Lucan realiza en su libro un exhaustivo análisis de las operaciones francesas del último medio siglo, integrando las cuestiones de desarrollo inmobiliario, coordinación de programas, proyectos y obras, mixturas, escalas de proyecto y paisaje urbano; en definitiva, los puntos clave de cualquier tipo de desarrollo urbano. Comienza ese proceso con la historia del reconocimiento del “îlot” o manzana urbana, las características de su división catastral y los distintos intentos de coordinación funcional y morfológica a partir de Haussmann, incluyendo las visiones opuestas de Robert Auzelle y Le Corbusier. Esta tensión entre el urbanismo de grands ensembles y las propuestas para transformar el îlot  en “una suerte de Palais-Royal abierto en sus lados” recorre todo el siglo XX. A fines de la década del ´60 comienza a establecerse el reconocimiento de la calle, la manzana y la parcela como elementos constitutivos del paisaje urbano parisino, y en general el respeto al tejido constituido de la ciudad, “un espacio de sedimentación con una forma construida y un valor antropológico”.

El suelo urbano, sobre el cual la mayoría de los habitantes de nuestro país, Chile, vive, circula, trabaja, estudia, es el objeto central de la planificación urbana. En la tradición española de la legislación urbanística, la ley central es la Ley del Suelo, donde se califican los suelos por su uso. En nuestro país, el suelo urbano no ha formado parte de la agenda política; incluso, el año pasado fue dejado fuera de la reforma tributaria (véase, sobre el tema, el exhaustivo artículo de P. Trivelli, “Grandes ausentes de la reforma tributaria: contribuciones y Ley de Rentas Municipales”). Sin embargo, en los primeros tres meses de 2015 apareció como un importante tema político, al demostrarse cómo el uso de mecanismos de planificación urbana lo convertían en generador de riqueza, y cómo cuando no se toman en cuenta las regulaciones y exigencias de resguardo de riesgos propios de la planificación, la vida se ve afectada. Para ejemplificar la importancia de la planificación urbana y la necesidad de una mayor regulación del mercado del suelo, en esta nota se revisa el caso Caval y el reciente desastre urbano y pérdida de vidas producto de los aluviones en el norte del país, en marzo de 2015.

La pregunta que propone Ariel Gravano, “¿cómo llegar a una visión total?”, conlleva la intención de problematizar a jóvenes intelectuales, estudiantes de antropología, no desde una pléyade de casos, sino desde las teorías, los conceptos y las categorías de la trama antropológica clásica y contemporánea. Y a ello se agregan además los incentivos propios para el desarrollo de programas de investigación, concibiendo una antropología que presta un servicio, que es útil, que prepara para el debate. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Gravano se sitúa en el hecho de reconocer que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos unas ideas, unas concepciones y una poética de la ciudad donde vivimos, orientando todo su esfuerzo intelectual en atrapar esa multiplicidad de perspectivas y actantes. La lectura nos conduce por los barrios, por las calles, hacia las bibliotecas y las aulas, por la periferia a través de una amable retórica ligada a la cuestión identitaria y al necesario gesto político. El acento antropológico en esta publicación define al fenómeno urbano como el objeto de análisis; sin embargo, el énfasis está puesto en la cotidianeidad de las personas en estas ciudades.

La Borda tiene como objetivo principal proveer de alojamiento digno y estable a las personas asociadas a partir de la creación de una promoción de viviendas en la que la el suelo y las viviendas sean propiedad colectiva y exclusiva de la cooperativa. Se trata del primer intento en la ciudad de Barcelona de llevar poner en práctica esta forma de acceso legal a vivienda no especulativa, y el proyecto tiene una fuerte base comunitaria. La toma de decisiones —desde el régimen interno y el modelo de convivencia, hasta las cuestiones energéticas y los diseños de los espacios comunes— pasa por la asamblea general, principal órgano decisorio de la cooperativa. La cooperativa está organizada en seis comisiones: arquitectura, economía, jurídica, convivencia, comunicación y secretaría. Cada una lleva sus propuestas a la asamblea general o reuniones monográficas en la que se toman las decisiones. En cierto modo, se podría afirmar que La Borda es una promotora autoorganizada para acceder a una vivienda digna. Una experiencia que se piensa a sí misma como prueba piloto, para que a medio plazo no sólo queremos levantar este proyecto, sino extender el modelo y fomentar su replicabilidad.

Un preliminar ejercicio de lectura de “las propuestas” expuestas por los candidatos de los diversos espacios políticos que se presentaron en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) porteñas revela que adolecen de la misma falta de mirada metropolitana.

Se requiere un examen cuidadoso de las oscuras entrelíneas del profuso marketing político, escaso en proposiciones escritas y estudiadas, para hallar alusiones a las cuestiones que trimestre a trimestre se ubican en la Agenda Metropolitana irresuelta del OUL-BAM. Llama la atención que la propia gestión avanza muchas veces con mayor audacia sobre temas interjurisdiccionales, encontrando formas coyunturales de cooperación, que en algunos casos alcanzaron un nivel superior de formación de institucionalidad, como sucedió con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a partir de un histórico fallo de la CSJN, o la más reciente creación de la Agencia de Transporte Metropolitana (ATM).

Una oportunidad de repasar un poco de historia y de revisitar con mis hijos los lugares donde me llevaban mis viejos cuando era chico. Para los que no son de la zona, los pongo en contexto: Martínez, localidad del partido San Isidro, tiene unos dos kilómetros de costa frente al río. Bordeándola, hay una barranca donde construyeron sus fastuosas mansiones algunas de las fortunas más ultrajantes de este país. Para los más bien modestos vecinos del Alto Martínez, esas barrancas son inaccesibles, salvo en las angostas veredas de las únicas cuatro calles que llegan hasta la costa. El único “trozo” de barranca pública en toda la localidad –el único espacio pensado para que un vecino se siente a tomar un mate a mirar el río desde cierta altura– es el Pasaje del Águila. Este es pequeño, no tiene más que el ancho de una calle y una superficie que no llega a los 2.000 metros cuadrados. Termina en un mirador, con una pequeña escalera en forma de gruta que baja a la costa. En otras épocas había un balneario –dicen que los veranos eran mucho más frescos cuando se podía nadar en el hoy infectado Río de la Plata–  y ahora un muy exclusivo club privado. 

1929. Poissy, muy cerca de París. Una amplia parcela casi cuadrada cubierta por una extensa alfombra verde de pasto tierno. En su centro, una extraña construcción geométricamente pura que parece estar suspendida sobre delgadas columnas cilíndricas. Incrédulos, nos aproximamos lentamente por entre frondosos árboles hasta enfrentarnos con ella. Surge en nuestro espíritu una leve conmoción que destruye siglos de cultura depositados en nosotros capa sobre capa. Es cuando nos preguntamos ¿por dónde accedemos? ¿Por dónde penetramos a esta forma fría y perfecta que parece expulsarnos de su inalterable condición? Presurosos, nuestros cuerpos responden al llamado de nuestros espíritus y comenzamos a trasladarnos, paso a paso, en torno a ella. Recorremos el espacio, lo vivenciamos, lo sentimos. Tal vez el pasto, húmedo por el rocío, recoja las hojas secas del invierno y crujan bajo nuestros pies. Sentimos en nuestros rostros el sol del mediodía, el mismo que rebota y reverbera en las lisas y pulidas superficies blancas de “la forma”.

Circuló por las redes una nota de opinión escrita por Adolfo Ruiz en el diario Comercio y Justicia de Córdoba, que recibió una considerable adhesión entre entendidos y neófitos. El artículo propone siete razones (bastante razonables) para NO demoler la penitenciaria desactivada del Barrio San Martin de Córdoba, ante el anuncio de demolición por parte del Estado Provincial para convertir su predio en un parque urbano de seis hectáreas. Independientemente del derrotero legal que tome el destino futuro del edificio -cabe aclarar que la justicia federal suspendió en mayo de este año su demolición a fin de ser preservada para numerosos juicios por violaciones a los derechos humanos-  aceptamos el desafío de la nota, que no pretende imponer ideas sino abrir el debate, y retrucamos con siete razones… para demolerla. Sin embargo, valga la aclaración que estas afirmaciones solo tienen sentido como parte de esa discusión.

El tiempo dirá si además tendrán efecto en lograr las respuestas necesarias desde el Estado y la sociedad; en principio, no parece probable que la energía social que insumió esta demostración se disipe sin generar resultados concretos. La movilización tuvo varios puntos destacados: fue auto-organizada, fue simultánea en casi cien ciudades, tuvo una consigna muy clara (“ni una menos”) y tras ella unos reclamos específicos muy concretos, y tuvo concurrencia desde todos los sectores sociales. En una época de pertenencias débiles y compromisos efímeros, una demanda social unificó a prácticamente toda la sociedad (salvo a algunos francotiradores a ambos lados del river/boca K/antiK, recelosos de una manifestación social que escapó a su elemental lógica binaria). Esas demandas concretas que mencionamos (“puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos”) fueron las nueve que se leyeron en los actos de cierre y en general su implementación corresponde al Estado, en sus distintos poderes y niveles.

Juramento y Ramsay (errar es humano), historias del Plan de Desarrollo Urbano panameño y el Plan de Metas cordobés, el Puerto de Buenos Aires según el Plan Estratégico y una mirada sobre las plusvalías de los parques industriales.

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