras supone poner en valor el conjunto de activos físicos del gobierno local para disponer de suelo para la concreción de las intervenciones priorizadas en los Planes, participar en las rentas urbanas que se generen a raíz de las intervenciones urbanísticas y constituir reservas físicas o financieras de carácter estratégico para el desarrollo urbano.

Por otro lado, permite a la autoridad local contar con un stock de parcelas permanente a fin de anular la especulación inmobiliaria frente a la demanda de suelo público destinado a la cobertura de equipamientos sociales.

Las parcelas que forman parte del Banco están destinadas a:

En general el patrimonio de tierras está formado por:

En general las reglamentaciones incluyen el derecho de preferencia para la adquisición de predios a favor de esos bancos de tierras.

Su implementación está relacionada con la de otros instrumentos de gestión de suelo tales como el impuesto inmobiliario progresivo, la adquisición fiduciaria de inmuebles y la expropiación, pues significa otra de forma de constituir el Banco de Tierras.

4.2.6. Expropiación

En este caso los propietarios quedan excluidos del proceso urbanizador y la administración pública actuante expropia por razones urbanísticas todo el conjunto de bienes de un polígono determinado a cambio de un justiprecio fijado según los criterios que impone la normativa vigente.

Algunas de las razones que justifican la adopción de este sistema son las siguientes:

4.2.7. Premios de Incentivo

El sistema de Premios de Incentivo es un mecanismo que busca incentivar una mejor configuración de la ciudad a través de soluciones arquitectónicas y urbanísticas que desarrollen programas y acciones de gran compromiso con el espacio público y respeto por el medio heredado.

Los propietarios de las obras premiadas cada año reciben como premio la eximisión del pago de tasas municipales por el término de un año.

4.2.8. Creación de Zonas Especiales de Interés Social

Las Zonas Especiales de Interés Social (ZEIS) son delimitaciones de predios vacantes en áreas aptas y interesantes para urbanizar o áreas donde existan ocupaciones irregulares, que pasan a ser objeto de estudio, intervención y reglamentación específicos.

De esta forma se busca incrementar la producción de viviendas de interés social, a través del aumento de la oferta de áreas urbanizadas y proteger los intereses de la población más pobre que vive en "tugurios" y parcelaciones irregulares, garantizando la recuperación de áreas de vivienda en condiciones precarias y la permanencia de la población residente local. Las ZEIS aseguran tratamiento legal y urbanístico específico para realidades diferenciadas, promoviendo mejores condiciones y respetando las tipicidades locales.

Las ZEIS pueden ser de tres tipos:

 

4.3. Instrumentos de financiamiento

4.3.1. Fondo de Desarrollo Urbano

El Fondo de Desarrollo Urbano es un instrumento destinado a financiar las siguientes acciones:

El patrimonio del Fondo generalmente está constituido por:

4.3.2. Banco Social de Microcrédito

El Banco Social de Microcrédito es un sistema de aportes reintegrables a las familias de menores recursos a través de instancias locales de organización. De tal forma, es una estrategia diseñada para permitir el acceso a recursos financieros a personas de bajos ingresos o excluidas del acceso a la banca formal, con el objetivo de promover mejores condiciones tanto para la producción y generación de empleo como para el mejoramiento del hábitat.

En general los programas de microfinanzas se estructuran en base al concurso de organizaciones locales de derecho privado sin fines de lucro bajo la forma jurídica de consorcios públicos privados, asociaciones civiles u otras afines.

Las experiencias en curso en muchos de nuestros países muestran que se desarrolló un sistema de pequeños créditos a familias sin garantía real, basándose en garantías personales solidarias; con recuperación normal (baja morosidad y reducida tasa de incobrabilidad) y costos operativos aceptables. El crédito se otorga a familias que se encuentren incluídas en programas de regularización dominial, en grupos de 3 a 4 familias, con garantía solidaria, mancomunada e indivisible. La familias puede ir recibiendo renovaciones de los préstamos, en la medida que tengan un correcto cumplimiento en la devolución de las cuotas pactadas.

4.3.3. Banco de materiales

El Banco de Materiales es un instrumento cuya misión es la de contribuir en la solución del problema de la edificación y mejoramiento de la vivienda básica, financiándola a través del abastecimiento de materiales necesarios. Los préstamos están dirigidos a los sectores mas necesitados de vivienda y el programa en la gran mayoría de los casos se articula con programas de regularización dominial.

En general, los préstamos que se otorgan pueden ser empleados para la construcción de un núcleo básico de material noble (30 m2), módulos de material liviano (18m2), ampliación y/o mejoramiento de la vivienda. El crédito concedido se utiliza en el pago de los materiales y servicios de mano de obra de la ejecución de la vivienda.

Los préstamos son individuales, pudiendo gestionar su aprobación a través de grupos interesados en la construcción conjunta de viviendas. El monto del préstamo se fija según el tipo de obra a ejecutar y de acuerdo a la calificación socio económica realizada. Sin embargo, al igual que en los casos de microfinanzas, las experiencias están asociadas a mecanismos de autogestión de los pobladores.

4.3.4. Contribución de valorización

La contribución de valorización como instrumento busca recuperar el costo de la obra mas un pequeño porcentaje de costos de administración, mediante el cobro a los particulares de una contribución proporcional al incremento de valor causado por la obra en cuestión.

 

4.4. Instrumentos de redistribución de costos y beneficios del desarrollo urbano

4.4.1. Participación de la Municipalidad en las rentas diferenciales generadas por la acción urbanística

Las acciones urbanísticas que regulan la utilización del espacio urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho al Municipio a participar en las rentas resultantes de dichas acciones. Esta participación está destinada a acciones y operaciones encaminadas a distribuir y financiar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbana y ambiental de la ciudad.

Constituyen hechos generadores de la participación en las rentas urbanas, todas aquellas decisiones administrativas que autoricen a destinar el inmueble a un uso mas rentable o bien incrementar el aprovechamiento de las parcelas permitiendo una mayor área edificada. Son hechos generadores los siguientes:

4.4.2. Zonas Especiales de Desarrollo Prioritario - Impuesto progresivo a la tierra y/o edificios vacantes

Las Zonas Especiales de Desarrollo Prioritario son aquellos sectores o inmuebles que, estando vacantes o subutilizados y en cumplimiento de las funciones sociales de la propiedad urbana, deben ser objeto de reparcelamiento y/o destinados a algún tipo de ocupación. De esta forma la declaración de un sector urbano como Zona Especial de Desarrollo Prioritario afectará a las parcelas baldías como a las con edificación derruida o paralizada, pudiendo el municipio establecer plazos para urbanizar y/o edificar.

En forma articulada sobre estos estas zonas o inmuebles se aplica una sobre tasa o impuesto que contribuya a cohibir el uso especulativo del suelo urbano, es decir, sin finalidad tributaria.

La utilización de estos instrumentos permiten:

4.4.3. Suelo creado y transferencia del derecho de construcción

Los objetivos del denominado suelo creado son:

El objetivo de la transferencia del derecho de construir es el de liberar áreas donde el Plan Urbano proyecta realizar algún programa social (áreas verdes, equipamiento, etc.) o reconocer las cargas urbanísticas que pesan sobre determinados inmuebles (por ejemplo aquellos edificios privados protegidos por su carácter patrimonial).

Estos instrumentos están directamente relacionados con los planes y normativas de la ciudad y otros instrumentos de gestión que se implementen en tanto determinen áreas de actuación especificas o prioritarias, por lo que es fundamental para una eficaz implementación de este instrumento la definición de los parámetros territoriales - ambientales, la redefinición de los indicadores urbanísticos aprovechamiento y de ocupación de las parcelas y el estudio de las áreas posibles de transferir tanto suelo creado como derechos de construcción.

 

4.5. Instrumentos de participación ciudadana

Se entiende por participación ciudadana en la planificación y gestión del territorio a los procesos organizados y sistemáticos mediante los cuales se garantiza a la comunidad la posibilidad de emitir opiniones, sugerencias o propuestas en forma individual y colectiva y a la obligatoriedad de los organismos municipales involucrados de responder a las inquietudes planteadas.

Los sistemas rígidos de verificación del cumplimiento de normas están dejando de ser aplicados y están siendo sustituidos por procesos de concertación, compromisos entre actores sociales, compromisos entre inversores y vinculación de éstos a resultados o intervenciones concretas. En suma, se está poniendo el acento en la formulación de las reglas del juego, y no en la preconfiguración normativa de los resultados. En esa línea, se han desarrollado instrumentos para una acción territorial más transparente, impulsora, movilizadora y menos preocupada por prohibir; una planificación menos rígida y más eficaz, sin renunciar a la calidad de los resultados o, precisamente como exigencia de resultados.

4.5.1. Comisión Municipal de Gestión Territorial o Consejo de Desarrollo Urbano

La Comisión Municipal de Gestión Territorial o Consejo de Desarrollo Urbano (CMGT) es un órgano de participación sectorial con el objeto de canalizar los aportes de técnicos de los sectores representativos de la ciudad como una forma de enriquecer y racionalizar los procesos de planificación y gestión municipal. De tal manera, la CMGT propicia junto a la adopción de otros mecanismos de participación, la construcción de un espacio de consenso de la ciudad a partir de la intervención de diversos actores públicos.

Las competencias generales de la CMGT son aproximadamente las siguientes:

La CMGT están conformadas por funcionarios del poder público y organizaciones profesionales y sociales de la ciudad. En una amplia variedad de casos, las instituciones extramunicipales componentes de la CMGT reciben una compensación funcional no remunerativa como reconocimiento de gastos por su tarea.

4.5.2. Audiencias Públicas

La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con los interesados.

Las opiniones de los habitantes recogidas durante la Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante. Luego de finalizada la Audiencia, la autoridad responsable de la decisión debe explicitar, en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione, de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.

Existe una amplia variedad de tipos de Audiencias Públicas, pero en el caso de la gestión del suelo se distinguen las siguientes:

4.5.3. Normas sobre derecho de información urbanística y ambiental

Las normas sobre derecho de información urbanística y ambiental son aquellas dictadas a fin de que el municipio adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a la información urbanística y ambiental de su competencia a todas las personas, físicas y jurídicas, sin necesidad de que acrediten un interés determinado y con garantía de confidencialidad sobre su identidad.

Se entiende por información urbanística y ambiental toda información disponible por el municipio bajo cualquier forma de expresión y en todo tipo de soporte material, referida a las determinaciones tanto del Plan Urbano, como de los planes, proyectos, actividades, normas y medidas que puedan afectar a cualquier parcela dentro del espacio territorial bajo jurisdicción municipal.

4.5.4. Presupuesto participativo

El Presupuesto participativo es una modalidad de gestión pública basada en la participación directa de la población en las diversas fases que componen la elaboración y la ejecución del presupuesto público municipal, especialmente en la indicación de las prioridades para la adjudicación de los recursos de inversiones. Instituido en a finales de los años '80 en Brasil y consolidado en una dinámica operacional especifica, esa modalidad de gestión es resultante de los complejos escenarios socio-político y de la interacción de múltiples variables intervinientes en la relación entre gobernantes del municipio (ejecutivo y legislativo) y la población local.

El Presupuesto Participativo se asienta en una estructura y en un proceso de participación comunitaria que se desenvuelve a través de tres principios básicos:

El proceso de la participación en las definiciones del presupuesto municipal se da en tres etapas y según dos modalidades de participación: la regional y la temática. Las asambleas regionales y las temáticas están relacionadas y obedecen a la misma dinámica, difiriendo en cuanto al carácter de la agenda de discusión: demandas territoriales, en el primer caso, y temas específicos, pero referentes al conjunto de las regiones de la ciudad, en segundo lugar.

Las tres etapas en que se desenvuelve el ciclo anual del Presupuesto Participativo son:

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